El presidente Pedro Castillo dejó el martes Palacio de Gobierno para dirigirse a pie hasta la Fiscalía de la Nación, en el Centro de Lima. Para ello fue necesario el despliegue de policías y agentes de seguridad que abrían paso al mandatario.
En la puerta de la sede del Ministerio Público lo esperaba un contingente policial para resguardar su ingreso.
Momentos antes, la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que transmitió que el jefe del Estado “en ningún momento” emitió una disposición para que no se permitiera el ingreso de los fiscales a “algunos ambientes de Palacio de Gobierno”.
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El lunes, día en que se intervino la Casa de Pizarro por el caso de presuntas irregularidades en Petro-Perú, El Comercio dio cuenta del acta fiscal en la que se indicaba que por orden expresa de Castillo los fiscales que buscaban indicios y realizaban una diligencia de exhibición de documentos en la sede del Ejecutivo no eran autorizados para ingresar a la oficina de la Secretaría del Despacho Presidencial.
El comunicado de Palacio destaca que se indicó que se ofrecieran facilidades a los representantes del Ministerio Público.
Contrariamente a lo que se afirmaba en el comunicado, Castillo Terrones envió un escrito a través de su abogado Eduardo Pachas a la fiscal provincial anticorrupción Norah Córdova, que investiga el caso de Petro-Perú. En el documento cuestiona la actuación del fiscal adjunto Luis Medina, encargado de la acción en Palacio.
En el escrito se calificó de abusiva la diligencia, pues se aseveró que el fiscal Medina “buscaba información para incriminar al suscrito [Castillo]”. Esto pese a que como presidente en ejercicio –indicaron– solo lo puede investigar la Fiscalía de la Nación.
Criticó además la filtración del acta fiscal y cuestionó la generalidad del documento que dispone la intervención la Casa de Pizarro, lo que llevó a que “el fiscal adjunto Luis Medina Rodrigo ha querido realizar diligencias en la secretaría del despacho presidencial”. Por ello,solicitó la exclusión de Medina.
Fuentes vinculadas al caso dijeron a El Comercio que los fiscales no acudieron en busca de Castillo, sino del “escenario del presunto delito”. Reiteraron que se les informó que por orden del mandatario no podían ingresar a la Secretaría de la Presidencia.
En otro escrito, Castillo pidió a la Fiscalía de la Nación que se le entregue el pliego de preguntas que se le harían en su declaración por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, reprogramada para el 28 de diciembre. Además, solicitó que se levanten sus secretos bancario, tributario y telefónico para este caso.
Todo esto fue antes de su llegada a la sede principal del Ministerio Público, donde se entrevistó con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a la que le reiteró su solicitud para reprogramar su manifestación.
En la reunión, que la fiscalía calificó de “improvisada”, el abogado Eduardo Pachas, defensor legal de Castillo y quien lo acompañó, reclamó a Ávalos por la diligencia del lunes 20 de este mes, cuando se pidió ingresar a las oficinas del despacho presidencial en Palacio de Gobierno.
Según un comunicado difundido por el Ministerio Público, Ávalos le recordó que los fiscales son autónomos.
“La fiscal de la Nación le recordó al presidente de la República que los fiscales son autónomos y que tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación”, se indicó.
Para el abogado penalista Carlos Caro, la fiscalía que investiga el caso de Petro-Perú sí tiene la potestad legal para pedir información pública, de acuerdo al artículo 224 del Código Procesal Penal. “El fiscal tiene la potestad de ir a las dependencias públicas y solicitar información. Puede ir al Poder Judicial, a la presidencia, a cualquier municipalidad”, dijo.
En principio, precisó Caro, si bien no existe una orden judicial y, por tanto, los funcionarios públicos no tienen la obligación de entregar información, sí “tienen el deber de hacerlo en la lógica de la colaboración con la justicia”.
Asimismo, indicó que en una diligencia de exhibición de documentos no es posible que la fiscalía precise los ambientes exactos a los que se debe ingresar, porque “no se sabe qué se va a encontrar”, por lo que se da al fiscal la autoridad para recabar toda la información que crea necesaria para la investigación.
“Lo que se busca es la prueba del delito. Y ello no solo se refiere al presidente de la República, que compete a la fiscal de la Nación, sino también a particulares. En la Secretaría de la Presidencia no solo hay información del presidente, también puede haber de otros imputados como Karelim López, o verificar si fue o no el gerente de Petro-Perú, el empresario que ganó [la licitación]”, comentó Caro.
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