Jorge Prado Palomino es ministro de la Producción desde el pasado 7 de febrero. (Foto: PCM)
Jorge Prado Palomino es ministro de la Producción desde el pasado 7 de febrero. (Foto: PCM)
Redacción EC

El Ministerio de la Producción concedió el beneficio de defensa legal al titular de dicha cartera, , quien afronta una investigación en la Fiscalía de la Nación por los contratos a favor de su sobrino Edwin Chávez Prado, pese a estar impedido por ley.

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Según la Resolución Secretarial Nº 00043-2022-PRODUCE, se dispuso que la Oficina General de Administración de dicho portafolio adopte las acciones previstas para tal fin, basadas en la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”.

“Disponer que el beneficio de defensa legal otorgado a través de la presente Resolución, se circunscriba estrictamente a la disponibilidad presupuestal con la que cuente el Ministerio de la Producción para dichos fines, y conforme a las normas vigentes”, señala la norma.

Edwin Chávez Palomino no registra experiencia anterior en el Estado. Su Registro Nacional de Proveedores del Estado lo tramitó y se lo expidieron el 16 de febrero pasado, el mismo día que obtuvo su primera orden de servicio en el Produce.

Según reveló “Punto final”, Chávez, quien es hijo de la hermana del ministro, cobró S/ 21.000 por una orden de servicio sobre el “fortalecimiento organizacional en actividades productivas”, la cual desarrolló de forma remota en la región Ica.

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Posteriormente, el contrato a favor del familiar del miembro del Poder Ejecutivo fue renovado el pasado 30 de mayo por otros S/ 21.000.

De acuerdo con el citado dominical, el nombre de Edwin Chávez se hizo frecuente desde febrero en reuniones virtuales del ministerio, en las que se presentaba como coordinador regional de esa cartera en la región Ica.

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Tras la denuncia, el pasado 19 de julio la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar una investigación preliminar al ministro por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública - Negociación Incompatible, en agravio del Estado.

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