Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
La empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros dos exfuncionarios investigados por la trama de corrupción en el Fondo MiVivienda fueron trasladados la mañana de este viernes a la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Ancón, y luego clasificados para definir en qué penales cumplirán los 30 meses de prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial.
Con ellos, también fueron trasladados el expresidente del Fondo MiVivienda, Pedro Arroyo; y el extitular de la SBN, Roger Gavidia. Los cuatro son investigados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos.
El INPE confirmó que tanto Mauricio Fernandini como pedro Arroyo y Roger Gavidia cumplirán su prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro, mientras que Sada Goray hará lo propio en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
El jueves, Goray y Fernandini pasaron la primera noche luego de que el Poder Judicial aprobara el pedido de prisión preventiva en su contra en la sede del Poder Judicial, en la avenida Abancay.
“En esta carceleta del INPE (en Ancón) es donde los profesionales los clasifican y disponen a qué penal van a ser conducidos luego. También determinan a qué régimen van a ir, si ordinario o régimen cerrado especial”, detalló el jefe del INPE, Javier Llaque, a TV Perú.
El funcionario estimó que la clasificación y traslado se llevarían a cabo este mismo viernes si es que la policía los traslada a la carceleta del INPE antes del mediodía.
La fiscalía solicitó contra ellos 36 meses de prisión preventiva por considerar que había peligro de fuga y de obstaculización a la justicia, y por advertir que tanto Sada Goray como Mauricio Fernandini no revelaron todos los hechos delictivos en los que habrían participado.
El juez Raúl Justiniano admitió en parte el pedido del Ministerio Público y ordenó este 3 de agosto 30 meses de prisión preventiva contra los cuatro investigados.
La decisión fue apelada, tanto por la fiscalía, como por los abogados de todos los procesados.
