Investigaciones por corrupción persiguieron al entorno de Alan García

Lo asediaron denuncias de corrupción desde que finalizó su primer mandato en 1990. La historia judicial del ex presidente Alan García Pérez tuvo sombras y defensas ensordecedoras. Con su suicidio también llegan a su fin los procesos judiciales pendientes de resolverse.

García nunca fue condenado en ninguno de los casos que se le abrieron por hechos ilícitos ocurridos en sus dos gestiones. En cambio, una larga lista de sus ex colaboradores fueron sentenciados −o al menos presos− por las mismas investigaciones.

—Sociedad en el metro—
Fue en abril de 1990 cuando Alan García develó la placa del tren eléctrico. En ese momento apenas se había construido un primer tramo de dos kilómetros entre la avenida César Vallejo y el puente El Sol, en Villa El Salvador. El ex presidente, acompañado por un grupo de periodistas y autoridades, hizo viajes de prueba, de ida y vuelta, sobre un solo carril, pues al otro le faltaba tendido eléctrico.

Veintinueve años después, la fiscalía señaló a García como el presunto líder de una organización criminal que modificó el marco legal para beneficiar a Odebrecht al retomar la construcción de la obra durante su segundo gobierno. Dos ex funcionarios de alto rango fueron incluidos en esta investigación: Luis Nava, ex secretario general de la Presidencia, y Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones.

Colaboradores brasileños en la investigación del Caso Lava Jato señalaron que Nava y su hijo José Nava Mendiola habrían recibido US$4,5 millones en pagos ilícitos. La cuarta parte del dinero habría ingresado a través de una cuenta de la ‘offshore’ del ex vicepresidente de Petro-Perú, Miguel Atala, en Andorra.

Nava, ahora detenido, hombre de confianza de García, además asumió como ministro de la Producción en la última etapa del segundo quinquenio del líder aprista. Entre el 2006 y el 2011, tuvo veinte encuentros con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú. Además, su empresa Transportes Don Reyna obtuvo contratos con la constructora por casi US$18 millones.

—Más comprometidos—
Por su gestión como ministro durante los años del presunto acuerdo ilegal, la fiscalía le imputa a Enrique Cornejo los delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho. Según esta hipótesis, el ex candidato a la Alcaldía de Lima se habría coludido con García para modificar el marco normativo con el fin de garantizar que Odebrecht obtuviera la buena pro del proyecto. A cambio, la empresa les habría hecho pagos ilícitos.

La fiscalía cuenta con el testimonio del colaborador Carlos Nostre, quien señaló que Cornejo recibió un pago de US$15 mil y dos televisores valorizados en S/18 mil como compensación por presuntamente haberlos favorecido. El ex ministro cumple ahora detención preliminar por este caso.

Por la misma obra, pero en otra carpeta fiscal, el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo está procesado, mientras cumple prisión preventiva desde enero del 2017. Él fue el primer ex funcionario de alto nivel acusado por el Ministerio Público. Hasta ahora la fiscalía ha identificado que recibió sobornos por US$8,1 millones a cambio de facilitar la mencionada licitación.

Sobre la relación entre ambos, el colaborador eficaz 01-2018-01 declaró que fue testigo de la conversación entre Cuba y Nostre en la que este último le señaló que Barata había coordinado con García la adjudicación de la obra, pero que necesitaba apoyo a nivel operativo. Según esta versión, Cuba le habría señalado a Nostre que recibió el encargo de Cornejo de facilitar el trabajo del comité especial de sacar adelante el proceso en 18 meses.

—Campaña de carnaval—
Otro de los cercanos colaboradores de García que afronta un proceso judicial es el ex ministro Luis Alva Castro, sobre quien pesa un mandato de impedimento de salida del país por 18 meses. Jorge Barata señaló a Alva Castro como el intermediario para el aporte de US$200 mil a la campaña aprista en el 2006. El imputado ha negado los cargos.

Este monto coincide con uno de los documentos extraídos de los sistemas My Web Day y Drousys entregado a la fiscalía, según el cual Odebrecht entregó US$186 mil a un sujeto con el ‘codiname’ Apra, bajo la coordinación de Jorge Barata.

Por este caso, a Alva Castro se le imputa el delito de lavado de activos. “No teníamos ni capacidad ni interés de aportar a todos los partidos, solo aportamos al Apra [en el 2006] por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir”, señaló Barata en el interrogatorio de febrero del año pasado en Curitiba.

La fiscalía también tiene información sobre el pago de US$60 mil que Odebrecht habría realizado a Alva Castro bajo el ‘codiname’ de ‘Laque’, en el 2007.

—Narcoindultos—
La revelación de que García firmó más de tres mil indultos y conmutaciones de penas a sentenciados por narcotráfico fue el fantasma que lo persiguió antes del destape del Caso Lava Jato. A pedido de la defensa del ex mandatario, el Poder Judicial anuló todos los informes de la megacomisión del Congreso en los que se proponía denunciarlo constitucionalmente junto a los ex ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández.

El ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo Chinguel fue el único sentenciado por ese caso. Le atribuyeron la responsabilidad de haber ayudado a reclusos a obtener conmutaciones de penas a cambio de pagos ilícitos.

—Sin responsables—
Dos casos de gran magnitud estallaron durante su segundo mandato: los ‘petroaudios’ y el ‘baguazo’. En el primero, Rómulo León, ministro de la Producción en el primer gobierno aprista, participó de una negociación para beneficiar ilegalmente a la empresa Discover Petroleum, del dominicano Fortunato Canáan, para la obtención de lotes petroleros durante el gobierno de García. El ex presidente y el ex primer ministro Jorge del Castillo se reunieron en varias ocasiones con Canáan.

Aunque León fue procesado y encarcelado, en el 2016 todos los involucrados en este caso fueron absueltos, puesto que la Corte Suprema declaró que las grabaciones interceptadas no eran pruebas válidas. Dos años después, León y Canáan fueron sentenciados por cohecho y colusión, a raíz del caso de la construcción de hospitales en el segundo gobierno aprista.

Por el ‘baguazo’ no se sentenció a ningún responsable por el asesinato de 23 policías y 10 nativos. El informe final en minoría, elaborado por Guido Lombardi, señala responsabilidades en los entonces ministros Mercedes Cabanillas (Interior), Mercedes Araoz (Comercio Exterior y Turismo) y Yehude Simon (jefe de la PCM).

—Escándalos en su primer gobierno—
​El golpe de Estado del 5 de abril de 1992 interrumpió las investigaciones a la primera administración de Alan García. El líder aprista se refugió en el exterior después de una persecución en su contra. La toma del Poder Judicial no garantizaba un proceso justo.

En 1993, el empresario Sergio Siragusa acusó a García de haber recibido una coima por la construcción del tren eléctrico. El supuesto testaferro, Alfredo Zanatti, declaró años después que fue presionado por el régimen fujimorista para testificar contra García, y fue condenado por participar en el complot.

El proceso por la masacre de El Frontón, por la que fueron procesados 34 marinos, aún no llega a su fin. El vicealmirante (r) Luis Giampietri, uno de los responsables de la operación, fue elegido vicepresidente en la plancha de García en el 2006.

El fallecido ex ministro Agustín Mantilla fue otro allegado a García que fue sentenciado. Con la caída de Fujimori salió a la luz un video en el que Mantilla recibe del ex asesor Vladimiro Montesinos US$30 mil dólares. Se reveló que el aprista guardaba en cuentas en el exterior US$2,8 millones de origen ilícito. Fue condenado a prisión.