El expresidente Alberto Fujimori cumple condenas por varios delitos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. (Foto: GEC)
El expresidente Alberto Fujimori cumple condenas por varios delitos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. (Foto: GEC)
Redacción EC
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El Poder Judicial continuará el próximo jueves 25 y viernes 26 de noviembre, desde las 3:00 pm., la lectura de la resolución que decidirá si abre proceso o archiva la denuncia contra el expresidente (1990-2000) y otros por el caso esterilizaciones forzadas.

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La audiencia será dirigida por el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado del Poder Judicial, Rafael Martínez. Como en ocasiones anteriores, la lectura del fallo se llevará a cabo en español y con traducción al quechua.

El magistrado también informó que si no se culmina con la lectura, la audiencia continuará los días jueves 2 y viernes 3 de diciembre. En las cuatro fechas, la sesión se prolongará hasta las 8 o 9 pm.

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En la audiencia de este sábado se expusieron documentos e informes periodísticos que citaban diversas irregularidades del programa de planificación familiar, así como los testimonios de varios afectados.

Entre las irregularidades se mencionaron que algunos permisos para realizar las cirugías habrían sido condicionados mediante el ofrecimiento de alimentos, dinero en efectivo o ser atendidos en centros de salud.


Como se recuerda, en este caso está imputado Alberto Fujimori junto a sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga -actual congresista de Fuerza Popular-, entre otros.

Son cinco las víctimas por el delito de lesiones graves seguidas de muerte. Sin embargo, a los investigados se les imputa también el delito de lesiones graves contra otras 1.300 víctimas.

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Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.

Además, indicó que habría evidencia en los documentos que solicitaban a los pacientes sus consentimientos a la práctica de la esterilización pero no se redactaron en quechua ni se respetó su idiosincrasia familiar y religiosa.

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