Pedro Castillo fue denuncia por la procuraduría (Foto: Julio Reaño/Grupo El Comercio)
Pedro Castillo fue denuncia por la procuraduría (Foto: Julio Reaño/Grupo El Comercio)
Redacción EC

El procurador general del Estado, , denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Karelim López, con quien el jefe de Estado se reunió en varias oportunidades.

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Según la denuncia, las reuniones entre la empresaria Karelim López y el presidente Castillo se habrían realizado para que el mandatario intercediera a fin de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.

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La decisión del procurador se conoce horas después de que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima iniciara un operativo simultáneo de allanamiento y registro personal de inmuebles y bienes Karelim López y el ex secretario presidencial Bruno Pacheco como parte de la investigación por tráfico de influencias.

Esta es parte de la denuncia del procurador Daniel Soria
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Soria advierte una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente Castillo “también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que se viene investigando actualmente por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima, en la cual vienen siendo investigado el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo”.

“Algunas de las reuniones que se mencionan en la denuncia se realizaron en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña. Cabe resaltar que la Procuraduría General del Estado solicitó información sobre estas reuniones al secretario general del despacho presidencial, quien informó en dos ocasiones que no tenía registro de las reuniones que allí se llevaron a cabo”, indicó la Procuraduría.

En el documento, Soria solicita a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que una vez abierta la investigación no la suspenda, pues sostiene que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado.

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