El equipo especial del Ministerio Público que investiga el Caso Lava Jato informó el miércoles que decidió formalizar una investigación preparatoria contra los ex representantes de empresas peruanas que formaron consorcios con la constructora brasileña Odebrecht.
De acuerdo al fiscal Hamilton Castro, jefe del citado equipo, se trata de las empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
La medida se tomó “como consecuencia de un paciente trabajo de corroboración en el marco del proceso especial del señor Jorge Enrique Simoes Barata”, señaló Castro.
Cabe recordar que en su declaración ante fiscales peruanos en enero de este año, Barata afirmó que sus socios peruanos Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. sí conocían del soborno de US$20 millones presuntamente entregado al hoy prófugo ex presidente Alejandro Toledo a fin de que el consorcio Interoceánica Sur —encabezado por la constructora brasileña y conformada por las otras compañías— se adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
“Se ha procedido el día de hoy a notificar a las partes con esta disposición de formalización de la investigación preparatoria”, acotó el fiscal Hamilton Castro. La disposición fiscal ya fue también remitida al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
La decisión comprende a José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña.
Cabe recordar que las empresas consorciadas con Odebrecht ya estaban en un proceso de investigación previo en la fiscalía, pero la pesquisa se encontraba en una etapa preliminar.
—Delitos imputados—
La disposición de ampliación de investigación preparatoria incluye la imputación de dos delitos a las personas antes mencionadas: colusión, referido a corrupción de funcionarios, y lavado de activos en agravio del Estado.
"En lo que respecta a corrupción de funcionarios, el tipo penal que se está atribuyendo es el delito de colusión, en tanto las personas incluidas en esta disposición tenían conocimiento, aceptaron el acuerdo para la asignación irregular de la obra Interoceánica”, explicó el fiscal provincial del equipo especial Sergio Jiménez.
Además, el magistrado señaló que los socios de Odebrecht tuvieron competencia en el pago de las coimas que habría recibido el ex presidente. Precisó también que el delito de colusión contempla una pena máxima de 15 años de cárcel.
Por su parte, el fiscal supraprovincial Marcial Páucar informó que en cuanto a lavado de activos, este es un proceso económico, financiero contable que busca dar apariencia de legitimidad a activos que tienen una procedencia delictiva e ilícita.
Así, explicó que en el caso del delito de lavado de activos “en el presente caso se ha identificado también operaciones que tienen esta naturaleza.
“Cuando las empresas del consorcio han repartido las utilidades es que a través de diligencias y sobre todo de una pericia elaborada por peritos altamente calificados se ha establecido que bajo un concepto denominado riesgos adicionales se habría tenido como propósito dar una apariencia de legitimidad a activos que ya tenían un vínculo, una fuente delictiva, que en este caso ha sido el delito de colusión”, agregó Páucar.
Recordó, asimismo, que la pena por lavado de activos es de 8 a 15 años de cárcel.
El anuncio del equipo especial del Ministerio Público fue difundido a través de un video en la cuenta de YouTube de la entidad, a manera de rueda de prensa. “En adelante, frente al desarrollo del trabajo del equipo especial, vamos a replicar este tipo de comunicados”, anunció finalmente el fiscal Hamilton Castro.
