Critican decreto que crea Procuraduría General del Estado

El Gobierno, usando las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, promulgó la semana pasada el Decreto Legislativo 1326, que crea la Procuraduría General del Estado, un organismo público técnico especializado que reestructura el Sistema de Defensa Jurídica. En otras palabras, el Ejecutivo reformó la manera del Estado de defenderse.

De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, los procuradores son los encargados de ejercer la defensa jurídica del Estado. Hasta ahora, eran designados por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), que fue creado también mediante el uso de facultades legislativas en el 2008, durante el gobierno del ex presidente Alan García. Bajo ese marco legal, el ministro de Justicia era quien ejercía la presidencia de dicho consejo.

Sin embargo, con la llegada al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, delegó esa función a Julia Príncipe, ex procuradora especializada en lavado de activos, a quien separaron de ese cargo durante el gobierno de Ollanta Humala.  

El jueves último, al presentarse ante la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar este y otros decretos, Pérez Tello explicó que la creación de la procuraduría general se daba para “revestir de legalidad” la decisión que tomó con el nombramiento de Príncipe. Además, remarcó que se trata de una medida “absolutamente temporal” hasta que el Congreso, mediante una reforma constitucional, apruebe la creación de la Procuraduría General de la República como un ente constitucional autónomo, tal como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Aunque aún no se ha anunciado quién será el procurador general, Julia Príncipe señaló esta semana que el organismo público “garantiza plenamente la autonomía y la independencia de los procuradores públicos”. “Además de ello, este órgano va a regular, supervisar, orientar y articular el trabajo de todos los procuradores y va a dictar lineamientos para que estos ejerzan una adecuada defensa de los intereses del Estado”, dijo.

Este Diario comparó el decreto que crea la procuraduría general con la norma que formó el CDJE. Una similaridad es que los titulares de ambos organismos son designados por el presidente de la República. Al respecto, la ex procuradora dijo que ello responde a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Sobre el cargo de procurador público, existen algunas diferencias con la normativa anterior. Estos serán designados por el procurador general y se han aumentado los requisitos para ocupar el cargo: ahora serán ocho y no cinco los años que deben haber ejercido el derecho y, además, no deberán tener antecedentes policiales, penales ni judiciales.

—“Un maquillaje”—
La Comisión de Constitución, presidida por el congresista Miguel Torres (Fuerza Popular), es la encargada de revisar la constitucionalidad de los decretos emitidos por el Gobierno. En diálogo con este Diario, Torres sostuvo que la creación de la procuraduría general es “una medida adecuada, como medida temporal”.

Sin embargo, para Úrsula Letona (Fuerza Popular), quien encabezará el grupo de trabajo que revisará cada uno de los decretos, esta norma “ha sido un maquillaje”. En diálogo con El Comercio, sostuvo que el Gobierno pudo, en vez de mantener la facultad de elegir al procurador general, “encargar el proceso al CNM o formar una comisión que determine la idoneidad de un procurador independiente”. “Han preferido mantener el mismo esquema en el que al procurador se le designa a dedo”, objetó.

Pese a la crítica, Letona considera que Julia Príncipe es la persona idónea para ocupar el cargo de procuradora general, pues garantiza que esto “va a ser bien conducido”. “La hemos visto incluso señalar al propio presidente en las investigaciones de Odebrecht, con lo cual la autonomía en este caso está garantizada”, dijo.

Más reacia se mostró la congresista Yeni Vilcatoma. La ex procuradora adjunta  anticorrupción sostiene que Julia Príncipe es actualmente una funcionaria del Gobierno y que, por ello, “ya no tiene la libertad para actuar con autonomía necesaria”. “En tanto no exista un concurso público que dé a conocer que ese procurador tiene la capacitación y la experiencia y que reúne los requisitos e idoneidad del cargo, ¿cómo garantizar autonomía?”, acotó.

—Otras opiniones—
El presidente del CNM, Guido Aguila, también opinó en contra del decreto 1326. Advirtió que la atribución del presidente para elegir al procurador general trae el riesgo de politizar la defensa del Estado. “No logro distinguir cuál es el cambio en esta propuesta. [...] Hemos dado varios pasos, pero estamos en el mismo lugar”, dijo a este Diario.

El ex procurador anticorrupción Iván Montoya consideró que el Ejecutivo “pudo haber tenido algunas disposiciones que mejoren un poco esa autonomía funcional” de los procuradores, pero explicó que los efectos de esta decisión se verán en el camino. “Si se cambia a la ministra cuando el Gobierno está en aprietos con algún investigado de alto nivel y Príncipe realiza un trabajo independiente, ahí veremos resultados”, dijo.

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