La Procuraduría General del Estado (PGE) justificó la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios, aprobada por su titular encargado, Javier Pacheco, por la supuesta “indebida contratación” de 18 personas.
En un comunicado, indicó que al asumir el encargo se ha evidenciado “indebida duplicidad” de funciones y actos irregulares en la gestión administrativa dentro de dicha instancia y la Unidad de Funcional de Articulación Territorial.
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“La primera de ellas (fue) creada en contravención al artículo 11 del reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, para justificar la indebida contratación de dieciocho profesionales”, subrayó.
Por ello, la PGE solicitó “de forma urgente” la intervención de la Contraloría General de la República, a fin de que disponga las acciones de control respectivas y determine las responsabilidades de ley.
“La Procuraduría General del Estado reitera su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción, para así fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y una vez concluidas las acciones solicitadas se pondrá en conocimiento al público el resultado de las mismas”, sentenció.
Como se recuerda, Javier Pacheco dispuso que se eliminaran dos unidades funcionales, entre ellas la encargada de asumir los casos contra altos funcionarios que fue creada durante la gestión del suspendido Daniel Soria.
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En un memorando enviado a la gerente general de la PGE, Aída la Rosa Sánchez, el procurador encargado solicita que se proceda con la desactivación de dos unidades: la de Defensa Jurídica del estado en casos seguidos contra altos funcionarios, y la Unidad Funcional de Articulación Territorial.
En la primera unidad se ven los casos de la presidenta Dina Boluarte, su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, así como del primer ministro, Alberto Otárola, las denuncias contra los congresistas ‘mochasueldos’ y los implicados en el caso ‘Los Niños’, etc.
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