Dina Boluarte y los 10 momentos que marcaron su primer año en el poder

El 25 de noviembre, tras el ingreso de Betssy Chávez a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Dina Boluarte, entonces primera vicepresidenta de la República, dejaba por primera vez el Gabinete Ministerial. Había estado al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) durante casi todo el gobierno de Pedro Castillo, a quien no cuestionó en público sobre los presuntos actos de corrupción de su mandato hasta su caída.

Tras el golpe de Estado perpetrado por Castillo y su posterior vacancia, Boluarte Zegarra se convirtió en la primera mujer en llegar a Palacio de Gobierno. En su primer mensaje a la Nación ante el Congreso juró “por Dios, la patria y todos los peruanos” ejercer “fielmente el cargo de presidenta hasta el 2026″. Esta frase-que fue para cumplir el protocolo, de acuerdo a voceros del Ejecutivo en ese momento- marcó el primer tramo del nuevo gobierno.

Durante su discurso, la jefa de Estado destacó que las FF.AA. y la Policía Nacional fueron “fundamentales” para mantener la democracia, relató que vio “con repulsión” cómo se dieron cuenta de “vergonzosos actos de latrocinio” en el mandato de Castillo (aunque estuvo a su lado hasta la penúltima semana de noviembre de 2022), y le pidió una “tregua” al Parlamento.

Incluso, ese mismo día recibió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con quien ha marcado distancia en los últimos días. 

A solo nueve días después de haber jurado como presidenta, Boluarte ya tenía una grave crisis encima: 18 ciudadanos habían muerto en medio de enfrentamientos con las fuerzas del orden en diferentes regiones del país en las protestas que exigían un adelanto de las elecciones generales, y los entonces ministros Jair Pérez (Cultura) y Patricia Correa (Educación) renunciaron a raíz de los decesos.

Pérez y Correa, en diferentes cartas, condenaron “la violencia de Estado” y exhortaron a evaluar salidas “democráticas”.

El 16 de diciembre, horas antes de estas dimisiones, ocho ciudadanos fallecieron en Ayacucho.

Dos días después, y con más de 20 fallecidos en el país, Boluarte anunció en “Cuarto Poder” la salida del primer ministro, Pedro Angulo, reconociendo que ella había designado “a un Gabinete técnico” cuando la situación del país requería de “uno un poco más político”.

Angulo, en una entrevista con El Comercio el 11 de diciembre, dijo que “desgraciadamente, nosotros tenemos antecedentes que a veces entre los mismos que se están alzando, ellos mismos disparan, ellos mismos han sacrificado gente con tal de hacer un daño de sangre para tratar de desprestigiar [al gobierno], desgraciadamente a esos niveles llegamos”.

Esto al ser consultado sobre los primeros reportes de muertes en las protestas que se dieron en Apurímac, la región de Boluarte. 

Recién el 21 de diciembre, la presidenta Boluarte nombró a Otárola como nuevo primer ministro. Su designación generó opiniones divididas, desde el Congreso un sector la saludo, pero otro la cuestionó, porque el abogado fue ministro de Defensa cuando se dieron las muertes en Ayacucho bajo la intervención de las Fuerzas Armadas.

Antes de concluir el 2022, el nuevo jefe de Gabinete Ministerial refirió, en una entrevista con este Diario, que “la etapa más dura ha pasado”, en clara referencia a las protestas.

“El Perú ha estado al borde de un abismo institucional. Esta actitud concertada- azuzada por intereses oscuros, que provienen de sectores golpistas, autoritarios, pero también del narcotráfico y de la minería ilegal- tenía como objetivo común acabar con el sistema democrático y con nuestro modelo político”, subrayó.

No obstante, una vez pasadas las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, las marchas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso se reactivaron. El 9 de enero, un día antes de la presentación del Gabinete ante el Parlamento en busca del voto de confianza, en Juliaca (Puno) al menos 17 personas fallecieron (entre ellas dos menores de edad) y 73 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía Nacional en las inmediaciones del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac.

Después de este lamentable hecho, entre enero y febrero últimos, otros nueve ciudadanos de Cusco, Puno, Arequipa, La Libertad, Apurímac y Lima murieron. También en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, las protestas contra la administración Boluarte y el Poder Legislativo, exigiendo un adelanto de elecciones generales, dejó 48 civiles muertos en enfrentamientos, 11 civiles fallecidos por accidentes de tránsito y hechos relacionados a los bloqueos y siete miembros de las fuerzas del orden (un policía y seis militares) muertos en el “contexto del conflicto”.

En medio de esta segunda etapa de las protestas, ya con Otárola en la PCM, Boluarte brindó una conferencia de prensa, el 24 de enero pasado, donde reiteró que no renunciaría y pidió una tregua para entablar un proceso de diálogo. Pero también dijo, sin contar con pruebas, que la mayoría de muertes en Juliaca fueron producidas “por impacto de un arma artesanal denominado dum-dum, que la Policía no usa”. La etapa “más dura” estuvo lejos de haber pasado. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, en mayo, su informe sobre lo ocurrido en el Perú durante las protestas contra el gobierno y el Congreso. Este trabajo se realizó tras la visita de una delegación al país en enero, donde sostuvo reuniones con autoridades, organizaciones civiles y familias de las víctimas.

Una de las conclusiones del documento es que hubo un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” y “graves violaciones a los derechos humanos”. En el caso de Ayacucho, se advirtió que “las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” y que “podrían calificarse como una masacre”.

También recomendó que estas graves violaciones de derechos humanos deben ser “investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos” y “juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales. Todo dentro de un “plazo razonable”.

El informe también remarcó que el expresidente Castillo, el 7 de diciembre con el golpe de Estado, “tomó la decisión, por fuera de los procedimientos constitucionales, de disolver el Congreso de la República e intervenir en el Poder Judicial y el Ministerio Público con el fin de reorganizarlos. Asimismo, anunció su decisión de gobernar por decreto”.

En respuesta, Boluarte, en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, refirió que el documento de la CIDH usa el condicional para referirse a las acciones de las FF.AA. y de la Policía Nacional contra los manifestantes. “No afirma que hubo violación a los derechos humanos, dice en el carácter condicional ‘habría’, y eso se va a investigar”, expresó.

A su turno, Otárola, quien entonces pasaba por un cuadro de Covid-19, criticó que “con solo algunas entrevistas y dos visitas al Perú”, la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza. 

Aunque inicialmente, la presidenta Boluarte se mostraba renuente a sentar una posición sobre un adelanto de elecciones, tras las primeras muertes en las protestas, el 12 de diciembre de 2022 su administración presentó un proyecto ante el Congreso para ir a comicios en abril de 2024. No obstante, entre idas y vueltas del Parlamento, esta iniciativa se fue diluyendo.

Durante la etapa más álgida de las manifestaciones, entre diciembre del año pasado y marzo último, la jefa de Estado exhortó, en diferentes momentos, al Parlamento a aprobar ir a las urnas de manera adelantada.

“Exijo se reconsidere la votación del adelanto de elecciones. No vengan con pretextos inoficiosos pretendiéndose quedar hasta el 2026. No todos, claro. Hay un grupo, por eso digo, la abstención es un disfraz. Decida y que el pueblo los conozca quiénes se quieren ir y quiénes se quieren quedar. Sean sinceros con el pueblo”, manifestó el 17 de diciembre pasado. Esto luego de que el pleno no alcanzará los votos para aprobar su propuesta.

Y a fines de enero, volvió a emplazar al Poder Legislativo: “congresistas, tienen que entender su responsabilidad histórica […]. Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad: ‘nos vamos todos”, les instó enérgicamente. Incluso le puso fecha tentativa al proceso electoral. “La primera vuelta debería ser el segundo domingo de octubre, y la segunda vuelta, en diciembre”.

En febrero, la ex titular del MIDIS respaldó la propuesta de Fuerza Popular para que las elecciones sean en el 2023.

No obstante, cuando finalmente la propuesta fue enviada al archivo, no cuestionó y cambió otra vez de postura.

A mediados de junio, en declaraciones a la prensa fuera de Palacio de Gobierno, afirmó que el adelanto de elecciones era un tema “cerrado”.

“La prensa en general sabe que ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de derecho, a la democracia y a la Constitución, hasta julio del 2026″, subrayó. 

Entre diciembre del año pasado y mayo último, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció en 184 oportunidades sobre la crisis política y social en el Perú, según la empresa SPIN-TCP. La mayoría de estas intervenciones se centraron en una defensa cerrada a Castillo Terrones y a acusar a Boluarte de “usurpadora”.

Durante sus llamadas conferencias “mañaneras”, AMLO repitió una serie de mentiras, como cuando sostuvo que el maestro había sido víctima de “un golpe del conservadurismo”, cuando la OEA y la ONU ya había condenado la ruptura del orden democrático que el exmandatario peruano intentó el 7 de diciembre. Ese día, en un mensaje a la Nación televisado, ordenó la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros.

López Obrador se negó a traspasar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico al Perú. Recién en agosto, Torre Tagle logró la transferencia gracias la intermediación de Chile.

Otro mandatario de América Latina que se sumó de manera constante a esta narrativa fue el colombiano Gustavo Petro, quien sostuvo falsamente que Castillo Terrones e encontraba detenido “sin sentencia de juez penal”, cuando las dos órdenes de prisión preventiva en contra del expresidente peruano han sido ratificadas por la Corte Suprema.

Boluarte, en réplica a los ataques de AMLO, lamentó, en mayo pasado, que este represente “mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”,

En febrero, la presidenta también dirigió sus críticas a Petro, al exhortarlo a dedicarse a gobernar Colombia, “que también sus calles se están llenando de protestas y nos deje a nosotros los peruanos resolver las nuestras”.

En el plano internacional Boluarte ha realizado cinco viajes al extranjero, luego de que el Congreso aprobara la norma que le permite ejercer la Presidencia de manera remota. Precisamente, a inicios de noviembre, cuando viajó a Washington para la APEP, se produjo un incidente, al no lograr reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pesar de que la cancillería había asegurado que esta cita estaba en agenda.

Esto provocó que Ana Cecilia Gervasi renuncie al Ministerio de RR.EE. ante una inminente censura.

Boluarte no solo afronta una investigación en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de las muertes en las protestas al inicio de su mandato, sino también en este año ha acumulado otras tres pesquisas: dos por plagios y la restante por lavado de activos. Esta última por el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de segunda vuelta del partido político Perú Libre en el 2021.

Sobre las pesquisas por plagio, estas tienen relación a los libros “El Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y “Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú”. En el primero, de acuerdo a “Punto Final”, 55% de contenido que no fue citado.

Respecto a la primera publicación, la presidente refirió que el texto tenía un “carácter monográfico” y que “nunca” se tuvo la intención de que se convierta en “un libro”. “Y prueba de ello es no se comercializó y no se ofreció al público”, complementó.

También señaló que su participación en el libro, que tiene a ocho coautores, fue solamente el de “compilar las normas legales mínimas y no se contravino a las normas de ese entonces”.

A inicios de setiembre, Otárola afirmó que en el Perú no se iba a aplicar el Plan Bukele (en referencia al presidente de El Salvador), “sino el Plan Boluarte, que consiste en hacer lo que mejor han hecho otros gobiernos” para enfrentar la ola de criminalidad que azota el país. No obstante, a tres meses de este anuncio la ciudadanía no ve avances.

Por ejemplo, a mediados de noviembre, nueve de cada diez peruanos señalaron que no sienten que el estado de emergencia decretado por el gobierno haya tenido algún efecto en los altos índices de delincuencia que se vienen registrando en el Perú, según reveló una encuesta realizada por Datum Internacional para El Comercio.

Un 94% de los encuestados en todo el país cree que no hubo ningún cambio con esta medida, promulgada por el Ejecutivo el 19 de setiembre pasado en algunos distritos de Lima y provincia; mientras que apenas un 5% cree que ello sí ayudó y que se viene reduciendo la delincuencia.

A raíz de la improvisación del llamado “Plan Boluarte”, el Parlamento destituyó a Vicente Romero, ministro del Interior. Fue el primer integrante del Gabinete Ministerial en el mandato de Boluarte que cayó por una censura.

Otro los hitos (en negativo) del actual gobierno se dio a fines de octubre, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, reconoció que la economía peruana se encuentra en recesión.

“En ningún momento hemos subestimado la situación, era básicamente una discusión muy academicista, que reconocimos en su momento innecesaria, pero la situación es completamente difícil. [...] Es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda, y lo que queremos es salir de esta recesión con el crédito suplementario”, expresó a la prensa, al ingresar al Congreso.

Tres semanas después de este anuncio, la presidenta alcanzó su índice más bajo de popularidad y su mayor nivel de rechazo en lo que va de su gestión: 11% y 84%, respectivamente, de acuerdo a Datum Internacional. 

Después de que “Cuarto Poder” revelara que la localidad de Nanchoc, en Cajamarca, recibiera una partida presupuestal de S/20 millones para obras, tras una reunión entre el alcalde del referido distrito, Nixon Hoyos, con Nicanor Boluarte en su casa por motivo de su cumpleaños, el Ministerio Público decidió abrirles a ambos y otros una investigación por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La presidenta no se ha mantenido al margen de esta denuncia y ha salido a respaldar a su hermano, al sostener que él “está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana”.

“Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones [de soles]. Que se investigue, para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar y seguramente lo van a hacer, pero, así como estoy parada frente a ustedes y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que le han querido inventar”, remarcó, visiblemente molesta.

Además, Nicanor Boluarte- de acuerdo a la Unidad de Investigación de El Comercio- ha utilizado a prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales para la formación de su partido político Ciudadanos por el Perú. Antes de asumir la Presidencia, su hermana, Dina, participó en uno de los conclaves de esta agrupación.

A pesar de que un testigo señala que allegados al “hermanísimo” solicitaban dinero para el partido a cambio de nombramientos en las prefecturas, los implicados aún trabajan para el Estado.

Nicanor Boluarte también ha sido sindicado como un asesor en la sombra de su hermana y puesto como protagonista de una lucha de poderes con Otárola.

En declaraciones a “Contracorriente”, de Willax TV, el “hermanísimo” refirió que la presidenta tiene “personalidad propia” y capacidad para tomar decisiones. Agregó que sí le sugiere “ideas” a su hermana “en política”. “A veces le digo: te estás sobreexponiendo con la prensa, perfil bajo, no des muchas entrevistas, ya has declarado bastante. Me hace caso o no, depende de ella. Esas cosas conversamos, más allá no”, sostuvo.

Después de que Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) detuviera a su principal asesor y revela que la fiscal de la Nación, Patricia, presuntamente encabeza una red criminal dentro del Ministerio Público, esta y la presidenta Dina Boluarte se acusaron mutuamente de realizar maniobras políticas para injerir en las investigaciones que las comprometen.

Ambas se pronunciaron el lunes 27 de noviembre. Boluarte desde Palacio de Gobierno, rodeada por los integrantes del Gabinete Ministerial, mientras que Benavides desde el Ministerio Público, acompañada por fiscales provisionales, adjuntos y solo dos fiscales superiores, Marena Mendoza y Karina Quineche.

Durante su discurso, la fiscal de la Nación, quien no marcó distancia de Jaime Villanueva, su asesor detenido, dijo que no se amedrenta ante “represalias” y que actuará con celeridad en los casos que tiene a su cargo. E informó que había presentado una denuncia constitucional contra la jefa de Estado, el primer ministro, Alberto Otárola, y otros integrantes del Ejecutivo por los fallecidos en las protestas antigubernamentales realizadas entre diciembre y marzo pasado.

En documento presentado ante el Congreso, al que El Comercio tuvo acceso, Benavides acusa a Boluarte por omisión en homicidio calificado y lesiones graves “en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos” en agravio de cinco de los 49 fallecidos en los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

De acuerdo a la acusación, de 165 páginas, Boluarte “en su condición de presidenta de la República” habría recibido información oficial y a través de los medios de comunicación sobre el desarrollo de las protestas, “en el sentido de que el personal policial y militar venía utilizando armas de fuego contra la población”. Asimismo, que estos hicieron “un uso desproporcionado y letal de sus fuerzas y las armas.

La mandataria, agrega la denuncia constitucional, “a pesar del deber de garante que tenía y de su posición de dominio sobre las fuerzas del orden, habría omitido disponer medida alguna para controlar y evitar que continúen produciéndose las muertes de ciudadanos”.

Desde el Ejecutivo, Boluarte y Otárola ha minimizado la acusación presentada por Benavides al recordar que hace apenas unas semanas, la fiscal de la Nación había ampliado por ocho meses las pesquisas sobre las muertes en las protestas. Entonces, justificó esta medida porque solo se había avanzado en un 20% de las diligencias y faltaba tomar la declaración de 300 testigos.

Boluarte, el 29 de noviembre, le puso punto final a su aparente cercanía a la titular del Ministerio Público al sostener que Benavides “ha perdido objetividad” para “continuar en el cargo”.