“La cara de lucha anticorrupción tiene que ser el presidente”

A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra hoy, El Comercio conversó con el contralor general de la República, Fuad Khoury. “Para hablar de corrupción –nos dice– hay que saber. Y la experiencia de la lucha contra la corrupción la tiene esta institución y, obviamente, el contralor”. “Nosotros somos los especialistas en luchar contra la corrupción”, añade. 

—¿Y no lo es la fiscalía? 
La fiscalía ve todo tipo de delitos. En la contraloría solamente vemos corrupción de funcionarios públicos. 

—¿Ha tenido algún efecto la ley que elimina la prisión suspendida cuando la condena es por corrupción [la norma fue aprobada a principios de este año]? 
Hay algunos casos. Por ejemplo, a un juez se le ocurrió cambiar la condena impuesta a un alcalde condenado por apropiarse de jornadas laborales: se inventó que en el Perú había una pena de trabajo comunitario. ¡Esto es un escándalo! Cómo nos hemos acostumbrado a la impunidad y los jueces también. 

—¿A qué se refiere? 
Hemos denunciado por corrupción a 7.500 funcionarios, de los cuales 560 han sido condenados, y solo 33 han ido a la cárcel. El próximo gobierno tiene que ver la manera de analizar cómo debe funcionar el Poder Judicial, porque un país sin justicia no es un país viable. 

—¿No existe la posibilidad de que esto se deba a deficiencias en las denuncias de la contraloría?
Una de las preocupaciones de la institución es modernizarse, y hacerlo en todas las etapas de la lucha contra la corrupción. Hemos fortalecido nuestra procuraduría de tal manera que de tener un 30% de efectividad de casos en el 2009, ahora la contraloría gana el 80% de los juicios que inicia. 

—¿Cómo se explica entonces esta brecha entre el número de denuncias que hace la contraloría y el de funcionarios condenados? ¿Dónde está el problema? 
Hemos escuchado que el Poder Judicial no tiene capacidad operativa, que no es nuestro problema... bueno, es el problema del país y me preocupa. También me preocupa que nadie se haya dado cuenta de que de los 560 casos de corruptos condenados, casi nadie va a la cárcel. Eso significa que dentro de la cadena de lucha contra la corrupción hay alguien que no está haciendo su trabajo. 

—¿Qué eslabón de esta cadena está fallando? 
La contraloría no es la entidad que va a resolver los problemas de todo país. Hay varias instancias que deben cumplir su rol: el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. 

—¿El Ejecutivo? 
Este es un Estado unitario y presidencial. Si yo fuera el presidente de la República, haría como cualquier gerente: le doy la importancia debida. Falta carácter, falta liderazgo. No es posible que el presidente del Poder Judicial esté mirando por encima del hombro a la corrupción. En el 2012 se pronosticó que el Perú puede pasar a una ‘mexicanización’ si seguimos mirando por encima del hombro a la corrupción.

 —Entonces es en el Poder Judicial donde los casos se caen. 
La intensidad de la contraloría es como 100 en la lucha contra la corrupción: no hay caso, mediano o grande, que se nos escape. 

—¿Y qué pasó en Áncash? 
Tuvieron que pasar 7 años para que César Álvarez fuera detenido. En más de una oportunidad pusimos el grito en el cielo respecto a Áncash. El problema es que si fiscales y jueces se incorporan a una red, y si el Estado presidencialista no la ve, Álvarez hizo lo que le dio la reverenda gana. Los jueces de Áncash se iban a Estados Unidos, Orlando, Disneylandia con sus familias. En el 2009, hicimos la Operación Cóndor y detectamos zonas rojas de corrupción. ¿La contraloría estuvo dormida? ¡Hay presidentes regionales presos por nuestros informes! 

—¿En qué consistió esa participación de la contraloría? 
El Gobierno Regional de Áncash cayó por nuestra intervención: cuando les cerramos las cuentas en enero [del 2014], empezó a caer como un castillo de naipes. Todo el mundo empezó a correr, como las ratas cuando ven que el barco se hunde. Y ahí fue que Álvarez cayó. 

—¿El sistema de justicia debe funcionar como el año pasado, cuando varios presidentes regionales cayeron presos? 
Nosotros cambiamos la forma antigua de hacer auditoría, que era ir a la caja chica, a la planilla. Por política, decidimos que a partir del 2012 solo íbamos a ver obras: ahí está la plata. Y no nos equivocamos. Hicimos una lista de las entidades de mayor riesgo de corrupción: para mí son 125. 

—¿Y cuáles son? 
Ministerios, organismos autónomos, gobiernos regionales y municipalidades de las capitales de departamento. Hay una relación inequívoca: entre mayor presupuesto, mayor corrupción. Bajo el paraguas de la descentralización, los gobiernos regionales pensaron que podían hacer los que les diera la gana. 

—¿Hay responsabilidad de los partidos en esto? 
Los partidos políticos no han incorporado gente profesional en los gobiernos regionales. Veamos el caso de Madre de Dios: el gobernador regional Luis Otsuka es un minero ilegal. Ese tipo de permisos nos estamos dando para gobernar el país. Hay cambios drásticos que hacer. En la medida en que no se fortalezcan los partidos no vamos a tener un buen manejo del país. 

—Con la seguridad ciudadana se suele decir que la policía hace su trabajo, pero que los problemas surgen en la fiscalía y en el Poder Judicial. ¿Se puede decir lo mismo en los casos de corrupción?
Yo creo que sí. La contraloría tiene ahora garras y dientes. Si yo veo riesgo de corrupción, ahora puedo cerrar cuentas. Es una medida extrema, pero necesitamos acciones intermedias: la contraloría debe poder intervenir. Si la SBS interviene los bancos para proteger los ahorros de todos los peruanos, la contraloría debería intervenir las entidades públicas para proteger el buen uso de los recursos públicos.

—¿Se deben aumentar las penas para luchar contra la corrupción? 
Mientras que el funcionario vea que su negocio de ser corrupto no es rentable, porque se va a la cárcel, se acabó la corrupción. Me dirán: pero hay que construir más cárceles. ¡Por supuesto, pues! Construir más cárceles nos ahorraría muchísimo dinero. 

—¿Qué mensaje les da a los candidatos presidenciales? 
Que asuman el liderazgo de la lucha contra la corrupción. La cara de la lucha contra la corrupción tiene que ser el presidente de la República, porque es el jefe de todos los peruanos, el gerente general, el presidente de directorio, el número 1. Las grandes guerras se ganan con liderazgo. Y hay que declararle la guerra a la corrupción, no he visto esa declaratoria. 

—¿Y esa es la labor del presidente de la República? 
Sí, no lo dude. Al próximo presidente de la República le recomiendo que defina sus batallas. 

—¿Esa labor la ejerció el presidente Ollanta Humala? 
No quisiera con mi voz herir susceptibilidades. Ha habido un buen intento de hacer las cosas, pero los resultados los estamos viendo todos los peruanos.

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