El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, presentó este viernes un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en contra del expresidente y candidato al Congreso Martín Vizcarra Cornejo, según pudo confirmar El Comercio.
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, evaluará el pedido fiscal en una audiencia. Tras escuchar los alegatos de ambas partes, la magistrada tomará una decisión.
El ex jefe del Estado Martín Vizcarra es investigado por los presuntos sobornos que habría recibido de las constructoras Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) para la licitación del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo, respectivamente, cuando fue gobernador de esa región sureña (2011-2014).
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Ambas empresas están comprendidas en la investigación del fiscal Juárez Atoche por el llamado Caso ‘Club de la Construcción’.
En el requerimiento, Juárez le imputa a Vizcarra los delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio.
El reporte entregado por la operadora Telefónica es una nueva evidencia que se acumula contra el exmandatario. En este documento, según señala el fiscal en su pedido, se registra el tráfico de llamadas entre los números celulares de Vizcarra, el exministro de Agricultura e intermediario con las constructoras José Hernández, Rafael Granados de ICCGSA y Elard Paul Tejeda de Obrainsa. Las comunicaciones fueron antes y después de haberse adjudicado la buena pro para construir ambas obras en Moquegua.
Hace unos meses, El Comercio reveló que, en el caso de Lomas de Ilo, según el aspirante a colaborador eficaz N°10-2018, Vizcarra recibió un pago ilícito de S/1 millón del consorcio Obrainsa-Astaldi. Este dinero se habría entregado en dos armadas en el 2014, tras haber coordinado con Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, el valor de la obra para ganar la licitación.
Incluso parte de los presuntos sobornos se habría pagado a través del alquiler de una avioneta para un grupo de funcionarios bolivianos que viajaban de Lima-Ilo-Lima para reunirse con Vizcarra. El exmandatario le habría pedido a Tejeda que este servicio corra “a cuenta de lo pactado”. La coordinación para la cotización del viaje quedó sustentado a través de correos electrónicos.
Por el Hospital Regional de Moquegua, este Diario también reveló que el consorcio conformado por ICCGSA e Incot pagó al expresidente de la República S/1′300.000, según tres aspirantes. El dinero habría sido entregado en la casa del exministro José Hernández y en las oficinas de su empresa supervisora Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA).
El ahora candidato al Congreso por Somos Perú rechazó en aquella oportunidad las imputaciones y en reiteradas ocasiones señaló que se trataban de testimonios que buscaban “desestabilizar al país”. “Son presuntos casos de corrupción, los que he rechazado categóricamente, enfáticamente, y será a través de una investigación del Ministerio Público donde se aclarará con elementos fidedignos la falsedad de todo lo que ahí se ha dicho”, declaró en una conferencia de prensa.
No obstante, el 13 de noviembre del 2020, la jueza Álvarez Camacho le dictó 18 meses de impedimento de salida del país. El fiscal Germán Juárez había solicitado la medida al considerar que existía “un riesgo fundado de peligro de fuga” por parte de Vizcarra. Indicó que el expresidente contaba con “los ingresos suficientes para poder salir del país” y acotó que, tras haber sido vacado, “resulta ser un ciudadano más”.
La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios aseveró que los argumentos de la fiscalía “quedaron debidamente sustentados”. El exmandatario se allanó a la medida para no “obstaculizar” el proceso.
El abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, calificó la situación de “absolutamente indignante” y dijo que detrás hay un “cálculo político”. Remarcó que no se han incumplido las reglas de conducta a las que está sometido su patrocinado ni se ha “entorpecido” la investigación.
“Es absolutamente ilegal. Está haciendo su campaña yendo a diferentes partes del país. No existe ningún elemento de convicción que permita sostener que acá existe entorpecimiento de la actividad probatoria”, declaró a este Diario el defensor legal del expresidente y hoy aspirante a un escaño. Vizcarra, al cierre de esta edición, aún no se pronunciaba
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