El Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia, a cargo de la magistrada Jacqueline Tarrillo Meneses, suspendió las investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
De esta manera, dicha instancia del Poder Judicial concedió la medida cautelar a favor de la actual titular del Ministerio Público hasta establecer si sus miembros Inés Tello y Aldo Vásquez son separados del caso por falta de idoneidad.
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“Conceder la medida cautelar solicitada por Liz Patricia Benavides Vargas en contra de la Junta Nacional de Justicia”, dice el documento.
Sobre el tema, Aníbal Quiroga, abogado de la fiscal de la Nación, informó a RPP Noticias que la audiencia del caso se realizará en octubre próximo y luego de eso el Sexto Juzgado Constitucional tendrá 30 días para emitir una resolución final.
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“Mi temor más bien, como se había filtrado por los medios de comunicación, es que se dispusiera de manera arbitraria una suspensión o eventualmente un cese. La pregunta es: ¿cómo quedarían los procesos que ella ha acusado el año pasado mediante en virtud del cual mucha gente están siendo procesada legítimamente y algunos de ellos portan detención preliminar?”, indicó.
Declaraciones de Aníbal Quiroga, abogado de la fiscal de la Nación. (Video: RPP TV) Como se recuerda, en su recurso judicial, Benavides planteaba, en primer lugar, que se declare sin efecto la decisión de la JNJ de rechazar sus pedidos para que su integrante Inés Tello se abstenga de intervenir en sus investigaciones preliminares.
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Asimismo, solicitaba que se deben dejar sin efecto todas las actuaciones en las que intervinieron Inés Tello y Aldo Vásquez, ya sea como instructores o partes de las indagaciones en su contra.
Finalmente, Patricia Benavides pide que el Poder Judicial exhorte a ambos para que se abstengan de su proceso “por razones de imparcialidad y decoro”, y así no participen o conozcan cualquier denuncia disciplinaria, investigación preliminar o proceso administrativo disciplinario en su contra.
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Además, el pasado 20 de agosto la fiscal de la Nación presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se anulen dos investigaciones que se le siguen en la JNJ.
Al respecto, la Junta advirtió que la medida trae el riesgo de creación de un “espacio de impunidad” frente a su control disciplinario e indicó que no interfiere en los actos de gobierno de la fiscal de la Nación y no afecta ninguna de sus competencias de orden administrativo o de cualquier otro orden.
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“La pretensión contenida en la demanda traería consigo, al margen de las investigaciones que atañen a la fiscal de la Nación, el riesgo de creación de un espacio de impunidad frente al control disciplinario de la JNJ”, expresó en un comunicado.
“Muchos de los ilegales intercambios de favores de los que el país ha sido espectador a partir de la develación en 2018 de graves inconductas de algunos magistrados, no habrían sido investigados y sancionados por la JNJ, bajo una interpretación como la que se pretende en la demanda, al estar referidos, precisamente, a designaciones de magistrados provisionales y movimientos de personal, que afectaron gravemente el interés público y la dignidad de la magistratura”, agregó.
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En ese sentido, la JNJ remarcó que sí investiga presuntas infracciones disciplinarias de todos los jueces y fiscales del país, las mismas que pueden producirse en ámbitos diversos, como el propio de la gestión administrativa.
“Ello ocurre en aplicación estricta de las respectivas leyes de carrera judicial y fiscal, que tipifican el conjunto de infracciones en las que pueden incurrir los magistrados”, acotó.
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