Vladimir Cerrón: Estas son las ordenes de servicio con las que dispuso pagar a policías que le prestaban resguardo

Un total de S/70,000 pagó el gobierno regional de Junín, bajo las órdenes de Vladimir Cerrón y Fernando Orihuela, al suboficial de la Policía Nacional, Carlos Zárate Villalobos y otros dos efectivos más, por órdenes de servicio para “seguridad y custodia”, según documentos obtenidos por El Comercio.

La Fiscalía abrió investigación por unos S/30,000 que habrían recibido los agentes por concepto de “bonificación”, sin embargo, las órdenes de servicio a las que accedió este Diario demostrarían que se pagaron S/40,000 adicionales.

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El primer monto, según la Resolución Ejecutiva Regional N° 125-2019-GR-JUNIN/GR de fecha 24 de enero de 2019, firmada por Cerrón Rojas -a la que accedió El Comercio- resolvió “otorgar el pago por Bonificación Especial al Personal Policial que presta Seguridad y Resguardo a la persona del Gobernador Regional, para el periodo de 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019”.

El documento señala que mediante el Memorando N° 56-2019-GRJ/GRRPPAT la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informó que en el presupuesto del año fiscal 2019 sí existía recursos para el pago de dicha bonificación a los efectivos policiales que saldrían de los “recursos ordinarios”. Es decir, dinero que le pertenece al Estado.

Ello, pese a que la ley indica que los funcionarios públicos no pueden desempeñar o cumplir más de una labor pública, salvo la docencia.

Ese año, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Carlos Zárate Villalobos, recibió durante el 2019, un pago mensual de S/1,000 bajo órdenes de servicios, haciendo un monto de S/12,000. Mientras que Edwin Mamani Cáceres, según sus órdenes de servicio recibió S/10,000 e Yrineo Perales López recibió S/9,000 por nueve meses.

Es decir que, entre los tres habrían recibido S/31,000 bajo órdenes de servicio por prestar seguridad al gobernador regional de Junín, en ese entonces, Vladimir Cerrón.

El fundador de Perú Libre ejerció como gobernador de Junín desde enero del 2019, pero su gestión duró solo hasta agosto de ese mismo año, debido al proceso judicial que terminó con una condena por corrupción e inhabilitación para desempeñar cargo público en su contra.

Pese a ello, debido a una resolución ejecutiva, los pagos se siguieron dando para los efectivos policiales que pasaron a dar resguardo a su sucesor Fernando Orihuela.

Al término de dicho año, Orihuela Rojas, firmó otra resolución ejecutiva regional (Nro. 111-2020-GRJ-GR) en la que dispuso ampliar por un año más el pago de la “bonificación especial” a los tres efectivos policiales por prestarle seguridad y resguardo como Gobernador Regional.

El nuevo periodo se daría entre el 1 de enero del 2020 al 31 de mayo del 2020. No obstante, las órdenes de servicio con los pagos mensuales de S/1,000 a cada uno de los policías se dio hasta diciembre del 2020. El único mes que no se registran el pago de las órdenes de servicio fue en el mes de marzo.

Ese año, los tres efectivos policiales recibieron, según las órdenes de servicio, un total de S/33,000.

El suboficial Zárate Villalobos, según OSCE y dos resoluciones ejecutivas regionales firmadas por Orihuela Rojas, también continuó recibiendo pagos de S/1,000 mensuales entre marzo y julio del 2021, por un monto de S/6,000.

Es decir que, entre enero del 2019 -con la gestión de Vladimir Cerrón- y en los periodos de enero a diciembre del 2020 y desde marzo del 2021 a julio del 2021, el suboficial Zárate Villalobos recibió en total S/29,000 por concepto de bonificación especial por prestar resguardo. Mientras que, Mamani recibió S/21,000 y Perales López, según las órdenes de servicio, recibió S/20,000.

Ello, hizo un total de S/70,000 los que salieron de las arcas del Gobierno Regional de Junín para entregarles la bonificación a los efectivos policiales que; además, cobraban un sueldo mensual de la Policía Nacional.

Tal como lo ha indicado el Ministerio Público, según el artículo 40 de la Constitución Política establece que “ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno o más por función docente”.

Por ello, la emisión de las resoluciones ejecutivas de los exgobernadores regionales, así como las órdenes de servicio, violarían dicho mandato constitucional.

La fiscalía abrió una investigación por presunta negociación incompatible contra Cerrón Rojas, Orihuela Rojas y Zárate Villalobos por una primera parte de los pagos.

Este Diario trató de recoger la versión de los tres policías, pero en el área de prensa de la PNP indicaron que mientras duren las investigaciones no estaban autorizados para declarar. También buscó la versión a través de la Macroregión Policial de Junín, pero no respondieron hasta el cierre de este informe.

Este diario se comunicó con tres abogados de Cerrón Rojas. Solo el abogado Raúl Noblecilla respondió a nuestro llamado e indicó que ante los diversos hechos y la coyuntura, “los descargos correspondientes harán donde corresponda”, ya que -dijo- los medios no son tribunales.

“Tenemos que ser cuidadosos. Lo único que le puedo responder es que todo se aclarará. La defensa viene trabajando con responsabilidad y siempre respetando la autoridad, pero respetamos el derecho a un proceso justo y donde se respeten la igualdad de armas”, anotó.

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