Coronavirus: Las idas y vueltas del Gobierno de Vizcarra bajo análisis

La gestión de la crisis por la pandemia ha producido varios traspiés en las decisiones del Ejecutivo. La última de ellas ha sido la rectificación de la medida que hacia obligatorio el uso de guantes para ingresar a bancos y mercados.

La disposición había sido adoptada a través del decreto supremo que ampliaba el estado de emergencia, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado el domingo en el diario El Peruano. Pero fue revocada a través de una fe de erratas, publicado ayer lunes, luego de que el primer ministro Vicente Zeballos afirmara que esta medida estaba en evaluación.

La Organización Mundial de la Salud señala que el uso de guantes de goma no era una forma eficaz de prevenir la infección por el nuevo coronavirus. “Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede causar la infección”, señalan.

Además, en la fe de erratas hicieron otra corrección: revocar la nueva disposición que estipulaba que la distancia entre las personas en dichos establecimientos debía ser de dos metros. La distancia aceptada será de un metro, la mínima recomendada por la OMS.

Los analistas consultados por este Diario coinciden en que las marchas y contramarchas del Ejecutivo se deben a factores diferentes. Para la politóloga Maria Alejandra Campos, el caso de los guantes es un error técnico. “Esto no era información confidencial, sino público, y ahí el problema es de descoordinación. El que redactó la norma no era alguien informado”, señala.

Jeffrey Radzinsky, analista político y director del grupo Fides Perú, señala que, en un primer nivel, se cometen errores por falta de rigor y diligencia para normar, no pasan los filtros correspondientes. Considera que la crisis sanitaria agrava esta situación, pues se tiene que tomar decisiones más rápido.

Mientras, Omar Awapara, director académico de Ciencias Políticas en la UPC, señala que el Ejecutivo ha tenido la capacidad de darse cuenta que habían medidas que no funcionaban, pero que la forma en la que se corrigieron revela torpeza.

Los problemas de la danza

Awapara resalta que conforme el Estado peruano afrontó la pandemia ha seguido el modelo implementado en el resto del mundo, pero tuvo problemas al adaptar ciertas medidas. “La ventaja del martillazo es que no es una política muy fina, pero cuando tienes que afinar ciertos detalles [en la danza] tienes que adaptarte más a la realidad local y hay menos referentes”, indica.

Para él, en las decisiones en las que se dio marcha atrás también hubo influencia de grupos de presión. “Sin ninguna carga ideológica, cuando se ha escuchado en el caso de los guantes o del Índice de Masa Corporal, se ha intentado ser más flexible o atento a las necesidades de ciertos grupos, o [se ha tomado la decisión] encarando la evidencia”, dice el politólogo.

En tanto, Campos señala que la dinámica institucional del país es muy mercantilista, lo cual evita tener interlocutores válidos para diseñar políticas públicas. “La línea entre el lobby y el expertise de las empresas es bien delgada; lo mismo para el Colegio Médico, entre el expertise técnico y el interés político. El gobierno tiene que tener mucha muñeca para saber hasta dónde llegar con uno u otro grupo”, indica.

Sobrepeso y edad máxima

El sector que lidera el ministro Víctor Zamora también retrocedió en una disposición emitida para que los trabajadores con sobrepeso mantengan la cuarentena domiciliaria. El 29 de abril, el Ministerio de Salud emitió la resolución ministerial 239-2020, en el que incluían a las personas con más de 60 años y a las que tengan obesidad con un Índice de Masa Corporal (IMC) igual a 30 o más, entre otros, en el grupo con factor de riesgo. Señalaban que ellos debían mantener la cuarentena domiciliaria.

En reacción a ello, los gremios empresariales solicitaron que se reconsidere la medida, pues, por ejemplo, el 31% de la fuerza laboral del puerto del Callao no podría trabajar. Según datos del Instituto Nacional de Salud al 2019, la población con obesidad alcanza al 69,9% de peruanos adultos.

Una semana después, el Minsa modificó los lineamientos para establecer que solo los trabajadores con obesidad con IMC de 40 a más tendrán que permanecer en cuarentena.

Además, en el decreto que prorroga el estado de emergencia, se modificó la edad para integrar el grupo de riesgo: ahora será a partir de los 65 años. La Sociedad Nacional de Industrias había planteado que esta sea la edad a partir de la cual se considere a los trabajadores como población vulnerable, pues hay 413 mil personas mayores de 60 años que trabajan en el sector formal.

Los que integren el grupo de riesgo podrán concurrir a trabajar si suscriben una declaración jurada en la que asuman la responsabilidad voluntaria.

Campos señala que este error está motivado por las descoordinaciones entre las instituciones del país. “Hubo una falta de comunicación con el sector privado, desde la micro hasta la gran empresa (…) No se vio la composición de la masa laboral en el país, sino se tomó una decisión de escritorio que no se adaptaba a la realidad”, indica.

Además, para ella, la forma en la que el Ministerio de la Producción está generando los protocolos no ha sido articulada de tal forma que las empresas puedan cumplirlos.

Pico y género

Para Radzinksy, otro grupo de errores se produce porque se norma sin convencimiento y se tienen que corregir sobre la marcha. “Todos los países han tenido marchas y contramarchas porque se ha ido descubriendo y redescubriendo en el camino. El asunto que resulta clave es la celeridad para corregir”, sostiene.

El pico y género fue la medida que causó más polémica durante la emergencia sanitaria. En abril, el Ejecutivo, con asesoría del comando de operaciones COVID-19, emitió la disposición de restringir el tránsito de hombres y de mujeres por días. Como consecuencia, lo que se vio en mercados, supermercados y otros centros de abasto fue grandes aglomeraciones los días de salida de mujeres.

Dos semanas después, la norma fue revocada. El economista Farid Matuk, integrante del comando COVID-19, asumió la responsabilidad. “Por un exceso de igualdad me equivoqué, por un rechazo al patriarcado dije que debía haber igualdad. La solución debió haber sido cuatro días para mujeres y dos días para hombres”, dijo.

En lugar de esta medida, el presidente Martín Vizcarra reforzó en sus mensajes que solo debía salir una persona por familia para hacer las compras y trámites necesarios.

La politóloga Campos señala que esta medida tuvo un error de diseño en la que faltó una mirada social.

Cambios en los horarios

En la primera semana de la cuarentena, el gobierno de Martín Vizcarra dictó la inamovilización social entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Pero a fines de marzo se hizo una modificación para que empiece a partir de las 6 de la tarde. Con ello, muchos servicios esenciales redujeron sus horario de atención para que sus trabajadores puedan retornar a casa.

Esta medida fue nuevamente modificada la semana pasada. A partir de esta semana, la inamovilización social volverá a ser a partir de las 8 de la noche, a excepción de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto.

Atención de urgencia

Durante los primeros días de la cuarentena, se emitió el Plan nacional de reforzamiento de los servicios de salud y contención del COVID-19, durante la gestión de Elizabeth Hinostroza. Allí se establecía que el servicio de salud en el primer nivel de atención solo se prestaría a pacientes con infecciones respiratorias agudas, y otros cuadros clínicos que se presenten de acuerdo a su capacidad resolutiva.

Un mes después, el Ministerio de Salud derogó esa disposición, pues limitaba la atención para pacientes de otras enfermedades.

En términos generales, Awapara señala que el Estado tuvo una buena respuesta en los temas en los que el Perú fue exitoso en los últimos 30 años –manejo fiscal prudente y tener reservas–, pero al llevar a cabo políticas públicas más definidas, con intervención de sectores, hubo más problemas, y menos decisión y autoridad del Gobierno.

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