El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 18 meses para los empresarios José Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Gonzalo Ferraro Rey, José Castillo Dibós y Fernando Gonzalo Camet Piccone, investigados por el presunto delito de lavado de activos en el caso “Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil”.
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A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó -la noche del lunes- que los exdirectivos de Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA “cuentan con la capacidad económica” para poder salir del país y de esta forma obstruir las investigaciones en su contra.
“El pedido fiscal se sostiene en que los investigados podrían obstruir la acción de la justicia porque cuentan con la capacidad económica para viajar a diversos países, como lo señalan también sus registros migratorios”, indicó el Ministerio Público.
La sustentación estuvo a cargo de Reyna More Chumacero, fiscal adjunta del equipo especial del caso Lava Jato.
More solicitó el pago de una caución de un millón de soles para cada uno de los empresarios, por su condición de altos exdirectivos de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA).
La fiscalía detalló que la audiencia del caso continuará el 26 de mayo a las 2:30 p.m. en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
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