El 18 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación cerró la investigación, pero ésta recién fue informada a la Procuraduría General del Estado un año después. (Foto: Twitter)
El 18 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación cerró la investigación, pero ésta recién fue informada a la Procuraduría General del Estado un año después. (Foto: Twitter)
Redacción EC
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El procurador general del Estado, Daniel Soria, pidió mediante un escrito a la fiscal de la Nación , que reabra la carpeta fiscal e inicie una nueva investigación contra , en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por el .

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El exmandatario era investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y de forma alternativa por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

Como se recuerda, el 18 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación decidió cerrar la investigación, pero ésta recién fue informada oficialmente a la Procuraduría General del Estado, el pasado 19 de noviembre del 2021 y a pedido del mismo Soria.

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Los motivos

En el pedido de reapertura de investigación contra Vizcarra Cornejo, Soria Luján sostiene que se han encontrado nuevos elementos de convicción, como por ejemplo el pliego de preguntas y respuestas de la interpelación contra el ex ministro que se le halló al gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., José Carlos Balta del Río.

Para el procurador general esto sería un indicio del nivel de coordinación y relación entre el extitular de Transportes y Comunicaciones denunciado y el gerente general.

Asimismo, se encontró en poder de Balta del Río dos proyectos que el Estado mandó a hacer a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que servirían de apoyo para la firma del contrato. Lo irregular es que ambos proyectos estuvieron primero en manos del empresario, antes que en poder de los funcionarios del Estado.

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Además de estos nuevos elementos, el procurador Soria Luján cuestiona el informe del 18 de noviembre del 2020 señalando que “no fue producto de una investigación con las reglas de un debido proceso, con el conocimiento previo de las partes procesales, especialmente al procurador público”.

El documento del Procurador General resalta que en el informe del 18 de noviembre del 2020 “…no se determina que los hechos investigados no constituyen delito en base a la documentación elevada por la fiscal provincial, sino más bien, únicamente se limita a observar que tales documentos no fueron debidamente contextualizados a través de una imputación de parte de la fiscal provincial, quien, a juicio de la Fiscal de la Nación, no realizó ningún análisis de los documentos elevados, así como relacionarlos con imputaciones concretas al investigado”.

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Para Soria, la responsabilidad del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, recae en haber suscrito la Resolución Ministerial N° 041-2017-MTC/01 que aprobó la adenda N° 1 al contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, a sabiendas que dicha adenda era desfavorable para el Estado, según se lo hizo saber mediante correo electrónico, la entonces presidenta de Ositrán, Patricia Benavente.

Asimismo, se responsabiliza a Vizcarra Cornejo de sostener reuniones previas con personas del consorcio, en las que también participaron otros funcionarios del Estado peruano.

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