Gregorio Santos fue capturado el último jueves en la región San Martín tras permanecer prófugo desde enero pasado, cuando fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por asociación ilícita para delinquir y colusión simple y agravada por un caso que se remonta a su función como gobernador regional de Cajamarca.
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Precisamente, el derrotero del también excandidato presidencial de Democracia Directa (2016) y otrora líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) contabiliza varias complicaciones de índole judicial, así como frustrados intentos de puentes políticos con otros personajes de la izquierda.
Idas y venidas
Gregorio Santos ha participado en siete procesos electorales, tomando en cuenta incursiones que han ido desde la aspiración de ser regidor provincial (1993, Jaén, Cajamarca) hasta presidente de la República (2016).
En dos de los siete procesos electorales tuvo éxito: en 2010 y 2014 para gobernador de Cajamarca a través del Movimiento de Afirmación Social (MAS).
En 2011, el Proyecto Conga, al que Santos y sus correligionarios se oponían, se erigió como uno de los primeros grandes escollos para la gestión del entonces presidente Ollanta Humala. Fue ahí que las apariciones y manifestaciones cada vez más frecuentes de la autoridad regional lo ubicaron en el radar de otras organizaciones de izquierda.
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Un momento cumbre de su etiqueta de potencial aliado ocurrió en junio del 2013, cuando se creó un denominado Frente Amplio para el que se convocó a Ciudadanos por el Cambio (del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis), Tierra y Libertad (Marco Arana), Fuerza Social, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Patria Roja y el MAS (de Gregorio Santos).
El eventual brillo del líder del MAS se vería atenuado por la notoriedad de algunos de sus problemas judiciales, lo cual motivo que en noviembre de ese mismo año Salomón Lerner indicara que Santos no era parte de la coalición de izquierda. En lugar de ello, el ex primer ministro consideró conveniente que Santos se ponga a derecho, en respuesta a un informe sobre presuntos malos manejos en su gestión como autoridad regional.
Tiempo después, las Elecciones Regionales y Municipales 2014 encontraron a Gregorio Santos en los inicios de lo que sería su período en prisión preventiva, lo cual no evitó su reelección (obtuvo 44,27%) ni tampoco que en 2016, bajo el amparo del partido Democracia Directa, postule a la presidencia (alcanzó 4%). En esta última contienda, Santos consolidó resultados más auspiciosos que los obtenidos por viejos conocidos de la política peruana como Fernando Olivera (1,32%), Alejandro Toledo (1,30%) y Ántero Flores-Araoz (0,43%).
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Estas cifras acercaron nuevamente a Santos a las organizaciones de izquierda. A finales de abril del 2016, Verónika Mendoza, quien no alcanzó la segunda vuelta electoral por escaso margen, indicó que el Frente Amplio debería buscar tender puentes con Gregorio Santos. En contraparte, Democracia Directa, entonces casa del exgobernador regional, saludó la posibilidad de un acercamiento .
En julio del 2016, al término de su prisión preventiva, Santos indicó que la unión de la izquierda debía darse “sí o sí”, y que esto no dependería ni de él “ni de Marco Arana ni de Verónika Mendoza, eso vendrá por la presión popular de las bases”.
Meses después, el exlegislador Jorge Rimarachín, por ese entonces su aliado político y una de las personas que más lo visitó en prisión, confirmó conversaciones con el Frente Amplio de cara a un proyecto que convoque la participación de Santos, mientras que en paralelo se conocía que el Partido Comunista del Perú-Patria Roja formalizaba la expulsión del exgobernador regional, así como a tres personas de su círculo de confianza.
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El diálogo continuó. A inicios del 2018, Santos y Verónika Mendoza se reunieron en dos eventos: el primero en Cajamarca y el segundo en Cusco. En mayo, Jorge Rimarachín anunciaba que su ahora exaliado ya no era parte de Democracia Directa. “Santos padece lo mismo que Verónika Mendoza: el apetito desmedido por tener el partido propio”, dijo en aras de justificar la desvinculación.
De otro lado, el 2019 trajo como sorpresa la realización de un cónclave de organizaciones de izquierda de cara a formar un bloque para el 2021.
En el evento “Voces de Cambio”, realizado en enero en Huancayo, contó con la presencia de Verónika Mendoza, Gregorio Santos, Zenón Cuevas (gobernador de Moquegua), la exministra Aída García-Naranjo y el anfitrión Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre, partido con inscripción, y suspendido gobernador regional de Junín). El Frente Amplio, del exlegislador Marco Arana, así como Juntos por el Perú, de Yehude Simon, partidos con inscripción, decidieron ausentarse.
Meses después, en junio, Santos se unió a Perú Libre tras su alejamiento definitivo de Democracia Directa y del Movimiento de Afirmación Social (MAS), organización política que contribuyó a fundar.
La cercanía establecida a inicios de año tuvo su punto más alto luego de la disolusión del Parlamento. En octubre del 2019, con la mira puesta en los comicios parlamentarios de enero del 2020, Mendoza, Cerrón y Simon, en representación de Nuevo Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú, respectivamente, materializaron un pacto político que generó tensión en los militantes y seguidores de los mencionados grupos, principalmente en el de Mendoza.
El rechazo a la figura de Cerrón, condenado por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, y a la de Santos, quien esperaba sentencia por presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional, ocasionó las renuncias públicas de Marisa Glave, Indira Huilca, Richard Arce y Horacio Zeballos a Nuevo Perú.
Semanas después, el puente para la alianza se derrumbaría, pues el plazo para inscribirla venció sin que puedan subsanar las observaciones que el Jurado Nacional de Elecciones les realizó. Finalmente, Nuevo Perú y Juntos por el Perú compitieron gracias a la inscripción de este último, mientras que Perú Libre, de Cerrón y Santos, hizo lo propio.
Marco Arana: “Condena y captura de Santos no debe comprometer a la izquierda”
Marco Arana, exlegislador y dirigente del Frente Amplio, marca distancia de la figura de Santos. En diálogo con El Comercio, considera que la condena, y posterior captura, de la exautoridad regional no debería comprometer a la imagen de la izquierda.
“El problema de la corrupción en el Perú es muy grande. Lamentablemente se ha localizado casos en todos los niveles, desde alcaldías hasta gobiernos centrales y regionales. Mal se haría en atribuirle a la izquierda alguna responsabilidad”, indicó.
Quintanilla: “Son responsabilidades personales, individuales”
Albero Quintanilla, exparlamentario y representante del Nuevo Perú, coincidió con la posición de su ex colega en torno a los problemas judiciales de Santos. “Uno puede ser solidario o no, a nadie le da gusto los problemas del otro, pero hay un principio republicano que dice que las responsabilidades personales e individuales son personales e individuales”, señaló.
En torno a la posibilidad de proyectos mancomunados en la izquierda, Arana señaló que el Frente Amplio está dispuesto a establecer alianzas, aunque con predilección a las organizaciones sociales, ya que el objetivo no es “unirse por unirse”, sino tener una agenda programática común.
“La alianza de Nuevo Perú [de octubre último] se hizo cuando se sabía que habría una sentencia [para Gregorio Santos], y eso ocasionó varias renuncias”, advirtió.
Quintanilla, por su parte, consideró que algunos proyectos de la izquierda han sufrido demoras a causa de la pandemia de coronavirus (COVID-19), pero que en el caso particular de Nuevo Perú “estamos en conversaciones para consolidar un gran frente, si la izquierda no se une va a participar limitadamente”.
APARTADO JUDICIAL
En lo que respecta al apartado judicial, a Santos se le imputó en el 2012, durante su primera gestión como gobernador regional de Cajamarca, los delitos de rebelión y asociación ilícita para delinquir por las protestas antimineras que encabezó contra el Proyecto Conga (Cajamarca). El caso fue archivado.
Una fortuna similar corrió el expediente contra él que se había abierto por la muerte del comunero Eliseo Vargas, quien, según su hija Petronila Vargas, fue secuestrado por Santos y la ronda campesina que este lideraba. En esta oportunidad, el Poder Judicial lo absolvió.
Pese a ello, la suerte parece habérsele acabado en enero último cuando el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada lo condenó, al igual que a una veintena de procesados, por las irregularidades en licitaciones de obras que se llevaron a cabo en su gestión en el Gobierno Regional de Cajamarca (2011-2014). Los empresarios favorecidos con las obras fueron Wilson Vallejos Díaz y Luis Pasapera. Según el Ministerio Público, ellos habrían pagado casi S/1,5 millones para adjudicarse las concesiones.
Sin embargo, no es la primera vez que Santos estará en reclusión. El también exdirigente sindical y de las rondas campesinas y urbanas cumplió prisión preventiva en un período que se inició en junio del 2014, debiendo salir 14 meses después (agosto del 2015); sin embargo, cuando finalizó dicho plazo, la Sala Penal de Apelaciones dictó una extensión por 11 meses.
Luego de su salida del penal Ancón I, Santos, que había logrado la reelección como gobernador regional de Cajamarca en 2014, no recogió sus credenciales ni tampoco asumió el cargo. En lugar de ello, dijo estar enfocado en consolidar un partido de cara a los comicios generales del 2021.