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Un grupo de trece (13) generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que pasaron al retiro por decisión del actual Gobierno presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
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Se trata de los generales Orlando Velasco, Jorge Lam, Herly Rojas, José Céspedes, Luis Beltrán, Alexis Bahamonde, Oswaldo Chuquillanqui, Jesús Ríos, Lorenzo Granados, Eswin Manay, Alejandro Oviedo, Mario Arata y Carlos Guillén.
“Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116° y 117° de la Constitución Política del Estado, la presente denuncia por acusación constitucional también es interpuesta contra el Sr. Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, actual presidente constitucional de la República, en su calidad de jefe supremo de la PNP, y autor directo y responsable máximo de la decisión de la emisión de las resoluciones supremas materia de denuncia y de su materialización en nuestro directo perjuicio en franca infracción constitucional”, indica el documento enviado al presidente del grupo de trabajo, Carlos Pérez (Acción Popular).
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Sin embargo, solicita esta se reserve hasta el 29 de julio de 2021, fecha “en que debe concluir de manera ordinaria su actual mandato constitucional a título ‘transitorio’”.
La acusación incluye al ministro del Interior, José Elice; al extitular de dicho sector Rubén Vargas y al general PNP César Augusto Cervantes Cárdenas, “quien indebidamente ejerce en la actualidad el cargo de Comandante General de la PNP”.
En ella se solicita se les sancione con la “destitución por infracción constitucional e inhabilitación para el ejercicio de cargo público alguno por el tiempo que el Congreso tenga a bien determinar, en los casos que corresponda” y se comunique al Ministerio Público para “que formalice la denuncia respectiva por haber incurrido” en la infracción de los siguientes artículos:
- 118, 167 y 172 de la Constitución Política del Perú.
- 376 y 381 del Código Penal por abuso de autoridad y nombramiento o aceptación ilegal, respectivamente.
Como antecedentes, el documento menciona que el exministro del Interior Rubén Vargas sostuvo que el pase al retiro de los generales “tiene como sustento los presuntos excesos en la represión de las protestas ciudadanas contra el gobierno del expresidente Merino de Lama y actos de corrupción en la administración de la PNP, sobre cuya comisión no se ha determinado a la fecha que tengamos ninguna responsabilidad administrativa, penal o de cualquier otra índole”.
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Agregan que la resolución suprema N°094-2020-IN, con la que se designó al general Cervantes como comandante general de la PNP, “no tiene asidero jurídico en las disposiciones que regulan el orden de prelación que debe seguir el presidente de la República para proceder a dicho nombramiento”, por lo que la califican de “arbitraria”.
El pasado noviembre, el entonces ministro del Interior Rubén Vargas anunció que 18 generales de la Policía pasarían a situación de retiro tras la designación del general PNP César Cervantes Cárdenas como nuevo comandante general de la Policía Nacional.
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