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El expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, seguirá siendo investigado por los delitos de organización criminal y otros vinculados a presuntos casos de corrupción durante su gobierno, luego que el Poder Judicial rechazara en segunda instancia su pedido para anular todo lo avanzado en estos casos.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el juez César San Martín emitió su resolución en la cual declara como infundada la apelación que presentó Eduardo Pachas, abogado de Castillo.
En su apelación, la defensa legal buscaba anular la decisión en primera instancia que, el 7 de noviembre del 2022, rechazó su tutela de derechos en la cual señalaba que se debía anular la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó contra el entonces jefe de Estado.
La acusación ante el Congreso que fue aprobada semanas después indicaba que Pedro Castillo sea procesado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, algo que sus abogados consideraron que no podía proceder por atentar contra el artículo 117 de la Constitución.
La Corte Suprema volvió a validar la decisión tomada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, y señaló que no había motivos para considerar que la denuncia había atentado contra los derechos del expresidente o contra el artículo de la Constitución.
Con esto, el Poder Judicial informó que no se dejará sin efecto las diligencias realizadas por la Fiscalía de la Nación como parte de esta investigación contra Castillo Terrones.
