Critican propuestas del Ejecutivo para legislar en seguridad
Critican propuestas del Ejecutivo para legislar en seguridad
Gerardo Caballero
Gerardo Caballero

A las 11:30 de la noche del lunes, llegó al Congreso el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita facultades para legislar durante 120 días sobre seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Algunos congresistas de oposición señalaron que, en sus tres artículos, el proyecto solo plantea generalidades. Sin embargo, la revisión de la exposición de motivos arroja más luces sobre lo que pretende el Poder Ejecutivo.

1. Regular el derecho al silencio.
El Gobierno busca evitar una historia que los peruanos vemos repetirse: los policías capturan a miembros de bandas criminales y unos días después son puestos en libertad porque se niegan a declarar ante las autoridades. Así, el Ejecutivo busca regular el derecho al silencio de los detenidos. Sin embargo, el abogado penalista Carlos Caro Coria cuestiona esta pretensión. “Desde el punto de vista constitucional, toda persona tiene derecho a guardar silencio. Ahí no existe un vacío legal”, dijo a este Diario, y recordó que la jurisprudencia y el señalan que el silencio no puede ser utilizado como indicio de responsabilidad.

2. Una aplicación efectiva del delito de prevaricato.
El proyecto del Ejecutivo también plantea modificar la aplicación del delito de prevaricato que se aplica para jueces o fiscales. Para Caro Coria, el problema no está en el Código Penal, sino en la Fiscalía Suprema de Control Interno, que por ley es el órgano encargado de denunciar este ilícito: “Hemos visto ahí a personajes que ponen muchas trabas. Todos los días hay jueces y fiscales prevaricadores, pero sabemos que no les va a pasar nada. Es necesaria mayor transparencia”.

3. Potenciar la supervisión de vehículos menores.
El Ejecutivo pretende con esto vigilar el uso de motocicletas que, por su maniobrabilidad, son usadas para robos y asesinatos por encargo. Para Ricardo Valdés, investigador en temas de seguridad ciudadana, este control ya existe, pero no se hace cumplir. “Todo vehículo debe estar en un registro, necesita una placa. Quien lo maneja debe tener una licencia, para lo cual rinde un examen. El problema es la informalidad”, asegura.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.

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