Los Dinámicos del Centro: Fiscalía afirma que dinero ilícito financió campaña de Perú Libre

Unidad de Investigación

Tras dos días de reprogramaciones, finalmente la juez July Baldeón inició ayer la evaluación del pedido de prisión preventiva contra 20 investigados del Caso Los Dinámicos del Centro, presunta organización criminal dedicada a la emisión irregular de licencias de conducir que se habría enquistado en el Gobierno Regional de Junín.

Durante casi cinco horas, la fiscal Bonnie Bautista sustentó la primera parte del pedido que involucra a dirigentes del partido Perú Libre (PL) y funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). Para su denuncia, se basó en conversaciones extraídas de escuchas telefónicas legales, pero también en testimonios claves de tres aspirantes a colaboradores eficaces.

Según la tesis fiscal, la estructura de la presunta red criminal funcionaba, por un lado, para captar postulantes que buscaban sacar sus brevetes, de quienes “obtenían sendas sumas de dinero”; por otro, para el “direccionamiento y favorecimiento en la contratación de personal bajo la modalidad CAS a personas afines” a PL. El objetivo, señaló Bautista, fue financiar la campaña política del partido por el que postuló Pedro Castillo.

“¿Cuál era el objetivo? Financiar la campaña política del partido de turno en esta gestión 2019-2022 que, como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y las elecciones congresales. Actividad que se habría incrementado en abril del año 2021 a consecuencia de que este partido político pasa a la segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma”, expuso.

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Las declaraciones

La representante del Ministerio Público sostuvo que, respecto de los presuntos aportes a Perú Libre, cuenta con los testimonios de aspirantes a colaboradores, entre ellos los Nº 01-2021 y Nº 02-2021. El primero contó que Waldys Vilcapoma, director de la DRTC de la sede Satipo, fue uno de los encargados de juntar el dinero para la campaña.

“El señor Waldys Vilcapoma, una vez que lo sacan de la DRTCJ, lo envían como jefe de Evaluación a la ciudad de Satipo-Río Negro con la finalidad de seguir recaudando fondos para la campaña de Perú Libre, donde ha estado desde su salida como director”, sostuvo.

Además, indicó que “luego la señora Marina Vásquez [jefa del Área de Personal de la DRTC] es la que coordinaba todo con el señor Waldys y con el director Eduardo Bendezú y con el señor Eduardo Reyes Salguerán”. Ellos ocuparon cargos de confianza en el GORE de Junín y, dentro de la presunta red criminal, se habrían desempeñado como “colaboradores”.

En un segundo testimonio recogido por la fiscalía, el aspirante señaló que, “después de la primera vuelta en abril o mayo del 2021, Richard Mendoza Ticse dijo que quería nombres para apoyar el examen de manejo categoría AE y A2B, porque necesitaba plata” para PL. “Le está exigiendo Francisco Muedas, que era jefe de licencias, lo que motivó a que los funcionarios encargados de las evaluaciones empiecen a incrementar las personas a las cuales tenían que favorecer”, añadió.

Asimismo, señaló que existieron “ofrecimientos a otros investigados que cuando entre el partido Perú Libre a la Presidencia de la República van a hacer todo lo posible para librarlos”.

De esta manera, según el aspirante, se llegaron a favorecer “de 35 a 45 personas por día” para los exámenes de manejo y “de 30 a 40 personas diariamente” para los de conocimiento. Bautista detalló que el monto mínimo que se cobraba por cada postulante al día era de S/500.

Esto fue secundado por otro aspirante a colaborador eficaz, con código provisional Nº 03-2021, quien indicó que otro de los implicados “se encargaba de recibir nombres de usuarios para ser apoyados en la emisión de licencias en el año 2020, cobrando la suma de S/500 por usuario”.

“Si hacemos un conteo de todo lo que se habría recaudado en una semana, por lo menos llegamos a los S/35.000 o S/40.000 [...] era un fondo para la presunta organización criminal destinada hacia arriba”, señaló la fiscal.

Para Bautista, esto evidenciaría que el dinero que ingresó a la campaña fue irregular. “La orden fue que se recauden sumas de dinero a toda costa para financiar en el año 2020 y 2021 la campaña política. Establecido está que, en este caso, dinero maculado ha ingresado producto del cobro de coimas a este partido político presuntamente”, agregó.

Sobre la contratación de personal que era para los militantes de PL, el aspirante N° 01-2021 contó que se sintieron “obligados” a apoyar al partido “por el temor a que nos cambien de puesto o nos arrinconen”. “Cuando entraron a la segunda vuelta, ellos decían que eran gobierno y que el señor Eduardo Bendezú seguiría como ministro de Transportes, ya se estaban distribuyendo los puestos de trabajo”, declaró.

El modus operandi

Para otorgar ilícitamente los brevetes, los postulantes eran captados por “jaladores”. Ellos contactaban con “tramitadores” que tenían escuelas de manejo y vínculos con los funcionarios de la DRTC, quienes eran los “enlaces”.

De esa manera, explicó la fiscal, elaboraban una lista diaria de quiénes serían los beneficiados. Dependiendo de las sumas de dinero recibidas, obtenían sus licencias de conducir en unos días. A raíz de ese “dinamismo”, surge el nombre de la red criminal.

“Tú pagas y todo sale de forma rápida. En el procedimiento ordinario, dos o tres meses. Bajo el dinamismo de estos integrantes, lo puedes obtener en dos o tres días, o en una semana, dependiendo de cómo sea el apoyo que se aporte con tal finalidad”, explicó.

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