Karelim López y Bruno Pacheco: las razones del juez para ordenar los allanamientos por el Caso Provías

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyó Zavaleta ordenó el allanamiento a las viviendas y otros inmuebles vinculados a la empresaria Karelim López, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y diversas empresas, en el marco de la investigación seguida en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias en Provías Descentralizado, según resolución obtenida por El Comercio.

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La medida, solicitada por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, fue emitida por 48 horas con la finalidad que se realice el allanamiento con fines de incautación de información, documentos, aparatos electrónicos, teléfonos, revisión de vehículos, y otros, que puedan estar vinculados a la investigación.

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Las diligencias fiscales también alcanzan a los investigados Víctor Valdivia Malpartida y Edgard Vargas Más, miembros del comité de licitación del proyecto Puente Tarata III. Además de Víctor San Miguel Velásquez (representante del Consorcio Puente Tarata III), Héctor Pasapera López (gerente general del Grupo Arcose y representante del Consorcio Puente Tarata III) y George Pasapera Adrianzén (gerente general de Tarmirex SAC).

Karelim buscó a Castillo en Breña

El juez Chuyo Zavaleta dio por acreditados los elementos necesarios para dictar la medida de allanamiento, sobre todo, tras leer la declaración del testigo Alejandro Sánchez Sánchez, quien estuvo el día 19 de noviembre en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, hasta donde llegó la empresaria.

La visita, cabe recordar, se produjo después del ortorgamiento de la buena pro al consorcio asesorado por López Arredondo y días previos a la firma del contrato, según un video que fue difundido por el programa Cuarto Poder.

Según lo declarado por Sánchez Sánchez, Karelím López llegó la noche del 19 de noviembre hasta la casa de Breña, en busca del presidente Pedro Castillo, para entregarle unos documentos.

“La imputada Karelim López Arredondo habría acudido al referido inmueble con la intención de buscar al señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, para entregarle unos documentos y si bien el testigo indica que no lo habría encontrado, menciona que la imputada se habría entrevistado con el sobrino de dicho alto funcionario, la persona de Fray Vásquez indicando: Fray me dijo que había llegado a la casa en busca del presidente que quería dejarle unos documentos, pero no lo encontró”, se reseña de la declaración brindada por el testigo.

El sustento

En el documento, de 40 páginas, se detalla los vínculos de los investigados con funcionarios de Provías y las diversas visitas que realizaron en fechas claves del proceso de licitación de la obra Puente Tarata III.

Según lo declarado por Luis Pasapera Adrianzén, Karelim López se encargaba de realizar seguimientos a los procesos a los que se presentaban y las coordinaciones con la entidad para las reuniones. Luego, elaborada informes que eran presentados ante Héctor Pasapera López, gerente de la empresa Grupo Arcose SAC.

Entre los hechos que se menciona en el documento judicial figuran las visitas que Karelim López realizó a funcionario de Provías, así como a Bruno Pacheco. Además, se advierte la mínima diferencia con la que el ganador se hizo de la obra y la propia adjudicación de la obra al consorcio asesorado por la empresaria, pese al voto en discordia del presidente del comité licitador, tal como lo informó El Comercio.

Además, según las diligencias fiscales, el día 6 de octubre (un día antes de que los postores presenten sus ofertas), los funcionarios Valdivia Malpartida y Vargas Mas -integrantes del comité licitador- convocaron a un reunión en la que acordaron posponer la fecha para el 12 de octubre.

Ese mismo 6 de octubre, se indica en el documento, Marco Antonio Pasapera Adrianzén -hermano de George Pasapera, gerente de Tarmirex SAC- ingresó a la Gerencia de Obras de Provías Descentralizado en la que laboraba el integrante del comité licitador Vargas Más.

Además, se pone de relevancia que al 7 de octubre, la empresa Tarmirex SAC -que integraba el consorcio Puente Tarata III y que resultó ganador- “no contaba con la certificación de vigencia de poder para que lo presente en la oferta de licitación pública”.

Funcionario promovido iba a dar conformidad de ejecución contractual

Otro indicio que se reseña en la resolución judicial es la familiaridad de los personajes asesorados por Karelim López.

Se trata de Nelly Vargas Pasapera, hermana de Segundo Vargas Pasapera, quien fue una de las personas que acudió junto a la empresaria el 13 de setiembre en la sede de Provías, acompañada por Luis Carlos Elías Pasapera y otros personas para entrevistarse con Gabriela Mendoza de la Subdirección de Conservación de Provías Nacional.

Por esa fecha, el proceso de licitación se encontraba en la etapa previa a la presentación de ofertas de los postores.

“De esto se desprende que la investigada Karelim López Arredondo, a través de sus interrelaciones personales, también tendría nexos que la acercarían y vincularían con los miembros del comité de selección de la licitación en cuestión de Provías Descentralizado, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas, y con altos funcionarios de Provías Nacional”, se indica.

Otro aspecto que se resalta es que los investigados Víctor San Miguel Velásquez y Héctor Pasapera López, representantes del Consorcio Punte Tarata III, figuran como representantes del Consorcio Vial Pro.

El dato es trascendental puesto que el 13 de setiembre del 2021, Karelim López acudió ante Provías Nacional y se presentó como representante del Consorcio Vial Pro, e ingresó con Luis Elías Pasapera Adrianzén, Segundo Vargas Pasapera, Beatriz Coello Palomino y Miguel Pérez Preciado para una reunión con la funcionaria Gabriela Mendoza Azpur de la Subdirección de Conservación de Provías Nacional.

Las resolución también remarca que, tras la licitación del Puente Tarata III al consorcio asesorado por Karelim López, los integrantes del comité de licitación Víctor Valdivia y Edgar Vargas Mas, fueron promovidos a otros cargos.

Valdivia fue designado como Director Ejecutivo de Provías Descentralizado vía una resolucón siscrita por el ministros del MTC, Juan Francisco Silva y a Vargas se le encargó la Genrencia de Obras de Provías Descentraliza, la encargada de ejecutar la obra licitada a favor de López Arredondo.

“La Gerencia de Obras que se encomendaba ahora a Edgard Vargas Mas, viene a ser precisamente el área usuaria de la obra Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el río Huallaga-Mariscal Cáceres-Región San Martín, adjudicada al Consorcio Puente Tarata III por dicho funcionario. Por ende, dicha dependencia de obras a cargo de Edgard Vargas Mas viene a la responsable de dar conformidad de obra al Consorcio proveedor durante la etapa de ejecución contractual”, se manifiesta en el documento.

Medida necesaria y proporcional

Según el juez Chuyo Zavaleta, la medida de allanamiento a diversos inmuebles es razonable e idónea, pues las actuaciones en el presente caso deben ser analizadas de manera conjunta pues suponen el reflejo de un presunto acuerdo concertado y de un decisión de actuación común.

Además, se tiene en cuenta que Karelim López podría estar ocultando información de los presuntos hechos delictivos -que se sustenta en la entrega de un celular con poca información- más aún cuando en la diligencia de verificación domiciliaria no entregó otro equipo telefónico y no se tuvo acceso a equipos de cómputo, cajas fuertes, vehículos, etc.

“Siendo además previsible que esta negaría el ingreso (a dichos equipos y bienes) debido a que con la aparente entrega del celular habría evidenciado el ocultamiento de la información que podría poseer”, señaló el magistrado.

Mientras que en el caso se Bruno Pacheco y el resto de investigados también se encuentran relacionados con hechos que revisten de apariencia delictiva.

Cabe precisar que el magistrado rechazó el pedido para la grabación de comunicaciones y la geolocalización de las líneas telefónicas de todos los investigados.

Sin embargo, dispuso el allanamiento, descerraje e incautación a dos inmuebles y tres vehículos vinculados a Karelim López Arredondo. Un inmueble y un vehículo de Bruno Pacheco, un inmueble y vehículo de Víctor Valdivia Malpartida, un inmueble de Edgar Vargas Mas.

Mientras que para Víctor San Miguel Velásquez se dispuso el allanamiento de una vivienda y un vehículo, para George Pasapera Adrianzén su inmueble y vehículo, a Héctor Pasapera López un inmueble y dos vehículos. Además, se dispuso el ingreso a los inmuebles de Termirex SAC, la empresa Tableros y Puentes SA sucursal Perú, la empresa HB Estructuras Metálicas SAS Sucursal Perú y Grupo Arcose SAC.

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