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La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, negó hoy haber vulnerado la Ley General de Minería al poseer un porcentaje en una concesión minera e indicó que no existe incompatibilidad entre ello y las labores que ha cumplido en el Estado.
Omonte refirió que antes de ser accionista de la empresa Cemento Amazónico S.A.C., hizo la consulta a un estudio de abogados. Este equipo, según contó, concluyó que no existía incompatibilidad entre su función legislativa y la concesión.
Sin embargo, el artículo 31 de la Ley General de Minería señala textualmente que: “no podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos, el Presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, los Ministros de Estado y los funcionarios que tengan este rango”.
En diálogo con Radio Programas, la dirigente de Perú Posible sostuvo que una forma de demostrar que en ningún momento tuvo intención de vulnerar la ley fue la transparencia con la que abordó el tema en todo momento en el que se le consultó al respecto.
La flamante ministra añadió que la referida concesión minera todavía no tiene actividad.
SU PARTICIPACIÓN ESTÁ EN EVALUACIÓN
Además, dijo que su participación como accionista está en evaluación, debido a que se encuentra divorciada de su pareja, quien junto a sus hijos son los accionistas mayoritarios.
Según precisó, la concesión fue adquirida luego de ser elegida congresista, pero aclaró que no ha formado parte activa del diseño ni de las decisiones de la empresa.
Desmintió haber promovido leyes favorables a empresas mineras.
"Me parece sumamente malintencionado o producto del desconocimiento", enfatizó al puntualizar que sus iniciativas legislativas trataban sobre la formalización de los estudios de impacto ambiental y redistribución del canon.
"Están vinculados a los intereses de la población, no de las empresas. Si uno lee qué leyes he apoyado se verá que están al margen de los intereses de cualquier actividad minera", refirió.
Recordó también que, como congresista, no formó parte de la Comisión de Energía y Minas.
ARGUMENTO LEGAL
A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer indicó que fue el Estudio Benites, Forno & Ugaz Abogados el que hizo el estudio jurídico sobre la concesión.
Según este análisis, “el Espíritu de la Ley de Minería no es prohibir per se el ejercicio de la actividad minera por parte de los miembros del Poder Legislativo, sino únicamente que estos no se valgan de la condición privilegiada que ostentan a efectos de obtener concesiones por parte del Estado que les permitan ejercer dicha actividad, lo cual no ha incurrido en el presente caso”.
El estudio de abogados agregó que “el ser titular del 10% de las acciones de la Sociedad minera, no se encontraría incursa en causal de incompatibilidad alguna, toda vez que no cuenta con la calidad de accionista mayoritaria en una empresa titular de una concesión del Estado; ni esa empresa ha adquirido el derecho minero del Estado”.
Anoche “Panorama” reveló que Omonte tiene participación como accionista de Cemento Amazónico S.A.C, a la que se le otorgó una concesión minera en Huánuco.
