El ministro de Salud, César Vásquez, afirmó que existe una “politización de la justicia” tras la detención de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado, respectivamente, de la presidenta Dina Boluarte.
En declaraciones a los periodistas, aseguró que el Ejecutivo respeta los fueros fiscales y judiciales, y defendió la desactivación del equipo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) por una supuesta duplicidad de funciones.
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“Es evidente y yo creo que todo apunta a que hay una politización de la justicia. Pese a eso este Gobierno tiene claro que se respetan los fueros y procedimientos fiscales y judiciales. Se ven coincidencias cuando uno lo mira con esa suspicacia”, expresó.
“Si es que los que argumentan eso no se ponen a pensar que a pesar que hubo esa desactivación el procedimiento se ha dado, o es que se ha impedido. Eso demuestra que las decisiones que ha tomado el Gobierno son adecuadas porque ha demostrado que hay duplicidad de funciones”, agregó.
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En ese sentido, Vásquez remarcó que el Gobierno no ha impedido el cumplimiento de la orden de detención preliminar contra Nicanor Boluarte, descartando –desde su punto de vista- cualquier obstrucción.
“¿Qué ha demostrado la Policía ahora? Que la Diviac estaba duplicando funciones porque hay otra que ha hecho esa función, ¿o acaso se ha impedido el cumplimiento de la orden? Absolutamente (no hay obstrucción del Ejecutivo)”, sentenció.
Como se recuerda, este viernes, Nicanor Boluarte fue detenido de manera preliminar en un operativo del Eficcop, autorizado por el Poder Judicial.
Según las investigaciones, el hermano de la presidenta Dina Boluarte es sindicado como presunto líder de la organización criminal “Waykis en la sombra”, con influencia en la designación de prefectos y subprefectos y su utilización en la creación del partido Ciudadanos por el Perú.
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La orden de detención emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional alcanza en total a 8 personas, entre ellas a Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.
Según el documento judicial, al que tuvo acceso El Comercio, el operativo incluye también el allanamiento a los inmuebles de 22 personas en Lima, y en las regiones de San Martín, Cajamarca, Junín y Abancay.
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