Pedro Castillo: ¿Qué debe investigar la fiscalía por las reuniones en Breña? Esto opinan los penalistas

Los especialistas coincidieron en que esta investigación debe ser contra quienes resulten responsables por la presunta comisión de delitos como tráfico de influencias y que es clave determinar qué otras reuniones hubo en el lugar. Si en el desarrollo del caso se determina que hay responsabilidad del presidente o de algún ministro, indicaron, esto debería ser remitido a la Fiscal de la Nación.

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Sospecha suficiente

El abogado penalista Ricardo Elías comento a El Comercio que la doctrina del Poder Judicial establece que para iniciar una investigación preliminar se requiere una “sospecha simple”. “Ya en el transcurso de la investigación se dilucidará si la investigación se formaliza, si continúa o no. Pero con la información que ha sido difundida en medios de comunicación, existen elementos como para abrir una investigación inicial”, dijo.

En diálogo con El Comercio, el exprocurador Iván Meini también consideró que hay elementos para que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio. Esto iría en paralelo a las acciones que ya inició la Contraloría sobre la concesión del puente vehicular Tarata.

“El Ministerio Público debería investigar los hechos. Lo que se ha conocido sugiere que algo se pretende esconder por parte de las personas que han participado en estos hechos”, señaló Meini. Esto sobre todo a partir del hecho que no se cumplió con registrar públicamente estas reuniones, lo que implicaría a su vez infracciones administrativas.

Por su parte, el abogado penalista Carlos Caro coincidió en que existen elementos suficientes para iniciar la investigación a nivel preliminar. “Sospecha simple, como dice la jurisprudencia, sí hay, sobradamente”, dijo a El Comercio.

Para Elías, el hecho principal a investigar son las reuniones con empresarios. “De toda la información que ha salido en medios, la más relevante hasta el momento viene dada por las reuniones celebradas con particulares. Se entiende que las reuniones con ministros y políticos constituirían una falta administrativa si es que no han sido debidamente registradas, pero lo que penalmente es relevante son las reuniones con empresarios o con personas particulares”, opinó.

El abogado cita el ingreso de Karelim López como ejemplo de uno de los hechos que podrían esclarecerse. “Esto no significa que se le esté juzgando ni condenado, pero sí existen indicios para iniciar una investigación y conocer cuál es el motivo de esa reunión y los pormenores de la misma, no puede ser catalogada como una reunión personal o no oficial sin investigación previa”, expresó.

Los posibles delitos

Carlos Caro considera que la investigación debe partir por el delito de tráfico de influencias. “En principio sería eso, porque luego para hablar de patrocinio ilegal, negociación incompatible, tendríamos que estar hablando de un negocio muy identificado”, explicó.

“El hecho de que haya habido reuniones clandestinas, conectados con contratos del Estado, puede ser indicio de tráfico de influencias. Hay reuniones paralelas, secretas, que no están sometidas al escrutinio público, y eso como tal, en la medida que temas públicos se pueden estar viendo sin los registros correspondientes, podría ser indicio”, comentó Caro.

Iván Meini tiene una opinión similar. “Hay razones suficientes para investigar un eventual delito de tráfico de influencias o de patrocinio indebido (…) Lo que habría que decidir luego, por parte del Ministerio Público, es quienes serían las personas que están involucradas en estos actos, si es que a partir de las investigaciones se concluye que tienen relevancia penal”.

Ricardo Elías coincide y añade que también se podrían llegar a investigarse otros delitos. “Podemos tener tráfico de influencias; colusión, si es que ha habido un concierto entre particulares y funcionarios; podemos tener negociación incompatible, si es que los funcionarios no se coludieron con los particulares, pero sí tuvieron algún tipo de interés indebido para beneficiarlos en desmedro del Estado”, comentó.

Elías añade que esto sería solo en relación al inicio de la indagación preliminar, pero que en el desarrollo podrían investigarse otros hechos en relación a, por ejemplo, concesiones de obras. “El tráfico de influencias puede ser solo la puerta que abre una caja con más delitos. Pero eso se verá en la investigación, ahorita sería muy apresurado catalogar estas conductas como delictivas, pero sí, por lo menos, de sospechosas”, manifestó.

“Si esto logran relacionarlo con contratos con el Estado, el punto de llegada puede ser el tema de negociación incompatible o colusión desleal”, agregó Carlos Caro.

Según el Código Procesal Penal, el delito de tráfico de influencias se castiga con entre cuatro y ocho años de prisión cuando tiene al agravante de haber sido cometido por un funcionario o servidor público. La colusión contempla penas que llegan hasta los 15 años, la negociación incompatible puede castigarse hasta con 6 años y el patrocinio ilegal, hasta con dos años de pena.

“La punta de un posible iceberg”

El exprocurador advierte que un elemento importante a investigar es qué otras reuniones hubo en Breña sin registro oficial, ya considera inverosímil que solo hayan sido las registradas por “Cuarto poder”. “Tiene que haber habido más (…) Lo que habría que indagar un poco más es el contenido de esas reuniones, es a lo que debe apuntar la investigación: qué se dijo, qué se trató, cuántas reuniones más existieron, qué otro tipo de comunicaciones se dieron”.

Ricardo Elías tiene una apreciación similar. “La noticia y las imágenes difundidas son apenas la punta de un posible iceberg (…) Por eso es que el Ministerio Público, con estos datos reveladores, puede iniciar una investigación alrededor de todas las visitas no oficiales que se han celebrado en el inmueble de Breña. Eso significa que el fiscal debe trazar un plan de investigación para llegar a conocer cuántas reuniones [hubo] y quienes han participado en ellas”, declaró.

Meini también señala la importancia de que las indagaciones apunten a construir “un caso relevante”. “No sería deseable que se investigue por investigar, sino que, desde un punto de vista estratégico, la fiscalía construya un caso solido (…) Para eso sirve una investigación: para acopiar indicios, tomar declaraciones y a partir de ahí, tomar una decisión de si se está o no frente a un delito”, comentó.

“Eso es lo que se tiene que investigar, cuántas reuniones ha habido de verdad”, opinó Carlo Caro.

Contra quienes resulten responsables

¿La investigación debe apuntar directamente al presidente Pedro Castillo? Meini considera que lo más adecuado es que las indagaciones inicialmente sean abiertas o “contra quienes resulten responsables”. Además, señaló que “los ojos apuntan en primer lugar al presidente de la República, pero habría que recordar que tiene inmunidad”.

“La Fiscal de la Nación podría investigarlo, pero no podría acusarlo ni procesarlo, sí a las otras personas que aparecen vinculadas a este hecho”, explicó el exprocurador. Consultado sobre lo que se conoce hasta el momento es suficiente para que se abra una investigación al presidente, respondió que “todavía no hay indicios suficientes”

“Lo que se ha demostrado es que el presidente se ha reunido fuera de Palacio en una hora que, no parece ser una reunión de carácter personal, por las condiciones en que se dio y por las personas que participaron (…) Esto debería empezar con una investigación a cargo de un fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Si esos hechos sugieren que el presidente ha estado involucrado en algún ilícito penal, entonces quien debería investigarlo es la Fiscal de la Nación”, expresó Meini.

Por su parte, Elías indicó que iniciar la investigación directamente contra el jefe de Estado podría ser contraproducente para el desarrollo del caso. “Estratégicamente, es mejor iniciar una investigación contra quienes resulten responsables, porque desde el momento en que se inicia una investigación, empieza a correr un plazo”.

“Si es que se quisiera investigar de manera directa al presidente, algún funcionario o algún particular, esto entorpecería la investigación, porque al día de hoy tenemos información bastante rica en cuestión de hechos, pero todavía no se sabe qué ha ocurrido específicamente en ellos”, añadió Elías.

En tanto, Carlos Caro opinó que “una investigación tendría que abrirse contra quienes resulten responsables, porque todavía es una investigación incipiente”.

La Fiscalía, consideró Elías, puede ir reuniendo información o trazando un plan antes de abrir formalmente su investigación preliminar. Esta podría prolongarse por 8 meses al ser un caso complejo y luego se podría comprender a personas con nombre y apellido. Según dijo, el caso debería ser tomado por un fiscal especializado para que analice “lo que ha pasado alrededor de todas estas reuniones y de todos estos procesos con el Estado en que se habrían visto favorecidos”.

Finalmente, Meini consideró relevantes posibles actos como levantamiento del secreto de comunicaciones de los investigados, buscar testigos o colaboradores eficaces que den cuenta sobre más reuniones y verificar el registro de Seguridad del Estado. “[Los funcionarios] que participan en esas reuniones tienen y han tenido resguardo policial, tiene que haber también un registro de a dónde han llevado,0 cuantas veces han ido y en qué horarios”, consideró.

Para Carlos Caro, el Ministerio Público deberían tomar la declaración al dueño de la casa, debido a que “alguien tiene que tener el control de eso”. “Lo primero que hay que hacer es tomar nota de la información que existe en el lugar. Podría darse un allanamiento o podría hacerse, como se hizo en Palacio en el caso Pacheco, una diligencia de parte de la Fiscalía para recabar documentos”, manifestó.

Además, coincidió con Meini en que puede pedirse información a Seguridad del Estado. “Tienen un registro, por lo menos, de las personas, que se han reunido con el presidente. Eso es por lo menos parte de su procedimiento”, manifestó Caro.

Por su parte, Ricardo Elías consideró que es llamativo que un posible delito a investigarse a aquí (tráfico de influencias) sea el mismo por el que ya se investiga al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco, quien fue cercano a Pedro Castillo.

La posibilidad de que estos casos se relaciones o se acumulen, o de que se habla de un aparato organizado al interior del Estado, consideró, se verá con el desarrollo de la investigación, pero por ahora no hay suficientes elementos para hablar de ello. “Las hipótesis en investigación criminal no se descartan, es una hipótesis que la Fiscalía va a tener que indagar”, opinó.

“El presidente y el entorno presidencial no son conscientes de la situación que acá se está provocando y están poniendo en entredicho la propia institucionalidad de la presidencia”, comentó Carlos Caro sobre la reiteración de indicios de tráfico de influencias alrededor de Presidencia.

Diligencia

La fiscalía acudió el martes pasado a la sede de Provías Descentralizado en el Centro de Lima para solicitar información sobre la licitación pública que ganó en octubre pasado el consorcio Puente Tarata III, vinculado a Karelim López.

La diligencia estuvo a cargo del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dirigida por la fiscal Karla Zecenarro Monge, de acuerdo con fuentes de El Comercio.

Provías detalló que representantes de la fiscalía acudieron para consultar por el expediente de la licitación.

“Provías Descentralizado viene brindando todas las facilidades a la fiscalía para que realice las indagaciones”, añadió vía Twitter. El registro oficial de visitas a la sede de Provías da cuenta de la presencia del fiscal Tomassine Tomasto durante dos horas.

El Comercio buscó, mediante los encargados de prensa del Ministerio Público, más precisiones sobre la diligencia, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

En tanto, el Órgano de Control Institucional (OCI) del despacho presidencial emitió un informe en el que señala que durante una “orientación de oficio” a las actividades realizadas por Castillo en Breña “se ha identificado una situación adversa que podría afectar la transparencia del ejercicio de la función pública”

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