Fiscal de la Nación no investigará a congresista electa Mónica Saavedra

Mónica Saavedra, la congresista más votada de Acción Popular que presidirá la comisión encargada de la instalación del nuevo Parlamento, no será investigada por el despacho de la fiscal de la Nación, ante el cual había llegado la denuncia por no haber declarado en su hoja de vida una sentencia de violencia familiar.

Cabe anotar que esa omisión era motivo para ser excluida del proceso electoral extraordinario, lo cual no se produjo por haberse conocido el hecho fuera del plazo para que el Jurado Electoral Especial pudiera ejecutar la exclusión.

La denuncia había sido remitida a la Fiscalía de la Nación el 12 de febrero por la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima, la cual tras hacerse cargo de la carpeta fiscal resolvió inhibirse de ver el caso por supuestamente no tener competencia funcional debido a la condición de congresista electa de Mónica Saavedra.

Sin embargo, luego de evaluar dicha carpeta, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, consideró que los hechos atribuidos a quien encabezó la lista de Acción Popular por Lima “no fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como congresista , sino que ha tenido lugar durante el proceso de su postulación [...] por lo tanto no le asiste la prerrogativa constitucional del antejuicio político”.

En su disposición fechada el 28 de febrero y a la cual El Comercio tuvo acceso, la fiscal Ávalos señala que “debe evaluarse la conducta imputada desde la perspectiva de la presunta comisión de un delito conforme al procedimiento penal común”.

“En consecuencia -dice ella en la resolución- este despacho se encuentra imposibilitado de avocarse al conocimiento de los hechos atribuidos a la denunciada correspondiendo por ello, se devuelva los actuados de la presente carpeta fiscal a la Octava Fiscalía Provincial Penal para que proceda conforme a sus atribuciones”.

De tal forma, que el caso será visto por la citada fiscalía por tratarse de un presunto delito común, el mismo que estaría referido al de falsedad ideológica.

La resolución judicial omitida

El 20 de noviembre del 2013, un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada una demanda contra Saavedra y su expareja, Marko Soko, “en la modalidad de maltrato psicológico en agravio de su hijo”. El fallo judicial quedó consentido mediante una resolución del 3 de marzo del 2014 al no presentarse ninguna impugnación por parte de la demandada. Ella omitió esa información en su declaración jurada cuando postuló al Congreso.

El Jurado Electoral de Lima Centro 1, en vista que no pudo excluir a Mónica Saavedra de la elección congresal porque se había vencido el plazo para hacerlo, remitió el 13 de enero copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.

La defensa de Saavedra

Mónica Saavedra ha señalado que no declaró esa resolución porque “no aparecía en la ventanilla única” del JNE y que, al haber cumplido lo que disponía el juez -terapia psicológica- “consideré que ya no constituía una sentencia”.

“Habiendo sido una sentencia tutelar en el 2013 y siendo que había cumplido a cabalidad con lo estipulado en la resolución judicial, consideré que ya no constituía una sentencia, pues ni siquiera aparecía como antecedente. Ahora las sentencias de violencia familiar son de tipo punitivo, antes no. Esta sentencia ya estaba archivada”, indicó tras agregar que fue una “víctima” del Poder Judicial. “Yo nunca mentí a mis electores, yo no tengo ningún proceso de violencia familiar ejercida hacia mi menor hijo. Fui la denunciante y de denunciante pasé a ser denunciada”, dijo en una entrevista con Canal N.

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