Pedro Castillo: Un primer mes marcado por designaciones fallidas

MIRA: Los ministros más fugaces, sus motivos de salida y el ingrediente partidario en el Congreso | ANÁLISIS

En este primer mes de gobierno del presidente Pedro Castillo fueron designadas 147 personas en altos cargos de confianza. De ellas, nueve ya fueron removidas. La mayoría de las salidas se registró en el Ministerio de Transportes, donde cuatro funcionarios fueron retirados de sus puestos: Alberto Falla, Natalia Jiménez, Mario Rubio y Marco Tulio Falconí. Falla estuvo vinculado a una empresa que emitía certificaciones vehiculares falsas, Jiménez no tenía el perfil requerido para el cargo, Rubio tiene una sentencia por un atropello y Falconí fue interlocutor en hasta 18 llamadas con el exjuez César Hinostroza.

Además de diez ministros –que representan al 52,6% del Gabinete–, otros cinco funcionarios tienen cuestionamientos. Para el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, si bien se trata en su mayoría de personal de confianza, eso no significa que la discrecionalidad para elegirlos sea total, especialmente en puestos técnicos. “Hay criterios y perfiles que deben ser llenados para no utilizar los cargos del Estado como un bolsón para pagar favores políticos. La normativa exige una serie de principios, deberes y prohibiciones en los puestos de confianza”, dijo.

La Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, tiene vigencia desde 2002 y establece que los servidores públicos deben ser técnica, legal y moralmente aptos para ejercer la función que les encargan. La Contraloría General de la República ya ha alertado sobre personas designadas que no cumplen con el perfil profesional necesario para sus despachos. Angélica Apolinario, directora de Diálogo y Gestión Social del MTC; Richar Ruiz, jefe de asesores en el Mincul; y Auner Vásquez, jefe del gabinete técnico de Presidencia, son los últimos reportados por la entidad.

Rotta considera riesgoso mantener a personas sin aval técnico en oficinas donde las decisiones y el manejo de presupuestos implican mucha responsabilidad. “Sin las características exigidas, lo más probable es que una persona no pueda desarrollar sus funciones de manera apropiada. Eso solo genera mayor ineficiencia de la que ya puede existir en el Estado”, indica.

El último 20 de agosto, Proética denunció ante la Comisión de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura que Yolanda Cárdenas, por entonces reciente asesora de ese sector, no era idónea ni proba para el puesto. Cárdenas había sido sancionada por el Poder Judicial en el 2019 por retrasar, junto a otros abogados, un proceso contra acusados en el caso Orellana. El 26 de agosto, por resolución ministerial, la funcionaria fue retirada y reemplazada.

Muy lejos de la paridad

Aunque en el sector público la participación de mujeres es de un 47% (Servir, 2019), esa tendencia no se refleja en los niveles más altos de gobierno. Identificamos que de 147 funcionarios designados en la administración de Castillo, solo 35 (el 24%) son mujeres. La mayoría ocupa cargos de asesoría, por debajo de otros liderazgos.

Para la politóloga Paula Távara, si el haber convocado a solo dos mujeres en el Gabinete apuntaba a una falta de voluntad política para buscar la equidad, tener tan baja cantidad de funcionarias muestra un retroceso más profundo.

“Si en el sector público a nivel nacional ya hay una cercanía a la paridad, al menos numérica, lo que muestra el gobierno es una visión distinta, en la que se invisibiliza la capacidad de las mujeres para ocupar despachos tan o más importantes que los de asesoras. El hecho de que en el Ministerio del Interior se haya designado a dos viceministras es positivo, pero en un marco completo, se lee como solo un gesto o un caso excepcional”, señala.

Peso político

Las cuotas partidarias resultan importantes en las recientes designaciones. Al menos 28 funcionarios son militantes de alguna organización política, en su gran mayoría de izquierda. De esos, diez son ministros.

“Aunque ideológicamente alineado, el Gabinete es débil con personas cuestionadas y de baja idoneidad. Sería importante y permitiría calmar las aguas que el presidente cambie a los ministros que claramente no son adecuados y ampliar esa base que hasta ahora es muy estrecha. Las eventuales censuras pueden tener un costo alto”, afirmó el politólogo Mauricio Zavaleta.

Paula Távara coincide en que los ministros más cuestionados deberían dar el paso al costado en el plazo inmediato: “Continuar con este Gabinete deslegitima al gobierno ante una parte importante de la ciudadanía que está preocupada por su capacidad de gestión”.

Zavaleta agrega que la investidura le da ese espacio al Ejecutivo para las rectificaciones necesarias. “Hay oportunidad para hacer cambios centrados en la estabilidad. De no haber obtenido la confianza, se habría entrado en una espiral autodestructiva”.

El viernes, tras la investidura al Gabinete, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) anunció que prepararían una moción de censura contra el titular de Trabajo, Iber Maraví, presuntamente vinculado a grupos terroristas. “Vamos a acabar uno por uno. Con el resultado de la votación [de 50 congresistas en contra de la confianza], tenemos las firmas”, indicó.

En el inicio de este período, la oposición se ha mostrado férrea contra el gobierno: en un mes, se presentaron 10 mociones para invitar a seis ministros al pleno (el titular de Salud tuvo tres), además de dos pedidos de interpelación contra un ministro (el ahora excanciller Héctor Béjar) y tres mociones para declarar “inmoral” la designación de tres ministros (Bellido, Maraví y Béjar). También se aprobó la creación de una comisión investigadora de los primeros días de gestión.

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