Keiko Fujimori
Keiko Fujimori
Karem Barboza Quiroz

Minutos antes de las 9:30 de la noche, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori Higuchi, fue liberada luego de que el Poder Judicial anulara la orden de detención preliminar en su contra.

Fujimori estaba detenida desde el 10 de octubre, como parte de la investigación que le sigue la fiscalía por los presuntos aportes ilícitos de la empresa Odebrecht a su campaña electoral del 2011.

“Ha sido un calvario [...] esta fue una oportunidad de empezar un camino para lograr la unidad de mi familia, para reflexionar. Salgo agradecida” fueron sus primeras palabras tras abandonar la sede de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial.

La nulidad de la detención preliminar por diez días fue dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones que, tras analizar la resolución judicial emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, determinó que esta no estuvo sustentada ni motivada.

Ello fue el resultado de la diligencia de ayer en la que se vio la apelación que presentaron Fujimori y otras cinco personas en contra de su detención preliminar.

En su resolución, el tribunal cuestionó el fallo, indicando que el juez no analizó ni valoró el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez.

La nulidad de la detención y la libertad, por extensión, se aplicó a las 19 personas contra las que pesaba la detención preliminar. Entre ellas, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere.

El tribunal estuvo integrado por los jueces superiores Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe.

La sala no analizó las imputaciones de fondo contra los investigados. Es decir, no se pronunció sobre la presunción de los aportes ilícitos o la comisión del presunto delito de lavado de activos por el que se investiga a Fujimori y otros.

Por ello, el órgano judicial dispuso que el pedido de detención sea enviado a la mesa de partes de la Sala Penal Nacional, para que un nuevo juez de primera instancia analice este único incidente.

Esto no significa que Concepción Carhuancho haya sido apartado de la investigación. Únicamente, no podrá volver a pronunciarse sobre este pedido de detención.

Fujimori y las otras 19 personas son sindicadas por la fiscalía como parte de una presunta organización criminal que actuó en el interior del partido FP para cometer actos delictivos.

En la diligencia de apelación, Giulliana Loza –abogada de Fujimori– se centró en cuestionar la falta de motivación y elementos probatorios para decretar la detención preliminar hace nueve días.

Además, sostuvo que, durante la investigación, la fiscalía habría tergiversado las declaraciones de los testigos Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Fernando Migliaccio (ex directivo de Odebrecht) y Luiz Mameri.

Señaló que formularía una denuncia por prevaricato contra el representante de la fiscalía.

Similares intervenciones tuvieron los abogados de Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya Cámere y otras tres personas con orden de detención.

—Hay pruebas—
El fiscal superior Rafael Vela anunció que evaluarán presentar un recurso extraordinario en contra de la decisión de la sala.

Durante la diligencia de apelación, Vela remarcó que existen elementos suficientes que demostrarían la comisión de los delitos imputados a Fujimori y a los otros implicados. Afirmó que la lideresa de Fuerza Popular era la “señora K” mencionada en la investigación fiscal por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Refutó las afirmaciones de Loza y aseguró que los ex directivos de Odebrecht “han tenido una declaración coherente” con la tesis fiscal.

Finalmente, indicó que la posible denuncia en su contra por prevaricato anunciada por la defensa de Fujimori era una práctica antidemocrática.

“Acá estamos para responderles a esas prácticas antidemocráticas y sin dar un milímetro atrás a esos métodos vedados propios de los 90”, dijo.

Durante la audiencia, Keiko Fujimori hizo uso de la palabra y rechazó ser la “señora K”. Solicitó un debido proceso y negó que haya recibido dinero de Odebrecht.

“Yo jamás me voy a fugar del país, no me he ido del Perú en el año 2000, estoy aquí, como siempre, dando la cara, jamás he obstruido a la justicia”, dijo.

Tras la anulación de la detención preliminar, el fiscal José Domingo Pérez continuará con las investigaciones hasta el término del plazo propio de la investigación o hasta que el nuevo juez emita una decisión sobre el pedido de detención preliminar.

Cabe precisar que aún continúa vigente la orden de prisión preventiva contra los investigados Ana Vega, Pier Figari, Vicente Silva Checa y Carmela Paucará.

—Nuevo colaborador—
El fiscal Rafael Vela informó en la audiencia pública que el investigado Erick Giovanni Matto Monge –a través de su abogado– arribó a un acuerdo con el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, quien investiga los aportes a Fuerza Popular (antes Fuerza 2011).

“La información que tengo es parte también de lo que existía como un convenio entre la defensa y el Ministerio Público ayer [martes]. De tal manera que esa es una información que estamos en la obligación de dársela dado el contexto, pero es parte del manejo de confidencialidad también entre la defensa del señor y el fiscal”, indicó.

Matto Monge fue incluido en la investigación como una de las personas que prestaron su nombre para lavar parte del dinero a través de los aportes a Fuerza Popular.