PCM costeó defensa legal de 27 funcionarios en los últimos 10 años: ¿cuánto dinero desembolsó y en quiénes se invirtió más?

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Se trata de funcionarios de distintos niveles —en donde se ubica, incluso, el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola— que se acogieron a este derecho regulado actualmente en la Directiva N°004-2015-SERVIR. Y corresponden a investigaciones administrativas, civiles, penales y hasta congresales que se abrieron en el marco de su función.

El ranking lo encabeza la exministra Rocío Barrios Alvarado, quien actualmente tiene un proceso judicial por el cargo de ocupó en el 2014 de directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM. La fiscalía ha solicitado más de nueve años de prisión para Barrios por presunto peculado, por haber autorizado el pago de S/177.279 por servicios de mantenimiento de 40 vehículos que supuestamente no se realizaron. El caso actualmente está en juicio.

A nombre de Barrios se registran siete expedientes por los que se solicitó defensa legal a la PCM, por los cuales ya se desembolsó más de S/200 mil para sus abogados; quedando pendiente de abono más de S/10 mil.

En diálogo con El Comercio, Barrios señaló que se trataron de casos abiertos a nivel administrativo, civil y que uno solo llegó a nivel penal por su labor como funcionaria de la PCM, tras una auditoría e informe de control. Incidió en que “en todos los casos que solicité la defensa, en absolutamente todos, a excepción de uno que sigue en proceso, he sido absuelta”.

La exministra remarcó que su solicitud de defensa legal fue dentro de la norma que asiste al servidor público que toma decisiones; y remarcó que esta dispone que, en caso de hallarse culpabilidad, se debe devolver el dinero desembolsado.

“La pregunta es qué pasa si se determina, luego de las investigaciones, que hubo una mala evaluación (en la OCI). Ahí hay una afectación al Estado, a la persona, porque también está nuestra reputación de por medio”, comentó.

Justamente, en la Directiva N°004-2015-SERVIR se remarca que este beneficio es “un derecho individual” de servidores y exservidores para solicitar “su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales en los que resulten comprendidos”. Y que, si al finalizar al proceso se determina su culpabilidad, este debe reembolsar el monto abonado para su defensa.

En segundo lugar, con un solo caso a su nombre, se ubica el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). En el 2018, mientras aún era presidente y en medio de cuestionamientos por sus vínculos con la brasileña Odebrecht, recurrió a este recurso para defenderse en las indagaciones que le realizó la Comisión Lava Jato del Congreso, que lo investigó en su calidad de expremier de Alejandro Toledo.

Solo por esta investigación, se desembolsó más de S/179.000 a favor del estudio Hernandez & Cia. Abogados. Este Diario intentó recoger comentarios de la firma, pero no hubo respuesta.

En tercer lugar, se ubica el ex jefe de Gabinete, Pedro Cateriano, quien acreditó ante la PCM ocho expedientes para su defensa, por los cuales se ha desembolsado hasta ahora más de S/175 mil, con un pendiente todavía de S/15 mil.

Según información alcanzada a este Diario por Cateriano, seis de los casos que documentó ante la PCM se encuentran archivados o fueron declarados infundados. Mientras que otros dos que aún están abiertos a nivel de fiscalía tienen que ver con el caso Gasoducto y el Centro de Convenciones, en los cuales está como testigo.

“La mayoría de los casos se han ido archivando porque han sido acusaciones falsas y sin sustento”, enfatizó Cateriano. Mencionó que no optó por recurrir a la defensa privada “por los innumerables casos” que se presentaron en su contra a lo largo de los últimos años, algunos de ellos en su condición de exministro de Defensa.

“Lo que hay que preguntarse es: ¿los que denuncian en base a falsedades, a mentiras, solo para hostigar al adversario, no deberían pagar las costas?”, cuestionó, en referencia a miembros de Fuerza Popular y el Apra.

En la lista de funcionarios que se acogieron a este beneficio también se encuentra el actual jefe de Gabinete, Alberto Otárola. En su caso se registran dos expedientes, por los cuales se ha desembolsado S/39.000, quedando pendiente otro pago por el mismo monto.

Una de las investigaciones acreditadas tiene que ver con la contratación de su excuñada en el Ministerio de Trabajo en enero, hacia el inicio del gobierno. La fiscalía finalmente resolvió no haber mérito formular denuncia y el caso pasó finalmente al archivo el mes pasado.

En tanto, la pesquisa que aún está pendiente es la que sigue la Fiscalía de la Nación por las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Tanto la presidenta Dina Boluarte como Otárola fueron citados por este caso el miércoles pasado.

El acogerse a este beneficio es opcional. Hay otros expresidentes del Consejo de Ministros que tienen o han contado con pesquisas fiscales (como la expremier Bettsy Chávez, actualmente cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el penal de Chorrillos), que no aparecen en esta lista; ya sea porque no lo han solicitado o porque su solicitud fue rechazada.

En tanto, otro reporte al que accedió este Diario da cuenta que a nivel de Presidencia de la República se ha desembolsado a favor de las defensas de ocho funcionarios y exfuncionarios más de S/190.000, a lo largo de los últimos cinco años.

Al Despacho Presidencial han acudido a acogerse a este beneficio de la defensa legal expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Manuel Merino. Sin embargo, si bien se aprobó desembolsos para sus defensas, no se ha hecho todavía efectivo algún pago, ya sea por falta de presentación de documentos o por el tipo de contrato, según información del Despacho Presidencial.

Incluso la misma presidenta Dina Boluarte ha solicitado acogerse a esta figura por la investigación preliminar que se sigue por las muertes durante las protestas. Pero todavía no se ha efectuado la contratación.

En el citado periodo, en cambio, sí se han efectuado desembolsos para ocho exfuncionarios. La lista la encabeza Miriam Morales, exsecretaria general de Palacio en el gobierno de Martín Vizcarra e implicada hace unos años en el caso ‘Richard Swing’, por cuya defensa se ha pagado más de S/70.000.

Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, esta “es una norma que debería ser revisada” y que se podría establecer nuevos parámetros, como por ejemplo los delitos que se puedan abarcar. Remarcó que “un millón de soles es un dinero que puede ser usado de mejor manera”.

“Es una norma que expresa una deformación de una política pública. El deber del Estado de proteger a sus funcionarios no debería llevar a una situación tan extrema y tan poco racional y proporcional. (…) Claro, hay casos en los cuales los funcionarios son víctimas de persecución política, judicial, pero todo eso no se resuelve pagándole el abogado”, subrayó a El Comercio.

Distinta opinión tiene el exprocurador anticorrupción Iván Meini. A su juicio, la norma es adecuada “sobre todo en un país con una realidad como la nuestra, en donde los funcionarios públicos están expuestos a una serie de denuncias e investigaciones”.

“Y me parece adecuada también la solución que se da: si son condenados, es decir, si realmente han abusado del cargo, van a tener que devolver lo que el Estado ha invertido en ellos. No es un dinero que se le pague al funcionario sino para que quien vaya a ejercer su defensa, pueda actuar como tal. Y es un beneficio que solo cubre a los que terminan siendo declarados inocentes, no a los culpables”, aseveró a este Diario.