(Foto: Poder Judicial)
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María Isabel Álvarez

El juez Víctor Zúñiga reprogramó el inicio del control de acusación contra la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, , por el caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales del 2011 y el 2016.

Zúñiga tomó la decisión en la audiencia en la que se tenía previsto comenzar esa etapa procesal.

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Advirtió que el Ministerio Público debía subsanar el documento de la acusación. Para esto, el despacho del fiscal José Domingo Pérez contará con un plazo de 10 días.

El juez resolvió que la nueva audiencia para iniciar el control de acusación será el miércoles 29 de setiembre a las 9 a.m.

“Ordeno que el Ministerio Público integre su requerimiento acusatorio en el plazo de 10 días hasta el 14 de setiembre, se correrá traslado de tal manera que esta audiencia se programará al onceavo día para el 29 de setiembre desde las 9 de la mañana a las 13 horas y de 15 a 18 horas, y el 30 de setiembre”, indicó.

Incorporación de colaboradores

El magistrado pidió a la fiscalía que incluyera en la acusación a los 14 aspirantes a colaboradores eficaces del caso de los aportes al partido Fuerza Popular.

El fiscal Pérez debe determinar si esos investigados son acusados o se solicita el archivo de sus procesos, pero indefectiblemente deberán ser incluidos en el documento de la acusación.

El pronunciamiento del juez se dio después de que la defensa de los acusados pidiera que antes de comenzar el control de acusación se resuelva si los acuerdos de colaboración de los aspirantes serán validados.

Por su parte, la fiscalía solicitó que la audiencia se suspendiera para notificar a los aspirantes a colaboradores sobre la acusación y puedan participar del proceso judicial.

Se debe señalar que aún no existe una decisión del juez sobre los aspirantes a colaboradores eficaces, es decir si se aprueba o no sus procesos especiales. Si Zúñiga aprueba dichos acuerdos de colaboración, después se podría solicitar que se les excluya de la acusación, en caso la fiscalía decida acusarlos.

El fiscal Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori y otros 39 acusados por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Fuerza Popular en el 2011 y 2016.

Para la fiscalía, al interior del partido político existió una red criminal, encargada de ocultar financiamiento ilícito para las campañas electorales a través de aportantes falsos, quienes han declarado en contra de Keiko Fujimori y otros implicados.

Fujimori fue acusada de los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

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