Úrsula Letona: “No hay quien lidere en el tema Lava Jato y eso nos ha paralizado”

La congresista Úrsula Letona analiza varios temas de la coyuntura, como el del sector educación. También habla de la reforma laboral, aunque cree que no hay voluntad política para sacarla adelante.

— Se ha criticado que el presidente Kuczynski convocara a los dirigentes de los maestros a una reunión, incluyendo dirigencias eventualmente vinculadas con el Movadef. ¿Qué hacer con estas facciones de dirigentes filosenderistas? ¿Qué hacer con los maestros que no van a clases?
Acá ha habido nuevamente una actitud errática del Poder Ejecutivo, empezando por el presidente de la República. Hay dos problemas: primero, nadie sabe si estos señores que van al diálogo representan realmente al magisterio. Y, lo segundo, es trasladar esto a la figura presidencial. Entiendo la preocupación del presidente, pero el otro asunto fuerte es si tenemos maestros vinculados con temas de terrorismo en nuestras clases. Ese es un tema que al parecer el Ejecutivo no está mirando. Coincido con la ministra [de Educación] en que hay que aplicar las sanciones que establece la ley. La ley es clarísima: maestro que falta a clases, en primer término, los descuentos de ley y, en segundo lugar, las medidas disciplinarias, que van desde la suspensión hasta la expulsión de la carrera magisterial. Hay que recuperar el principio de autoridad y entablar un diálogo institucional con los docentes debidamente representados…

— El descuento de los sueldos debió aplicarse desde julio…
Sí, lamentablemente a eso me refería con la pérdida del principio de autoridad. Hay un grupo que está radicalizando la medida, respecto de los cuales no se está haciendo absolutamente nada.

— Esto nos lleva a la necesidad de reformar el proceso de descentralización. Porque si el Ejecutivo es impotente ante las regiones, se rompe el Estado unitario, es imposible aplicar políticas sectoriales, el país se feudaliza… Nadie ha planteado esa reforma…
Lo que se ha visto en la Comisión de Descentralización es que hay sectores, como el de educación o salud, que obedecen a políticas públicas trasversales y que deben tener una centralización justamente para evitar que se aplique la ley como antojadizamente se hace en los gobiernos subnacionales. Aquel gobernador que hoy no aplica la ley está cometiendo un delito y ahí es donde nuevamente el principio de autoridad está ausente.

— Mencionaste la necesidad de centralizar. ¿Centralizar qué?
La política pública trasversal. Por ejemplo, en salud, la OMS y los expertos han dicho que la atención primaria, la prevención en salud, es fundamental. ¿Cómo hacemos que la atención en la posta, en el distrito más pobre, funcione y ese resfrío no se convierta en una neumonía y pase al hospital? La atención primaria debe estar en el ministerio, no puede estar fragmentada en gobiernos locales y regionales. Si tú logras que el centro de atención primaria funcione, no vas a tener tanta gente en los hospitales.

— De acuerdo. ¿Y en el caso de educación?
Los temas vinculados a infraestructura y mantenimiento sí se pueden dejar a nivel de gobierno local y regional, incluso generar espacios de cooperación padres-colegio, pero en cuanto al contenido, al currículo, sí tiene que ser centralizado porque tenemos que dar a todos los niños una educación básica de calidad, pero con contenidos y modalidades diferenciadas.

— Entonces, ¿la gestión misma de la educación sí debería estar centralizada?
Sí, debería estar centralizada.

— El proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha sido criticado por ser potencialmente intervencionista al haber un representante del Ejecutivo y otro del Legislativo. La tesis conspirativa dice que habría un acuerdo implícito entre PPK, Keiko Fujimori y Alan García para controlar designaciones que permitan prevenir peligros en el Caso Lava Jato…
Desde la campaña y en el diálogo entre el presidente y Keiko Fujimori, las fuerzas políticas coincidimos en que debía hacerse una reforma institucional del CNM para tener mejores jueces y fiscales. Pero el proyecto que se ha presentado, y esta es una posición personal, creo que no es el adecuado. Hay que ver el tema de acreditación de participación, cuáles son los gremios que hoy tienen mayor representatividad, cómo ayudamos a los colegios profesionales a tener representatividad...

— Entonces, tú quieres mantener la composición actual del CNM pero mejorando la representatividad de los elegidos…
No, sé que hay que modificarla, pero evitando la politización. Lo que no puede ser es que sean factores políticos los que nos lleven a la elección de los representantes.

— ¿El que haya un representante del Ejecutivo y otro del Congreso en el CNM podría politizar ese organismo?
Podría significar una politización innecesaria en estos momentos del país.

— El plan de Peruanos por el Kambio toma la propuesta de Transparencia, que propone un CNM integrado por representantes del Tribunal Constitucional, la defensoría, la contraloría, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Y tres elegidos por concurso público.
Pero el proyecto del Ejecutivo es totalmente distinto.

— Claro, el Ejecutivo no recoge su propia propuesta…
La propuesta de Transparencia es más completa, rompe el esquema de representatividad, que es lo que hay que hacer. Hay que ver qué instituciones están más legitimadas...

— ¿El sistema judicial se puede reformar desde adentro?
Creo que se tiene que reformar desde fuera, y esa es la modificación de la carrera judicial, que nace desde que entras a practicar al Poder Judicial con determinados requisitos, y cómo te sirve ese puntaje para ir escalando en la carrera. El nombramiento en función a méritos.

— Y desde fuera, ¿quién debe hacerlo? ¿El CNM? ¿El Ministerio de Justicia?
Creo que tiene que ser el nuevo CNM. Es imposible que se haga desde adentro.

— En el Poder Judicial hay una corrupción administrativa muy grande y se resisten a pasar a la Ley del Servicio Civil. Lo mismo que los trabajadores del Congreso.
Este gobierno no ha avanzado nada en el régimen del servicio civil, lo ha abandonado, y por eso aparecen proyectos que buscan desafiliarse del régimen. El Estado necesita directores generales y directores bien pagados para competir con el sector regulado. Y con eso, que fue el núcleo de la reforma del servicio civil, tener a los mejores para hacer política pública, no se ha cumplido.

— Hay quienes dicen que es inconducente y redundante crear una procuraduría constitucionalmente autónoma porque ya tienes al Ministerio Público. Además, defienden los intereses del Estado, que son definidos por el presidente y los ministros…
El proyecto que presentó la congresista Vilcatoma se refiere justamente a dotar a la procuraduría de una autonomía constitucional, pero no hubo consenso. Pero mientras el procurador general de la República no sea elegido mediante un mecanismo que no sea a dedo, y que pueda realizar mínimamente procesos autónomos al interior de su entidad, casos como el de la renuncia de Julia Príncipe van seguir repitiéndose.

— Pero en un caso como el de Lava Jato, el Estado tiene que articular una estrategia única para cobrar la reparación civil sin paralizar la actividad. No lo ha podido hacer en parte por la supuesta autonomía de las procuradoras…
Creo que en el caso concreto de Julia Príncipe es uno de percepción personal. Lo que ella cree que es mejor para el Estado y lo que el Ejecutivo pensó que era mejor para el Estado. Lo que creo es que en Lava Jato ha faltado una estrategia integral.

— Pero en parte por culpa de las procuradoras…
Nuevamente, el Ejecutivo tampoco coordina con la fiscalía, no hay quién lidere en el tema Lava Jato en el Perú, y eso nos ha paralizado. En otros países, el Ministerio Público, el Ejecutivo, incluso el Legislativo, tuvieron una estrategia única que era, por ejemplo, lo que se usó en Brasil: priorizar la delación, la delación para recuperar dinero.

— Bueno, es lo que los fiscales han hecho acá. Llegaron a un acuerdo con Odebrecht para que delatara y han delatado una serie de casos.
Pero ha habido un enfrentamiento constante del Ministerio Público con el Ejecutivo, incluso con el poder…

— ¡No! Con las procuradoras, no con el Ejecutivo…
Lo que no ha habido es articulación, yo no he visto una articulación entre la fiscalía y los poderes.

— En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay una denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por haber cambiado el voto del magistrado Vergara Gotelli, que concedía un hábeas corpus a los marinos en el Caso El Frontón, un asunto sumamente grave. ¿Se va a aprobar esa denuncia constitucional?
La subcomisión está evaluando efectivamente el sentido del voto, si ha habido una infracción constitucional por parte de los miembros del tribunal. Es un tema que atenta no solamente contra la seguridad jurídica, sino que involucra a personas respecto a las cuales nosotros tenemos como peruanos una deuda, como Luis Giampietri, una persona que ha dado su vida por el país y que viene siendo sometido hace años a una investigación atroz.

— ¿Esos magistrados deberían ser acusados?
Personalmente, creo que han cometido un error jurídico y ellos deberían de buscar la forma de corregirlo. Y hay que ver si esto es un error o ha habido dolo en la intención.

— ¿Debería haber un nuevo diálogo entre el presidente y Keiko Fujimori?
Creo que el diálogo tiene que ser continuo, un diálogo institucional. Fernando Zavala se ha reunido con Lucho Galarreta, estamos trabajando una agenda legislativa y creo que esto se ha permitido a raíz de este encuentro entre el presidente de la República y nuestra lideresa, y nosotros tenemos toda la voluntad de que esto continúe, pensando siempre en lo que sea mejor para el país sin que signifique claudicar a nuestro rol de oposición y de fiscalización.

— ¿No debería verse en el diálogo la llamada reforma de la protección social –que incluye salud, pensiones–, la reforma laboral…?
Nosotros creemos que hay dos reformas estructurales importantísimas para el país, que podrían ser parte de este diálogo institucional. La primera es la reforma tributaria: tenemos regímenes fragmentados y eso imposibilita que la Sunat haga su trabajo bien. La segunda es la reforma laboral para reducir la informalidad, respetando los regímenes que han funcionado como los de exportaciones no tradicionales y el de agroexportación, aunque con ajustes. Pero creemos que estas reformas deben trabajarse en espacios como el Consejo Nacional de Trabajo.

— Pero ya sabemos cuáles son los problemas que imposibilitan todo consenso.
Tiene que haber una modificación del fallo del Tribunal Constitucional que consagra la estabilidad absoluta. Es imposible que generemos competitividad si en el país para el TC el despido está prohibido. En una economía abierta y de mercado, el despido es una variable que está en la relación laboral y que merece una contraprestación especial, pero que existe, y desconocerlo es antijurídico.

— La alternativa sería modificar el artículo 27 de la Constitución precisando que la indemnización es una protección adecuada al despido. ¿Eso se podría hacer?
Creo que es parte de este nuevo Congreso. Hay que analizarlo, no lo han presentado. Yo estuve en la Comisión de Trabajo todo este año y ha sido frustrante porque lo único que se ha hecho durante este año es petardear los regímenes laborales exitosos. Es una lucha falsa, porque lo que están generando es mayor informalidad, sin derechos.

— Si el Ejecutivo enviara un proyecto de ley para precisar ese artículo 27 de la Constitución, ¿podría ser aprobado?
Personalmente, creo que es un buen inicio para analizar el tema de la estabilidad absoluta, de que el despido en el Perú más o menos está prohibido. Desde el Ejecutivo no lo han planteado. Nuevamente, creo que no hay voluntad política de querer hacer una reforma laboral.

— ¿Y en Fuerza Popular sí habría voluntad política?
Personalmente, Úrsula Letona cree que la reforma laboral es un tema que no se puede postergar. Sin una reforma laboral, jamás vamos a luchar en contra de la informalidad y vamos a seguir siendo un país pobre, con un crecimiento económico mediocre.

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