El estado de emergencia ha alterado las labores de los organismos constitucionalmente autónomos. Suspendieron sus actividades presenciales y, a través de sesiones virtuales, empezaron a atender algunas urgencias, como la suspensión del conteo de plazos de sus procedimientos. La prolongación de la cuarentena ha dado pie a que estas entidades continúen sus obligaciones regulares de manera remota o a distancia.
El balance del trabajo de siete de estos organismos que tienen gran incidencia en temas políticos muestra algunos logros, pero también asuntos pendientes.
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Hasta el momento, el Tribunal Constitucional ha realizado cuatro plenos y dos audiencias públicas, en las que revisó las demandas de inconstitucionalidad contra dos decretos legislativos y la ley que crea la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano; rechazó el hábeas corpus interpuesto por el exgobernador regional del Callao Alexander Kouri, entre otros más.
Además, han anunciado que acelerarán el procesamiento de los hábeas corpus que tienen acumulados desde el 2017, y tienen un plan de digitalización de los expedientes que lleguen en el 2020. A raíz de la crisis sanitaria, la defensa de Antauro Humala presentó un hábeas corpus para su liberación. Es posible que no sea el único reo que interponga un recurso de este tipo, luego de ser rechazado en el Poder Judicial, para ser liberado por la crisis del COVID-19.
Para la abogada constitucionalista Milagros Revilla, el TC ha actuado correctamente al priorizar los hábeas corpus, tanto de los sentenciados como de quienes tienen prisión preventiva, a fin de preservar la vida y la salud de los internos. Señala que esta decisión recoge las recomendaciones hechas por organismos internacionales, como la ONU.
Organismos electorales atados de manos
La primera decisión que tomaron los organismos electorales fue la suspensión de las elecciones municipales complementarias en el distrito de Chipao, en Ayacucho. Sin embargo, el pleno del JNE no sesionó hasta el 15 de abril, un mes después de declararse la emergencia.
Ese día, el JNE emitió tres resoluciones. La primera, para establecer que las sesiones del pleno y las audiencias públicas podían desarrollarse de manera virtual; la segunda, para suspender el plazo para la adecuación de las organizaciones políticas a los nuevos requisitos de la ley de partidos; y la tercera, para establecer que el Reniec le remita la lista del padrón inicial para el proceso de las elecciones del 2021.
En cuanto al Reniec, el 11 de abril, dispuso el cierre del padrón electoral, con 25,4 millones de peruanos hábiles para votar y lo remitió al JNE. Mientras que la ONPE suspendió el cómputo del plazo para la rendición de gastos de la última campaña.
Los especialistas en temas electorales Fernando Tuesta y José Manuel Villalobos coinciden en que los organismos electorales están atados de manos en temas cruciales hasta que el Congreso no defina los cambios que realizará a las normas electorales: ya sea la eliminación de las primarias, la votación electrónica no presencial en las internas y la participación de ONPE, entre otros asuntos. Para ellos, el Legislativo debería tomar estas decisiones lo antes posible y no esperar hasta setiembre, cuando vence el plazo máximo.
En temas electorales, la Junta Nacional de Justicia ha realizado algunos avances. Cuatro días después del inicio de la cuarentena, aprobó el reglamento para los concursos de selección de los jefes de la ONPE y el Reniec, en el que elevaron los requisitos exigidos. Según anunció su presidente, Aldo Vásquez, a este Diario, esperan que las nuevas autoridades asuman en agosto.
Sin embargo, hay objetivos trazados en el plan de trabajo de la JNJ que aún no se han cumplido. En los seis primeros meses, que vencen en junio, tenían que revisar 1.411 nombramientos, 746 ratificaciones, 142 procesos disciplinarios hechos por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, y atender los pedidos de destitución formulados por la Corte Suprema de Justicia o por la Junta de Fiscales Supremos. Este Diario solicitó información oficial sobre el avance de estos procesos, pero al cierre de esta edición, la JNJ no proporcionó la información.
El abogado Walter Albán, exdefensor del Pueblo, señala que la prioridad de la JNJ debe ser revisar las decisiones irregulares que pudo haber tomado el CNM, entre ellas, la ratificación del fiscal Pedro Chávarry.
Contrapesos políticos
La Contraloría de la República ha realizado más de 2.000 informes de control –casi todos ellos simultáneos–, en las 25 regiones. En la revisión, han detectado riesgos en la distribución de canastas básicas familiares y sobreprecios en la adquisición de equipos de protección personal (EPP).
Para el excontralor Fuad Khoury, se debe tener cuidado de que el control simultáneo no perjudique la velocidad con la que se adquieren los equipos necesarios para afrontar la pandemia. Por ello, la prioridad debe ser el control posterior para sancionar los actos de corrupción.
En tanto, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre más de un centenar de incidentes en el país, incluyendo una alerta temprana sobre la situación de los penales, la violencia de género y la provisión de EPP a médicos.
Walter Albán afirma que esa preocupación debe ser complementada con un rol proactivo que señale las medidas concretas por efectuar, como la atención a personas que necesitan recibir algún bono de subsistencia.
Más datos
El nombramiento del nuevo jefe de la ONPE será menos engorroso, ya que el suspendido titular, Adolfo Castillo Meza, presentó su renuncia al cargo. De lo contrario, habría tenido que afrontar un proceso de destitución.
De otro lado, en el JNE aún hay dudas sobre la renovación de sus autoridades. El mandato de Víctor Ticona vence en noviembre de este año, cuando el proceso electoral del 2021 ya esté en marcha.
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