Pedro Castillo: ¿Qué consecuencias legales puede traer la negativa de colaborar con la fiscalía?

“[El presidente Castillo] en ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen las diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno”, subrayó la Presidencia.

No obstante, Julio Ernesto Salas Becerra, asesor jurídico de la Presidencia, firmó el acta fiscal sin realizar observaciones.

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En este documento, se indica que Salas refirió que el secretario general de la Presidencia, Carlos Jaico, “le informa que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la oficina de la Secretaría del Despacho de Presidencia”.

El exprocurador anticorrupción Yván Montoya consideró que la negativa de Palacio de Gobierno de colaborar con el Ministerio Público, puede generar como consecuencia directa que la fiscal anticorrupción Norah Córdova –quien abrió investigación preliminar al gerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo y otros por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible– solicite al Poder Judicial allanar la Secretaría del Despacho de Presidencia.

“Dada la no colaboración, la fiscal puede pedir efectuar un allanamiento para auscultar todos los espacios, excepto los del presidente. Lo que corresponde son todas las oficinas administrativas de la secretaría. Registrar las computadoras y recabar archivo. Este es un primer paso que la fiscal puede considerar”, manifestó.

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En comunicación con El Comercio, Montoya refirió que el otro paso que puede adoptar el Ministerio Público, pero desde el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, es comenzar una investigación preliminar en contra del presidente Castillo por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento real.

Explicó que estas pesquisas deben apuntar a descubrir quién dio la orden que impidió a los fiscales ingresar a la Secretaría del Despacho de Presidencia.

“Las investigaciones desde el inicio pueden involucrar a varias personas, pero se debe determinar quién emitió la orden. Las personas que la cumplieron no serían responsables […] En la medida de que la investigación avance, y haya medidas más restrictivas, ahí las personas comienzan a hablar con mayor sinceridad”, remarcó.

Montoya también dijo que cuando Castillo Terrones deje la Presidencia, y enfrente una eventual investigación preparatoria por el Caso Petroperú, este incidente con la fiscalía será un antecedente negativo en contra. “Este será un elemento que quedará para que evalúen medidas cautelares en su contra”, subrayó.

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“Se debe determinar si tomaron su nombre”

El abogado penalista Carlos Caro afirmó que la disposición transmitida por Salas Becerra, en el sentido, de que el Ministerio Público no podía ingresar a la Secretaría General de la Presidencia, constituye “obstrucción a la justicia” y “abre la puerta” para que la fiscal Córdova solicite una orden de allanamiento del referido lugar.

“Desde el momento que no los dejaron ingresar, la fiscal tiene la potestad de pedir el allanamiento, hubo un acto de obstrucción. Y lo más probable es que el Poder Judicial les dé la orden”, expresó a este Diario.

Caro dijo que la fiscalía podría iniciar una investigación preliminar en contra de quienes resulten responsables por el presunto delito de obstrucción. Agregó que sería difícil que se prueba un encubrimiento real, porque eso implica “la desaparición de pruebas”.

“Ha habido un acto de obstrucción a la justicia que habilita una medida cautelar. ¿Quién es el responsable? Han señalado al presidente, pero es el dicho de un tercero [Salas Becerra], se tiene que determinar a través de una investigación si realmente fue Castillo el que dio la orden o si es que tomaron su nombre”, sostuvo.

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Añadió que, si la fiscal Córdova encuentra, en una eventual pesquisa sobre obstrucción, elementos que impliquen al mandatario, tendría que enviar esta información a la fiscal Ávalos.

Una posición diferente tuvo el abogado penalista Vladimir Padilla, quien señaló que el Ministerio Público debió desde el inicio solicitar una orden de allanamiento de Palacio de Gobierno.

“[Palacio de Gobierno] es una institución pública, pero tampoco está abierta, nosotros no podemos ir ahorita al Ministerio Público y entrar a un despacho fiscal, Esta era la segunda oportunidad [que la fiscalía] iba, por estrategia era mejor que hubiera ido con una orden judicial y no solo a Palacio, sino también a la casa de Breña, tienen varios indicios”, expresó a El Comercio.

Padilla señaló que la fiscalía no debía esperar que vayan a tocar la puerta de la Casa de Gobierno y los dejen entrar tranquilamente.

El abogado penalista dijo que él no ve una obstrucción a la justicia y refirió que el Ministerio Público tras el impasse del lunes ha perdido el “efecto sorpresa”.

“¿Ahora un allanamiento será eficaz? Esa es la pregunta que se deben hacer”, subrayó.

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No puede solicitar preguntas de interrogatorio

Montoya, de otro lado, dijo que, en términos normales, el presidente Castillo no debería tener acceso a las preguntas que la fiscal de la Nación le realizará cuando lo interrogue, en calidad de testigo, en el marco de la investigación al ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y al exministro de Defensa Walter Ayala por su presunta injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas.

El jefe de Estado, a través de su abogado, le solicitó a Ávalos que se le entregue de manera oportuna “el pliego de preguntas” de la diligencia, que se realizaría el 28 de diciembre.

“A lo único que se limita la notificación es a decir el tema, el hecho sobre el cual va a declarar, pero no las preguntas, esto es una competencia de la fiscal”, manifestó.

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El exprocurador anticorrupción, además, señaló que el pedido del presidente para que le levante su secreto bancario, tributario y de comunicaciones, es solo “un gesto”.

“No se puede concretar, no está siendo investigado y esto solo lo autoriza un juez en una etapa avanzada de una pesquisa, probablemente cuando esta se encuentre en fase preparatoria”, explicó.

Caro tuvo una opinión similar, en el sentido, de que esta solicitud de Castillo Terrones para que accedan a sus cuentas bancarias es solo un “saludo para la tribuna”.

“Para exista un acceso al secreto bancario y tributario tendría que enviarle una comunicación a la Superintendencia de Banca y Seguros o a los bancos donde tiene cuentas, donde las pida que envíen su información a la fiscalía, lo mismo con el tema tributario, tendría que pedirle a la Sunat que comparta la información. Esa estrategia de decir ‘pido que levanten mi secreto bancario’, ya lo han hecho otros políticos y no han funcionado”, cuestionó.

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El abogado penalista también indicó que la fiscalía no está en la obligación de darle las preguntas a Castillo con anticipación.

“El Ministerio Público nunca le da a un testigo las preguntas, ellos deben declarar de forma espontánea”, concluyó.

Por su lado, Padilla indicó que el pedido de levantamiento del secreto bancario, tributario y de comunicaciones hecho por Castillo es “solo para la foto”. “La fiscalía sí podría levantarle el secreto bancario a su entorno, que no son altos funcionarios”, complementó.

Más información

• El Ministerio Público informó el lunes, a través de su cuenta de Twitter, que la fiscal anticorrupción Norah Córdova Alcántara abrió una investigación preliminar en contra de Chávez Arévalos y los funcionarios de Petroperú Gunther Document Celis, Muslaim Abusada Sumar y Roger Liy por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible.
• En la pesquisa han sido incluidos, en calidad de cómplices Abudayeh, López y Gregorio Sáenz Moya, representante de la Junta Nacional de Palmicultores.
• En el marco de la investigación, la fiscalía intervino la sede de Petroperú. En este lugar, han ha solicitado la entrega del expediente administrativo original que autorizó la compra de biodiésel, la normativa específica aplicada al proceso de contratación, los registros de visitas a Petroperú de octubre y las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

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