Yehude Simon: las razones del fiscal José Domingo Pérez para pedir 36 meses de prisión preventiva

Este viernes será un día clave para el futuro legal de Yehude Simon, exgobernador regional de Lambayeque, en el marco de la investigación que se le sigue en el marco del Caso Odebrecht. El Poder Judicial evaluará el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se imponga al también ex primer ministro y excongresista 36 meses de prisión preventiva.

El requerimiento, al que pudo acceder El Comercio también incluye a Pablo Salazar Torres. Este fue gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones entre el 23 de junio del 2004 y el 30 de diciembre del 2010, así como un hombre de confianza de Simon.

La fiscalía señala que ambos son protagonistas de una trama delictiva para favorecer a Odebrecht con el proyecto Trasvase Olmos, adjudicado en el 2004 en la primera gestión de Simon en Lambayeque, a cambio de que la constructora aporte dinero para la campaña de reelección del 2006. Estos son los puntos clave del requerimiento fiscal.

La imputación por colusión

El primero es el de colusión. Para la fiscalía, en torno al proyecto Trasvase Olmos, se “habría pactado otorgar la buena pro a uno de los postores”, en este caso Odebrecht, estableciendo condiciones favorables que permitieran la viabilidad de la obra y obtención de la buena pro por parte de dicha compañía, lo que finalmente ocurrió el 22 de julio del 2004. Esto, “a cambio de que dicha empresa entregase beneficios económicos para los integrantes de la organización criminal”.

Entre las irregularidades se destaca que hubo un acuerdo, “de forma que la tarifa por el precio máximo de agua trasvasada (redireccionado) obtenga una mayor ganancia al no incluirse el descuento por dicho cofinanciamiento recibido a la obra concesionada. Como contrapartida de ello, el Estado peruano se obligaba a un mayor pago indebido por el servicio de trasvase de agua así pactado”.

Dicho pago indebido, según la fiscalía, es de US$50’237.991,69 “derivado de la sobreestimación de la tarifa de trasvase de agua”. Así, se considera que se defraudó al Estado, porque “se otorgó la buena pro a la empresa Odebrecht sin que se hubiese fijado de manera válida la tarifa máxima por el precio del agua”.

Simon también es responsabilizado no solo por la firma de contrato de concesión durante su primera gestión en el gobierno regional de Lambayeque, sino también “por suscribir segunda adenda al contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase Olmos y la presa Limón, y al momento que designó un representante del gobierno regional para fijar la tarifa máxima del precio de agua trasvasada”.

La imputación por lavado de activos

El fiscal José Domingo Pérez le atribuye a Simon, Salazar y Málaga haber cometido lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, tenencia y ocultamiento correspondiente a la suma de US$300.000, “procedentes de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas (departamento de sobornos) de la empresa Odebrecht, ocurrido el año 2006, habiéndose insertado estos activos ilícitos dentro de la economía de nuestro país, en el contexto de las elecciones para los gobiernos regionales en el departamento de Lambayeque”. La investigación en torno a dicho ilícito comprende el período entre el 2004 y 2011.

Entre los indicios de dicho ilícito, el Ministerio Público se refiere a la adquisición de un inmueble de parte de Yehude Simon en Surco en setiembre del 2009, por el monto de US$90.500. “Según los documentos insertos en la escritura pública, Yehude Simon Munaro pagó al contado la compraventa del precio” con un cheque de gerencia.

En esta parte del documento también se consigna una declaración de Luis Nava Guibert, exsecretario general de Palacio de Gobierno en el segundo gobierno del fallecido Alan García, quien manifestó que el exmandatario le contó sobre la entrega de dinero para Simon —cuando este era primer ministro (octubre del 2008 a julio del 2009)— a fin de que adquiriera una vivienda en Lima.

El exgobernador regional de Lambayeque sostuvo que no aceptó el dinero. Sin embargo, para la fiscalía, el monto de US$90.500 por la adquisición del citado inmueble “no es razonable al valor real del bien”.

La constitución de una organización criminal

De acuerdo al requerimiento fiscal, “se habría constituido una organización criminal en el interior del aparato estatal (gobierno regional) que tenía entre sus fines cometer actos de corrupción favoreciendo a empresas brasileñas para que se hicieran de las concesiones y obras públicas en la región Lambayeque, siendo una de estas el grupo empresarial brasileño Odebrecht, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal”.

“De este modo este grupo en el poder, entre los años 2002 al 2008, favoreció a la empresa brasileña Odebrecht para hacerse de la concesión de la obra del proyecto ‘Olmos’”.

La fiscalía incluye a 11 personas en la sindicada organización criminal, colocando a Simon como el “líder” y único integrante del primer nivel. En el segundo se consigna a presuntos receptores de activos ilícitos: Pablo Salazar Torres y Luis Málaga Cocchella (fallecido). En el tercero, a supuestos colaboradores en el pacto colusorio.

El factor Jorge Barata

El documento toma en cuenta la declaración que dio Pablo Salazar Torres el 26 de febrero pasado y señala que existió una relación de confianza entre Simon y el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

“…Se advierte que existió una relación de amicalidad entre Yehude Simon Munaro y Jorge Henrique Simoes Barata, representante de Odebrecht en el Perú, puesto que habría sido padrino de la promoción en el Colegio Algarrobos de Chiclayo, de uno de los hijos de Yehude Simon Munaro en el 2007”.

Asimismo, se consigna la declaración que dio el propio Barata el 31 de enero de este año. Parte de esta dice: “Los aportes dinerarios para la campaña de reelección fueron hechos por los señores Javier Málaga Cocchella y Pablo Enrique Salazar Torres, quienes a lo largo de 2006 e inicios de 2007 recibieron entregas en efectivo para tal fin, estos aportes sirvieron para temas propios de la campaña de elección, como inscripción de Partido Humanista Peruano y otros gastos de campaña electorales, siendo el señor Simons [sic] reelecto como presidente regional de Lambayeque en noviembre de 2006. De lo que pude recordar que el señor Yehude Simon el monto total acortado para aporte de campaña fue de trescientos mil dólares, este pago fueron hechos a través de la Caja 2…”

Según acotó Barata, dio cuenta de que los ‘codinomes’ ‘Gorno’ y ‘Terco’ se asocian a pagos efectuados por el trasvase Olmos y no son unipersonales; es decir, fueron utilizados “para todas las dificultades del proyecto”.

Odebrecht, además, ha entregado una planilla de 17 páginas con registros de ‘codinomes’ y de programaciones de pagos con recursos. La fiscalía señala que si bien Barata ha hablado de US$300.000, falta identificar el destino de US$471.689,93.

La campaña de reelección

La fiscalía relaciona las irregularidades en la concesión del proyecto Trasvase Olmos con la campaña del 2006, en la que Simon resultó reelecto como gobernador regional.

“Si bien el contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase del proyecto Olmos fue suscrito en julio de 2004. El colaborador eficaz ha referido que en este contexto de la concesión hubo solicitudes de dinero, que se realizaron en el contexto de la realización de las campañas electorales regionales”, señala el documento en base al testimonio de Barata.

El testimonio de Barata también es clave en torno a la campaña, pues declaró que “Odebrecht apoyó activamente para la campaña de reelección del doctor Yehude Simon como presidente regional de Lambayeque desde abril del 2006”.

Otra declaración clave fue la del propio Salazar Torres, hombre de confianza de Simon. Aunque en una anterior ocasión optó por guardar silencio, al ser interrogado el 26 de febrero del 2020 —ya con detención preliminar—, relató cómo fue el proceso para la recepción de aportes de Barata para la campaña de reelección de Simon, precisando que este estaba al tanto de todo. “La primera entrega fue aproximadamente el mes de julio del año 2006, eran entregas continuas, pero no mensuales, y cada entrega no era el mismo monto de dinero, no puedo precisar los montos…”, señaló el también imputado.

Pronóstico de pena

El equipo especial Lava Jato se refiere en primer término el delito de colusión agravada, “al advertirse que su conducta punible la ejecutó sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad y sobre bienes o recursos públicos, circunstancias de agravasión…”. Para este ilícito, la pena de cárcel es de 3 a 15 años, pero se considera que debería sancionarse, en este caso, con 15 años.

En cuanto a lavado de activos en modalidad agravada, la pena es de 10 a 20 años. Sin embargo, al advertir que “se advierte que no concurren circunstancias de atenuación ni agravación”, se plantean 13 años con 4 meses.

Y aplicando la regla del concurso real de delitos, que establece la sumatoria de penas, la fiscalía estima que Simon tendría que ser sentenciado a 28 años y 4 meses de prisión efectiva.

Peligro de fuga y obstaculización

En cuanto al peligro procesal, la fiscalía sostiene que Yehude Simon “puede contar con otros inmuebles que le permitan mantenerse oculto”, no tiene un arraigo familiar de calidad, no cuenta con un centro de trabajo que configure arraigo laboral y existe riesgo de que rehuya de la acción de la justicia usando dinero ilícito.

También se afirma que existiría peligro de obstaculización, debido a que Simon “estaría tratando de ocultar elementos de prueba, así como influenciar en sus coimputados”. Además, se le sindica el “concertar con su coimputado Pablo Salazar Torres para que se comporten de manera desleal o reticente en el presente proceso”.

En el pedido de prisión preventiva, el equipo especial consigna el testimonio de Salazar, quien señala que se comunicó con Yehude Simon, vía Whatsapp tras las declaraciones de Jorge Barata a los fiscales peruanos, donde revela la entrega de aportes para el expremier.

“(...) Me limité a pasar un whatsapp con las portadas de los medios de comunicación, al enviar este mensaje él me responde que la prensa había distorsionado sus expresiones y que los enemigos eran otros y de ahí yo supe que tenía que decir...”, dijo.

“Sí hubo varias comunicaciones, siendo que las últimas hablábamos sobre los hechos materia de investigación", agregó.

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