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El presidente Martín Vizcarra no solo hizo el miércoles un balance de las acciones del Gobierno para enfrentar el brote de coronavirus, al pasar los 100 días del estado de emergencia, también dio un ultimátum a las clínicas privadas para establecer una tarifa social, luego de las denuncias de altos cobros por el tratamiento del COVID-19 (algunos llegaban a S/700.000).
Vizcarra, en el día 101 del estado de excepción, dejó abierta la posibilidad de aplicar el artículo 70 de la Constitución, que establece la expropiación de propiedades. Ocho horas después del anuncio, calificado de “amenaza” por un sector de la oposición, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con las clínicas privadas: S/55.000 de tarifas plana por la atención de los pacientes, sin importar el número de días de internamiento.
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El analista político Enrique Castillo consideró que el jefe de Estado ha utilizado nuevamente el enfrentamiento “para buscar la aprobación de la población” que, de acuerdo a recientes encuestas, ha ido perdiendo “por la ineficacia” de su administración. Agregó que el Ejecutivo no fue capaz de cerrar la negociación con los centros de salud privados en más de tres meses.
“El tema de las clínicas se pudo haber negociado desde el día 1 [del estado de emergencia], igual con el tema del oxígeno, se pudo modificar la norma [para permitir el ingreso de más operadores], pero hasta ahora no se hace. El presidente necesita de una confrontación a gran escala en cuanto al impacto para poder seguir gozando de una aprobación personal”, remarcó.
Castillo, en comunicación con El Comercio, indica que en corto plazo esta clase de política le resulta eficaz al mandatario, porque “identifica quiénes son los gestores o las instituciones más odiadas por la población en un momento determinado y las ataca”.
“En el corto plazo le da réditos, el problema es qué le queda al país. Como hemos visto en el tema del Congreso no fue una solución a mediano y largo plazo tener otro Parlamento”, refirió.
También afirmó que la “amenaza” a las clínicas privadas- que, a su juicio “se aprovecharon indebidamente de la situación de emergencia”- “sí se torna peligroso” en la medida de que ha resucitado el término “expropiación”. “Esto vas a generar desconfianza en los inversionistas. El presidente hace poco se reunió con la Confiep en lo que parecía ser el inicio de un trabajo conjunto, con la amenaza de ayer es probable que se haya roto algunos puentes”, acotó.
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“Es un discurso para la tribuna”
La periodista Mabel Huertas afirmó que Vizcarra Cornejo ha convertido el enfrentamiento en un “patrón de su gobierno”, lo cual, añadió, es lamentable porque en el fondo “divide al país”.
“Si no es el Congreso, es el Poder Judicial, o la Confiep, y ahora fueron las clínicas privadas, y estamos viendo medias verdades”, manifestó.
Huertas indicó que el ultimátum del Ejecutivo sirvió para ocultar las deficiencias que dejó el balance de los 100 días del estado de emergencia.
“Es increíble que después de 100 días no se haya podido negociar con las clínicas, cuando fue una medida que se anunció en abril”, refirió.
La también analista política del grupo 50+1 dijo que las clínicas, por su lado, han tenido una “pésima empatía” hacia los pacientes.
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Huertas opinó que cree que Vizcarra haya cruzado una línea, porque su discurso “fue para la tribuna”. “Si tiene a una ministra de Economía y Finanzas como María Antonieta Alva es difícil que haya pasado [la expropiación], lo que sí es peligroso es el mensaje que le manda al Congreso, que desde que se ha instalado ha tenido un comportamiento [populista]. El presidente no debió llegar a este punto [hacer referencia al artículo 70 de la Constitución], cuando hay una Ley General de Salud que lo respaldaba”, subrayó.
La periodista señaló que lo positivo, dentro de la polémica, ha sido el acuerdo, porque esto “va a significar que ni un peruano más va a pagar”.
Un golpe sobre la mesa, pero no una política
El analista político Juan de la Puente opinó que el presidente Vizcarra no tiene una política orientada al enfrentamiento. Agregó que el ultimátum a las clínicas privadas fue “un golpe sobre la mesa”, porque el gobierno “se había demorado dos meses en ejercer sus facultades” y “no había puesto suficiente énfasis” en este punto.
“Este tema no se debe abordar desde el hecho ‘ay pobres las clínicas, y que terrible lo que ha hecho Vizcarra’, el asunto es mucho más complejo, estamos frente a una controversia por prácticas de la empresa privada que no es sensible a las demandas en esta época de crisis”, expresó en diálogo con este Diario.
De la Puente afirmó que no cree que sea peligroso el discurso del jefe de Estado, porque hasta los gobiernos que son “pro empresa” pueden tener enfrentamientos con el sector privado.
“Me parece un posicionamiento político, a mí lo que me preocupa es que se hayan tomado tantas semanas para cerrar un trato. Mientras se estaba negociando han muerto muchas personas por falta de asistencia, esto se ha podido dar con anticipación al amparo del artículo 82 de la Ley General de Salud”, concluyó.
“La medida se justificaba”
El politólogo José Luis Incio afirmó que en líneas generales no es saludable que el presidente Vizcarra invoque medidas que puedan “parecer extrema”. No obstante, refirió que el ultimátum a las clínicas privadas, en medio de una pandemia que ha generado “tantos muertos” y “el colapso de la economía”, “se justificaba”.
“En este caso en particular, la medida incluso fue un poco tardía, el tema de la relación con las clínicas privadas se debió aclarar desde el primer momento. En países como Alemania e Irlanda fue así y en Estados Unidos y Chile hasta cierto punto, tampoco es que las clínicas van a perder, pero no pueden exceder sus ganancias, se tienen que salvar vidas”, remarcó.
Incio aseguró que siempre un gobierno debe buscar una buena relación con el sector privado, pero precisó que en medio de la pandemia, el empresariado ha tenido actitudes prepotentes y “poco empáticas”. En ese sentido, recordó que un sector se opuso, desde un primer momento, a la cuarentena restringida.
“El sector privado en el Perú estaba acostumbrado a tener una mayor influencia en el gobierno o a tener un Ejecutivo más sumiso”, complementó.
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