Caso Fuerza Popular: fiscal José Domingo Pérez allana inmueble en Surco

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, encabeza esta mañana el allanamiento, con fines de incautación de documentos, a un inmueble en Surco. Esto como parte de la investigación por los aportes al partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori. 

Según consta en el documento al cual tuvo acceso El Comercio, el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday autorizó el allanamiento a dos inmuebles ubicados en Surco y Miraflores.

Fuentes de este Diario indicaron que el inmueble de Miraflores no está habitado. La diligencia se desarrolla con apoyo de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

El fiscal Pérez solicitó este allanamiento con el objetivo de encontrar libros contables, registros originales y comprobantes de ingresos y gastos, así como equipos de cómputo que puedan tener información administrativa, todo relacionado a la campaña del 2011 de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular.

El allanamiento se podrá llevar a cabo por 48 horas y se podrá ampliar hasta por dos semanas, según la resolución judicial.

La medida fue autorizada por Víctor Zúñiga Urday, juez penal del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios. 

La autorización incluyó a un inmueble en la calle Berlín, en Miraflores. Este pertenecería, según la resolución, a Rocío del Carmen Pardo-Figueroa Álvarez, quien según información de LinkedIn actualmente se desempeña como "coordinadora del fondo público Directo en F.P.". Sin embargo, la vivienda no está habitada.

Asimismo, un inmueble en la avenida La Merced, en Surco, de Giannina Delgado Rospigliosi. En LinkedIn, se describe como "profesional con experiencia en administración, organización, ejecución, control, dirección y evaluación de eventos, proyectos sociales y empresas. Capacidad para la coordinación con todo tipo de empresas, ONG nacionales e internacionales, Gobiernos Regionales, Municipalidades, espacios de concertación y organizaciones sociales de base".

Keiko Fujimori cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva como parte de un proceso por lavado de activos, que incluye la sindicación de encabezar una presunta organización criminal dentro del partido Fuerza Popular. 

—Las razones de la medida—
En declaraciones a la prensa, el fiscal José Domingo Pérez explicó que el allamiento e incautación se relaciona a otra medida del mismo tipo realizada el 7 de diciembre del 2017 en dos locales de Fuerza Popular. En esa línea, aseveró que personas vinculadas a dicho partido político "retiraron o sustrajeron documentación del alcance de los fiscales".  

"Se ha solicitado esta medida al tomar conocimiento quiénes serían las dos personas que sustrajeron la documentación que era necesaria. Con lo cual, se evidencia que la investigación que se sigue contra Fuerza Popular desde el inicio se ha estado obstruyendo, obstaculizando con el objeto de que no se averigüe la verdad", apuntó el magistrado. 

Además, como se recuerda, aquel día acudieron al local de Fuerza Popular en el Cercado de Lima los congresistas Luz Salgado y Héctor Becerril. En el de Surco se hicieron presentes Rosa Bartra, extitular de la Comisión Lava Jato; Daniel Salaverry, quien por entonces aún permanecía en las filas fujimoristas y el exsecretario general de la agrupación, José Chlimper.  

Pérez Gómez indicó que ello fue un acto de obstrucción. 

Sobre las dos ciudadanas a las que pertenecerían los inmuebles, el fiscal añadió: "La información con la cual se cuenta es que esa documentación se encontraría a disposición de estas personas. Lamentablemente, el inmueble de Miraflores este fin de semana ha sido desalojado o deshabitado". 

Asimismo, en base a lo señalado sobre la presunta sustracción de dichos documentos, refirió: "Hay una línea de hipótesis de que la documentación que fue sustraída del allanamiento del 7 de diciembre del 2017 de los locales de Fuerza Popular fue sustraída del alcance de los fiscales y la policía. Una hipótesis es que esta habría sido quemada o incinerada. La otra hipótesis es que, en efecto, se encuentra en alguno de estos inmuebles para los cuales hemos obtenido la orden de allanamiento”.

Adelantó, finalmente, que pedirá autorización para el descerraje del inmueble ubicado en Miraflores. E insistió en que la sustracción de documentos a la que se refirió está debidamente acreditada.