La medida fue adoptada por la jueza suprema Mariem De La Rosa Bedriñana contra la jueza supernumeraria Soledad Amparo Blácido Báez. (Foto: El Comercio)
La medida fue adoptada por la jueza suprema Mariem De La Rosa Bedriñana contra la jueza supernumeraria Soledad Amparo Blácido Báez. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

La (OCMA) abrió una investigación preliminar a la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, que ordenó suspender la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso de la República, prevista para este miércoles 7 y jueves 8 de julio.

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La medida fue adoptada por la jueza suprema Mariem De La Rosa Bedriñana, jefa de la OCMA, contra la titular del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, según informó en Twitter.

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La decisión se adoptó contra la jueza supernumeraria por haber dictado el auto admisorio de la demanda de acción de amparo y medida cautelar en contra de la presidenta del Congreso de la República y otros.

“Una vez recabada la información, los magistrados de control analizarán los insumos con la pertinencia del caso y dentro de sus prerrogativas constitucionales para los cuales están investidos; garantizando así el rol contralor en la administración de justicia”, acotó.

La jueza Soledad Amparo Blácido Báez admitió a trámite la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala contra la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; el presidente de la comisión especial para el proceso de evaluación de candidatos al TC, Rolando Ruiz; y el procurador público del Poder Legislativo.

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Esta demanda pide la nulidad de todos los actos realizados en el Parlamento y la comisión especial, así como la convocatoria de los plenos para los días miércoles 7 y jueves 8 de julio y cualquier otro acto parlamentario que tenga como finalidad “nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”.

La decisión del PJ se conoce un día antes de la sesión plenaria en la que el Congreso tiene en agenda elegir a seis nuevos magistrados del TC, cuyo mandato se encuentra vencido.

“Concédase el plazo de cinco días a la entidad demandada, para que cumpla con contestar la demanda. Vencido el plazo sin la contestación respectiva se expedirá sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional”, indica la resolución judicial.

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