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La arenga para hacer causa común entre poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la lanzó Gustavo Adrianzén en conferencia de prensa el 4 de julio. La carta que conocimos en la noche del lunes pasado contra la Corte IDH, firmada por Dina y Alejandro Soto, es la consecuencia de su arenga. En el camino, se bajó el PJ (Javier Arévalo, presidente del PJ ha dicho que comparte la indignación pero no es necesario que se pronuncie, pues ya lo hará cada juez cuando tenga que resolver una causa). Con las dos firmas estampadas, ya es bastante.
El argumento central es el de Gustavo: deplorar la impertinencia de la Corte IDH, ‘sin precedentes’ (sic), de pedir que se detenga un trámite que aún no concluye. Una cosa es manifestarse ante una ley promulgada —sigo la argumentación de Palacio y Congreso— pero pedir al gobierno que detenga un proceso parlamentario es demasiado.
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Conversé para esta crónica con Diego García Sayán, ex presidente de la Corte IDH, y le pregunté si, en efecto, era un paso aventurado de los jueces internacionales pedir que se suspenda un trámite legislativo nacional. “No veo contradicción con que se pida detener algo que se advierte que va manifiestamente contra su ordenamiento y sus principios, es mejor hacerlo antes de que esté promulgada, es algo preventivo”. Pedí a la oficina de prensa de la Corte que me ayudaran a confirmar si nuestro primer ministro tenía razón, pero no tuve suerte. Hasta que consulté a Julissa Mantilla, peruana, ex presidente de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y ella sí tuvo respuesta.
Sí hay precedentes
Mantilla me dio las referencias de dos casos que no dejan lugar a dudas de que la Corte pidió suspender trámites legislativos y fue acatada. Veamos la Resolución del 20 de octubre del 2023, que supervisa y dicta medidas provisionales sobre el Caso de los Miembros de la Aldea Chichupac en Guatemala. Resulta que en el congreso guatemalteco se ventilaba un proyecto de ley de amnistía para los agentes del estado que habían cometido desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes considerados de lesa humanidad, y que afectaron a habitantes de Chichupac y otros pueblos. Una resolución previa, de marzo del 2023, pidió detener el trámite de esa ley y lo logró. Lo dice el primer punto de la resolución de octubre: “Reconocer que el Estado ha procedido a archivar la iniciativa de Ley 5377 que pretendía conceder una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, lo cual le fue requerido en la resolución de medidas provisionales dictada por esta corte el 12 de marzo de 2019″.
El término ‘conflicto armado interno’ es parte del lenguaje jurídico de la Corte IDH y de otras instancias multilaterales. El otro caso referido por Mantilla, es de El Salvador pre Bukele. Se trata de una Resolución del 28 de mayo del 2019 con medidas urgentes y de supervisión del Caso Masacre de El Mozote, ocurrida en 1981. El primer punto resolutivo dice: “Requerir al Estado de El Salvador (…), que, para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del Caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños, suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ‘Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional’ que se encuentra actualmente en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa”. Esta resolución se dictó días antes de la juramentación de Nayib Bukele quien, en principio apoyó que la ley no se aprobara, aunque luego ha validado las versiones militares sobre la pérdida de los archivos que permitirían identificar a los responsables de masacrar a más de 900 civiles, de los que más de la mitad eran menores de edad.
Salvando distancias y contextos, aquí tenemos la Resolución del 13 de Junio de supervisión y medidas provisionales del Caso Barrios Altos y La Cantuta, que pide suspender “inmediatamente el trámite” del proyecto de ley que (ahora ley en espera de ser promulgada). Y tenemos a un gobierno que hace causa común con el Congreso para rechazar la intromisión de la Corte en un trámite que no concluye. García Sayán va más allá: “Esta carta, en realidad, está delatando que el gobierno no quiere contrariar al Congreso, con el que tiene un pacto corrupto bajo la mesa, y la cancillería está en el mismo juego”. El gobierno aún no ha tomado posición sobre el fondo de la ley, le recuerdo a Diego. “Este pareciera ser el preámbulo de que el gobierno va a abrazar la misma posición del Congreso, pero esperemos que recapacite”.
Arévalo dijo que la Corte IDH “no puede ordenarle a un poder del estado que no haga algo”, pero esa frase genérica choca con el sentido de las convenciones. El talante ‘anti convenciones’ está instalado en las cabezas de tres poderes que, sin embargo, están acostumbrados a firmar pactos que implican pequeñas cesiones de competencias soberanas. Sucede que el tema se ha ideologizado y escalado a la polarización. Hace unas semanas entrevisté a Andrea Pochak, jurista argentina miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que participó en la audiencia del 13 de junio en San José, en la que resolvió contra la inminente ley (en ese momento aprobada en primera votación) que declara la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002 cuando el Perú se adhirió al Estatuto de Roma. Pochak me dijo que no había un artículo sobre imprescriptibilidad total en la Convención Interamericana pero era “la costumbre, el derecho de gentes” que lo asume la tradición y la doctrina en el sistema interamericano. La ideología, si es compartida por todos, se torna ley no escrita. Pero en el Perú del 2024 ese principio no se cumple.
La soberanía indecisa
En la conferencia de prensa del lunes 8, se preguntó a la presidenta si observaría la Ley 5951 que declara la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el 2002, y ella dijo que esperaría a que el Congreso le remita la ley. Estaba desfasada; unas horas antes, a la 1:23p.m., el texto de la ley llegó a Palacio y se le estampó el sello de recepción del despacho presidencial. La pelota de la lesa humanidad está en la soberana cancha palaciega y el argumento de ‘no puedo detener al Congreso’ ya no vale.
Considerando el plazo de 15 días hábiles y los feriados que se nos vienen, el gobierno podría esperar a que se instale la nueva legislatura para promulgar u observar. Si la promulga el propio gobierno, sería un desafío muy grosero a la Corte IDH, incongruente con el hecho de que hace muy poco el Ejecutivo hizo lobby en el sistema interamericano para que sea nombrado el peruano Alberto Borea como juez de esa corte. Tampoco se crea que Borea, que fue duro opositor a Fujimori cuando este denostaba a la corte, va a inclinar a la corte a un extremo opuesto. “Habría que tener una mente torva para pensar eso”, me dice García Sayán, que lo aprecia y es su amigo, aunque no coincidan en muchos temas.
Hablé con Fernando Rospigliosi, autor de la iniciativa junto al congresista y almirante José Cueto y me dijo que el motivo no ha sido Fujimori, sino alrededor de 600 peruanos (entre presos y procesados, la mayoría militares y algunos policías) que él piensa que no merecen viven atormentados por larguísimos juicios. “Si el gobierno la observa, debe aprobarse por insistencia, pero está el escenario de que haga observaciones puntuales que tendríamos que analizar”. Rospigliosi añade este matiz que permitiría al gobierno posar de conciliador entre la Corte IDH y el Congreso. La posibilidad de que el gobierno no solo observe la ley sino que pelee contra ella y plantee su inconstitucionalidad ante el TC, sería una gran sorpresa.
