El primer ministro Vicente Zeballos resaltó la disposición por “unanimidad” de seis agrupaciones políticas con virtual representación en el nuevo Congreso de la República para realizar modificaciones en el artículo cuatro de la Ley Orgánica de Elecciones.
“De manera unánime, las seis bancadas con las que nos hemos reunido han manifestado su disposición de atender con carácter de prioritario la modificación del artículo cuatro de la Ley Orgánica de Elecciones, que es de suma importancia porque, caso contrario, si no se cortan los plazos tal cual lo propone el texto vigente, no se nos va a permitir acudir a la reforma en material electoral”, afirmó en conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En el 2017 se modificó dicha norma electoral para indicar, en el mencionado artículo, que “todas las normas con rango de ley relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde un (1) año antes del día de la elección o de la consulta popular, tienen vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente”.
Además, Zeballos sostuvo que las seis agrupaciones políticas con las que el Poder Ejecutivo se ha reunido hasta el momento pusieron énfasis en temas relacionados a seguridad ciudadana, la reconstrucción en el norte, proyectos de inversión, entre otros.
“Debo destacar la disposición al diálogo y esta receptividad que han tenido todas las bancadas, unas con una presencia inmediata, otras postergándolo, pero ninguna con una negativa o cierra puertas. Eso demuestra que hay una posición constructiva y de compromiso por el país”, indicó.
El primer ministro agregó que se decidió convocar a los representantes de los partidos antes que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anuncie los resultados oficiales de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, debido a que “el plazo de la labor parlamentaria es sumamente corto”.
“Podía esperarse que se den los resultados oficiales o que se otorguen las credenciales o que, finalmente, tomen juramento los nuevos parlamentarios. Es un espacio político que fue analizado por el Poder Ejecutivo y entendemos que el plazo de la labor parlamentaria es sumamente corto. Consideramos pertinente que cuanto antes se desarrollen estas labores de trabajo, era lo ideal porque nos va a permitir generar no solo consensos sobre ejes temáticos prioritarios en el Congreso de la República sino también construir una agenda común”, explicó.
Como se recuerda, las agrupaciones Unión por el Perú (UPP) y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) no acudieron al encuentro con el mandatario por considerar pertinente esperar a que la ONPE emita resultados oficiales. Esta noche el mandatario sostendrá su última reunión con representantes de Acción Popular.
-Designación de procurador-
En otro momento, Vicente Zeballos, rechazó los cuestionamientos a la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.
“Hay dos objeciones muy puntuales y que es necesario precisarlas. La primera es que se aduce que se requiere de experiencia en la defensa jurídica del Estado, pero este es un concepto general y la defensa jurídica del Estado no se materializa únicamente siendo procurador, o sea, siendo asesor legal o siendo abogado de un sector del Estado; y lo suscitado con el señor Daniel Soria Luján, él tiene una larga experiencia profesional y un recorrido importante en la función pública, especialmente en la Defensoría del Pueblo”, defendió el primer ministro.
“Lo segundo que se propone es si esta circunstancia no genera algún nivel de suspicacia cual si fuera una designación dirigida. Lo rechazamos. En su momento he sido ministro de Justicia y lo reitero ahora en otra condición y también es de esa disposición al señor presidente, somos respetuosos de la autonomía pública de los procuradores y lo hemos demostrado en estos años y será el mismo comportamiento y actitud en los meses siguientes”, agregó.
El Poder Ejecutivo designó el último lunes al abogado Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, que tendrá entre sus atribuciones presentar denuncias penales contra altos funcionarios.