Wilfredo Oscorima: Gobernador de Ayacucho suma nueva investigación por adjudicación de más de S/22 millones a su aliada política

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, el amiguísimo presidencial que ‘prestó’ hasta tres relojes Rolex y una joya a la presidenta de la República, Dina Boluarte, suma una nueva investigación fiscal en su haber.

Wilfredo Oscorima figura como investigado en la pesquisa iniciada por la fiscalía anticorrupción —sobre la cual ya había informado este Diario— a propósito de la millonaria adjudicación a un consorcio representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta y fundadora del movimiento regional Wari Llaqta, con el cual llegó al poder en Ayacucho, por tercera vez.

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El Comercio accedió a la Disposición 01-2024, emitida el último martes 9 de abril por la fiscal provincial Elsi Chaupín Bautista, a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho.

Esta carpeta fiscal surgió a raíz de ‘noticia criminal’, tras informarse sobre este hecho en los medios de comunicación, e incluye también como investigada la empresaria Rojas Gutiérrez “y los que resulten responsables”.

En la disposición, el caso fue declarado complejo por la fiscalía anticorrupción y las indagaciones se llevarán a cabo en esa región —inicialmente— por ocho meses, por el presunto delito de colusión.

Tras la apertura de la investigación, se han llevado a cabo diligencias en los últimos días, incluso en la sede de la misma entidad regional de Ayacucho, con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía (Dircocor PNP).

La fiscalía y los agentes policiales también se constituyeron a la Municipalidad Provincial de Huamanga para recabar documentación preliminar e, inclusive, se dispuso una diligencia en la propia Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en donde se llevarán a cabo las obras en cuestión y cuyo terreno ya fue entregado al consorcio vinculado a Rojas el pasado 19 de marzo.

Además, el Ministerio Público también ordenó la extracción de información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) respecto al proceso de adjudicación de la obra valorizada en más de S/22 millones, según el documento fiscal.

“Practíquese las demás diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, con conocimiento y participación del representante del Ministerio Público”, se remarca en el documento.

El 18 de marzo pasado, y en representación del Consorcio Bicentenario I, Rojas Gutiérrez suscribió un contrato con la Unidad de Administración del Proyecto Especial Legado, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la que llevó adelante el proceso de licitación.

Tras un proceso de selección —al amparo de un marco normativo especial dado vía decreto por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y en donde además cinco postores ofertaron el mismo monto y se produjo un quíntuple empate— finalmente resultó ganador el citado consorcio y se le adjudicó una obra por S/22′447,577.34.

El proyecto se trata de la construcción de un comedor al interior de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para los Juegos Bolivarianos 2024, que se llevarán a cabo en esa región en los próximos meses.

Tanto Legado, la entidad a cargo del proceso, así como el propio Gobierno Regional de Ayacucho, se han pronunciado tras revelarse el caso en el dominical ‘Punto Final’. Este último, descartó la haber participado en la licitación, “por lo que negamos categóricamente que se haya beneficiado, en modo alguno, al Consorcio Bicentenario y a su representante la señora Esperanza Nemicia Rojas Gutiérrez”.

El abogado penalista Andy Carrión explicó a este Diario que, al haberse llevado a cabo todo el proceso de licitación en Lima, una vez recabada toda la información relevante la fiscalía anticorrupción podría derivar el caso para que se continúen las pesquisas, sin afectar ni invalidar la investigación ya iniciada.

“En base a la notitia criminis es que se abre la investigación. Pero si en el transcurso, solicitando la documentación o constituyéndose en el mismo lugar de los hechos ven que todo el proceso de selección se ha llevado en Lima, entonces cabe la posibilidad de que se remita a Lima. (...) Pero eso no invalida ya los actos de investigación ni que se haya abierto investigación. Simplemente es una derivación por temas de competencia”, explicó el último jueves.

Sin embargo, esta nueva carpeta fiscal se suma a las diversas investigaciones que ya afronta Oscorima, por presuntos delitos como colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita en agravio del Estado, entre otros, tal como informó El Comercio.

Una de esas pesquisas fiscales tiene que ver con la investigación que se sigue en su contra por el Equipo Especial Lava Jato. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Oscorima habría concertado en 2014, en su segundo periodo del Gobierno Regional de Ayacucho, para favorecer a la empresa Obrainsa en el Proceso de Licitación Pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo: Condorcocha – Vilcashuamán”.

El monto requerido como presunta coima habría sido de S/856.568,30; es decir, el 3% de la obra.

Por este caso, el Poder Judicial lo sancionó el último jueves por incumplir las reglas de conducta que se le impusieron. El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determinó que Oscorima no obedeció la orden de pasar por el control biométrico y presentar informes sobre sus actividades mensualmente.

Por ello, lo sancionó con un apercibimiento, que funciona como un llamado de atención, tal como solicitó la fiscalía.

En audiencia, el juez precisó que Oscorima no pasó por el control biométrico en febrero, marzo, mayo, junio y julio del 2023, y enero del 2024. Tampoco presentó informes sobre sus actividades en febrero, marzo y junio del 2023.

Además, según la Procuraduría Anticorrupción, Wilfredo Oscorima también tiene otros casos judicializados por presunta malversación (Caso 53-2022), tiene dos procesos por presunta negociación incompatible (61-2021 y 95-2021), colusión desleal (Caso 1040-2017), entre otros.