Fiscalía considera que Alan García habría defraudado los intereses del Estado

El fiscal José Domingo Pérez solicitó esta tarde impedimento de salida del país contra el ex presidente, Alan García Pérez, quien es investigado por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima (Tramos 1 y 2) luego que la empresa Odebrecht  declaró haber pagado los US$100 mil que cobró el ex mandatario durante una conferencia en Brasil, en el 2012.

Según información fiscal a la que accedió El Comercio, la documentación fue entregada el 13 de noviembre por parte de la empresa Odebrecht en el marco de la colaboración eficaz que viene realizando.

Ese es uno de los elementos que Pérez Gómez usó para sustentar el requerimiento de medida restrictiva con la que busca que el ex mandatario no abandone el país mientras duren las investigaciones que se le siguen.

Según la tesis del fiscal Pérez, a través de diversas acciones y disposiciones, Alan García “habría defraudado al Estado Peruano” al momento de adjudicarse la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico en sus tramos 1 y 2. Y ello, "se concretizó con la emisión de los decretos de urgencia".

“Siendo que para la materialización de dicho pacto colusorio, habría contado con la participación de los investigados Enrique Javier Cornejo Ramírez, en su condición de Ministro de Transportes y Comunicaciones y Oswaldo Plasencia Contreras, quien se desempeñó como asesor del Despacho Presidencial”, indica el documento de ampliación de la investigación fiscal a García.

Genaro Vélez, defensa legal de García Pérez, indicó que cualquier información que proporcionó Odebrecht, “son solo dichos y no existen pruebas en ese sentido”.

“La conferencia fue dada a un grupo de empresarios, como aquí en la Confiep. Esta le encargó a través de terceros que contrataran con Alan García para que diera esa conferencia”, aseguró el abogado.

Enfatizó en que lo único real es que García Pérez “dio una conferencia y por eso le pagaron”.

En otro momento, indicó que no existe ningún ilícito por dicho cobro pues fue realizado cuando ya no era funcionario público. “En la legislación de Brasil y Perú hay libertad de prestación de servicios”, advirtió.

Negó que exista una defraudación al Estado, como lo indica la fiscalía en sus imputaciones, por lo que defendió la legalidad del decreto de urgencia 32-2009 y otros. Aseguró que estos decretos nunca fueron cuestionados por el Congreso en su momento.

“Ese decreto de urgencia solo se dan normativas y fue como consecuencia de que la Municipalidad Metropolitana, prácticamente renunció a ejecutar la obra. El Congreso nunca cuestionó las normas y además fue una obra urgente y necesaria para el transporte masivo “, concluyó.