Caso Lava Jato: ¿quiénes son los investigados que abandonaron la prisión durante la cuarentena?

La pandemia de coronavirus (COVID-19), y la prolongada cuarentena para evitar su contagio, no solo ha replanteado la forma cómo se venía haciendo política en el Perú. Las indagaciones fiscales, entre ellas las del Caso Lava Jato, han sufrido alternaciones de forma y fondo con la finalidad de avanzar en los procesos, pero también de resguardar la salud de los investigados.

La reconfiguración más importante en torno a estos expedientes, que incluyen a más de una docena de políticos, exfuncionarios y empresarios, gira en torno a las órdenes de medidas restrictivas ordenadas para evitar obstrucciones en las pesquisas del Ministerio Público.

Así, a lo largo de los aproximadamente tres meses de cuarentena, un importante número de procesados solicitó el cese de las prisiones preventivas que se les impusieron por temor al contagio de COVID-19, lo cual ha sido cuestionado en repetidas oportunidades por el equipo especial Lava Jato.

A continuación, la lista de procesados por el Caso Lava Jato a los que se le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario o comparecencia con restricciones.

Keiko Fujimori

Sobre Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, pesaba una orden de prisión preventiva por 15 meses dictada en enero pasado por el juez Víctor Zúñiga, con lo cual estaba conminada, nuevamente, a permanecer recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el 30 de abril el recurso interpuesto por su defensa legal para que se varíe la referida medida por una de comparecencia con restricciones.

Tras ser excarcelada y pagar una caución de S/70 mil, fue sometida a una prueba de COVID-19 que dio como resultado negativo. Días después, cuestionó que la fiscalía haya solicitado la ampliación de la prisión preventiva de su exasesor Pier Figari.

Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos, entre otros, a raíz de los aportes que habría efectuado la empresa brasileña Odebrecht a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), partido político que también ha sido incluido en las pesquisas.

Jaime Yoshiyama

La defensa legal del exsecretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama logró el 6 de mayo que se varíe su prisión preventiva por el arresto domiciliario ante el riesgo de que contraiga COVID-19 en el penal Miguel Castro Castro. El también exministro pagó una caución de S/70 mil.

Esta era la segunda solicitud que cursaba durante el estado de emergencia para que se posibilite su excarcelación. Pocos días después de conocerse la resolución que ordenaba su salida del penal, se conoció que estaba contagiado de COVID-19.

Yoshiyama, investigado por presunto lavado de activos, es considerado por la fiscalía como parte del núcleo duro de la supuesta organización criminal infiltrada en Fuerza Popular para recepcionar aportes de Odebrecht.

En noviembre del 2019, su abogado, Humberto Abanto, señaló que Yoshiyama buscó a su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki para que encuentre aportantes falsos para la campaña del 2011, aunque rechazó que el dinero haya sido ilícito o entregado por Odebrecht.

Pier Figari

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó el pasado 14 de junio la ampliación de prisión preventiva por 12 meses que se había dictado recientemente contra el exasesor de Keiko Fujimori. En su lugar, dictó comparecencia con restricciones.

Pier Figari cumplió reclusión por un plazo de 18 meses desde noviembre del 2018, siendo excarcelado el último miércoles. La ampliación de la medida restrictiva se produjo a causa de que la fiscalía aducía que había especial dificultad en la investigación al haberse presentado más actos de indagación y mayor número de procesados.

Para el Ministerio Público, Figari Mendoza también habría sido parte del núcleo duro de la supuesta organización criminal que se instauró al interior del partido político de Keiko Fujimori. Era el último investigado del Caso Fuerza Popular que permanecía con prisión preventiva.

Susana Villarán

El 30 de abril, la Primera Sala Penal de Apelaciones dispuso variar la prisión preventiva que venía cumpliendo la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por el arresto domiciliario.

La exburgomaestre, internada en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos desde el 15 de mayo del 2019, tuvo que esperar trece días desde que se conoció la orden judicial a su favor para ser llevada a su domicilio en Lurín. La demora se debió a problemas burocráticos.

La decisión de excarcelar a Villarán de la Puente recayó en el riesgo de que se infecte de COVID-19 en prisión. Para ello, la sala también tomó en cuenta la edad de la procesada (70 años), así como “las enfermedades que padece, esto es, lupus eritematoso e hipertensión arterial”.

Susana Villarán es investigada por haber presuntamente haber recibido aproximadamente US$10 millones de las constructoras OAS y Odebrecht para sus campañas contra la revocatoria y la reelección a Lima.

César Villanueva

El Poder Judicial reemplazó la prisión preventiva del ex primer ministro César Villanueva por el arresto domiciliario, por un plazo de 18 meses, ante la posibilidad de que se contagie de COVID-19 en el penal Miguel Castro Castro.

Para adoptar dicha decisión, la Primera Sala de Apelaciones consideró las enfermedades preexistentes del también exlegislador, así como los riesgos que corría su salud en prisión. Además, se le impuso el pago de una caución de S/100 mil.

La fiscalía le atribuye al exgobernador regional de San Martín los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita, pues se señala que habría recibido pagos de Odebrecht para beneficiarla con la licitación de la carretera San José de Sisa.

Richard James Martín Tirado

El 15 de abril, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria varió la orden de 18 meses de prisión preventiva en contra del exárbitro Richard James Martín Tirado y le impuso detención domiciliaria.

La excarcelación del abogado se dispuso a causa de que padece hipertensión arterial y diabetes, cuadro médico que lo convierte en población vulnerable ante el eventual contagio de COVID-19.

Quince días después, la Sala Penal Anticorrupción confirmó el arresto domiciliario, así como el pago de una caución de S/50 mil.

La tesis del Ministerio Público apunta a que el exárbitro habría recibido pagos para fallar a favor de Odebrecht en 26 laudos que tuvo con el Estado peruano por proyectos como los de las carreteras Interoceánica o San José de Sisa.

José Miguel Castro

La fiscalía sostiene que José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, habría sido el segundo al mando de una organización criminal, encabezada por Susana Villarán, que recibió aportes Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria y la reelección municipal.

Pese a ello, el 16 de mayo se ordenó variar la prisión preventiva por 24 meses que venía cumpliendo desde mayo del 2019 por el arresto domiciliario extendido a 12 meses.

Entre los argumentos esgrimidos por la defensa de Castro se mencionó los problemas de salud que padece (asma e hipertensión arterial), así como las condiciones del penal Castro Castro de cara a la pandemia del coronavirus.

En la actualidad se conoce que Castro es aspirante a colaborador eficaz. El exfuncionario edil viene brindando información ante el equipo especial Lava Jato sobre la participación del empresario chileno Gerardo Sepúlveda y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el Caso Rutas de Lima.

Luis Pebe Romero

Entre los investigados favorecidos en segunda instancia figura el abogado Luis Pebe Romero. El 16 de mayo, la Sala Penal Anticorrupción le varió la prisión preventiva por el arresto domiciliario como parte del Caso Arbitrajes. Once días antes, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había declarado infundado su pedido de cese de prisión preventiva, resolución que venía cumpliendo en el penal Ancón I.

Para sustentar su excarcelación, adujo padecer hipertensión arterial, diabetes, hipotiroidismo, obesidad y depresión. Pebe es uno de los árbitros investigados por presuntamente haber favorecido a Odebrecht con laudos arbitrales en desmedro del Estado peruano a cambio de coimas.

Víctor Suelpres

El 14 de mayo, la Sala Penal de Apelaciones varió la prisión preventiva de Víctor Suelpres, exfuncionario del Gobierno Regional del Callao y mano derecha del exgobernador Félix Moreno, por una orden de arresto domiciliario.

Suelpres es investigado por las presuntas coimas pagadas por Odebrecht para la adjudicación del proyecto Costa Verde Callao. La fiscalía le atribuye los presuntos delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible.

Para abandonar el penal de Ancón I, el exgerente chalaco adujo padecer problemas de diabetes y obesidad, por lo que se encontraría en la población de riesgo ante el contagio de COVID-19.

Luis Pardo Narváez

Hasta dos instancias del Poder Judicial coincidieron en que el abogado Luis Pardo Narváez debía cumplir 18 meses de prisión preventiva a causa de los supuestos sobornos que le habría entregado Odebrecht para que favorezca a la empresa brasileña en su labor como árbitro.

Sin embargo, dicha prisión preventiva fue variada por el arresto domiciliario a raíz de que Pardo justificó tener diabetes y ser parte de la población vulnerable ante un posible contagio de COVID-19.

El pasado 16 de mayo, la Sala Penal Anticorrupción confirmó la resolución a favor del abogado, quien es investigado por presunto cohecho pasivo específico, entre otros delitos.

Jorge Peñaranda

El Poder Judicial dispuso que Jorge Peñaranda deje la prisión preventiva por el arresto domiciliario en cumplimiento de las recomendaciones dadas durante el estado de emergencia para evitar contagios de COVID-19, la avanzada edad (77 años) del procesado y por acreditarse la existencia de enfermedades preexistentes como hipertensión arterial y coronaria.

La decisión, adoptada el 9 de mayo, contó con la conformidad del equipo especial Lava Jato. A Peñaranda se le impuso el pago de una caución de S/20 mil.

Asimismo, al empresario se le investiga por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht cuando se desempeñaba como representante del Consorcio Nororiental Vial Sur y Alpha Consult en el período 2011-2014, motivo por el cual se le imputan los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos.

Víctor Muñoz Cuba

Víctor Muñoz Cuba fue excarcelado el 30 de marzo último. El sobrino del exviceministro Jorge Cuba es investigado por el Ministerio Público por presunto lavado de activos como parte del Caso Metro de Lima.

Su liberación se produjo luego de que cumpliera los 18 meses de prisión preventiva que se le dictaron el 29 de setiembre del 2017. Ante la finalización del plazo, la fiscalía solicitó que la medida restrictiva se alargue por 12 meses más.

Sin embargo, el Poder Judicial resolvió que Muñoz cumpla arresto domiciliario por ese mismo plazo a causa de que aún persisten los presupuestos necesarios para considerar que existe peligro de obstaculización y de fuga.

Según la fiscalía, Víctor Muñoz estaría implicado, al igual que Edwin Luyo, Miguel Navarro Portugal, Mariella Huerta, Jessica Tejada y Jorge Cuba, en sobornos de Odebrecht para la adjudicación del Metro de Lima.

Weyden García Rojas

El abogado Weyden García Rojas también vio variada su suerte durante la cuarentena. En un primer momento, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó su pedido de excarcelación. Sin embargo, el 30 de abril la Sala Penal Anticorrupción cambió su prisión preventiva por el arresto domiciliario.

García Rojas es investigado por presuntamente haber laudado, en su rol de árbitro, a favor de Odebrecht a cambio de dinero. Por ello, el Ministerio Público le atribuye el presunto delito de cohecho pasivo específico.

El abogado sustentó condiciones médicas preexistentes, como hipertensión y arritmia cardíaca, por lo que adujo temer a un eventual contagio de COVID-19.

Alejandro Toledo

Aunque la decisión no fue tomada en el Perú, Alejandro Toledo también se vio favorecido con las medidas para evitar contagios de COVID-19. El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California (EE.UU.), le concedió libertad bajo fianza el 19 de marzo.

El expresidente, quien espera el desenlace de su proceso de extradición al Perú por los casos Lava Jato y Ecoteva, argumentó temer por su salud ante el avance de la pandemia.

Sin embargo, en abril se conoció que el otrora líder del partido político Perú Posible violó el arresto domiciliario hasta en cuatro oportunidades, por lo que recibió una advertencia por parte del magistrado Hixson.

Toledo, prófugo de la justicia peruana desde el 2017, está acusado de haber recibido hasta US$35 millones de Odebrecht a cambio de favorecerla con la adjudicación de obras de infraestructura en el período en el que fue presidente del Perú (2001-2006).

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