‘Los Niños’ y el Congreso: una historia de blindaje y dilaciones

Según reveló El Comercio este jueves, en la lista de 18 congresistas no hay solo más miembros de Acción Popular, sino también parlamentarios de las bancadas Bloque Magisterial, Perú Libre, Perú Democrático y algunos no agrupados a quienes se les imputan presuntos delitos organización criminal y tráfico de influencias.

La investigación incluye también al expresidente Pedro Castillo y el caso se remonta a febrero del 2022 tras declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, quien refirió que el apodo ‘Los niños’ responde a que estos parlamentarios “obedecen todo” lo que decía el exmandatario.

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De acuerdo a declaraciones de colaboradores eficaces, entre ellos el de código CE-12-2022, Pedro Castillo logró “captar” a diversos congresistas “para que ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”. Esto a cambio de que esos legisladores tengan injerencia en ministerios y oficinas públicas descentralizadas, por ejemplo, con cargos públicos para allegados o direccionamiento de obras.

Informes en larga espera

El caso de ‘Los Niños’ tiene dos frentes en el Congreso. Por un lado, está la situación de Elvis Vergara y Jorge Flores, contra quienes la Comisión de Ética aprobó el 21 de octubre de 2021 —hace más de dos meses— sendos informes que recomiendan suspender a dichos parlamentarios acciopopulistas por 120 días, debido a que las imputaciones en su contra generaron un “descrédito de la imagen parlamentaria”. Desde esa fecha está pendiente que el pleno tome una decisión.

Otros cuatro legisladores de la lampa (Ilich López, Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo) fueron blindados por mayoría en el grupo, en julio pasado, cuando se rechazaron los informes de calificación que declaraban procedentes las denuncias en su contra.

Consultada por El Comercio sobre la dilación de los casos de Vergara y Flores, y su lento avance, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, ensayó una respuesta: “Quiero entender que, debido a la diversa coyuntura política y recargada agenda, no se ha priorizado agendar los informes pendientes de recomendación de sanción, espero que esto se haga prontamente”.

No obstante, el Congreso se encuentra actualmente en una legislatura ampliada con agenda fija —que culmina este 31 de enero— y para la ampliación de esta debe darse un acuerdo político en la Junta de Portavoces, lo que hasta el momento no se ha dado. De lo contrario, los informes se verían recién a partir de la siguiente legislatura que empieza en marzo.

“Nosotros, como Comisión de Ética, venimos insistiendo en que se agenden los informes que tienen recomendación de sanción. Incluso hemos, con fecha 3 de este mes (primer día hábil), remitido un oficio solicitando un pleno ético. Esperamos que sean agendados en esta legislatura, de no ser así tendrían que verse en la siguiente”, acotó Paredes.

En la historia de dilación, Vergara y Flores han tenido un rol protagónico. Fuentes de El Comercio indicaron que —incluso hasta hace unos días— ambos presentaron pedidos de nulidad de la sesión en la que se aprobaron los informes finales de sus casos aduciendo violación al debido proceso y otros cuestionamientos incluidos en otros recursos presentados: apelaciones.

El 26 de octubre pasado, Vergara y Flores presentaron ante la Oficialía Mayor del Congreso respectivas apelaciones a las recomendaciones de Ética. Arguyeron que no se debió de individualizar el proceso, sino que evaluar las imputaciones contra los iniciales seis presuntos ‘niños’ en un solo expediente, y cuestionaron que en pleno proceso se haya dado cambios en la conformación de la Comisión de Ética. También sostuvieron que se les atribuye hechos en base a declaraciones aún no corroboradas y aseguraron que se busca dañar su honra, no se ha comprobado inconducta ética y que se trata de una persecución política.

Según pudo conocer este Diario, en la Oficialía Mayor no se tramitarán dichas apelaciones porque no proceden. Ello debido a que aquellas se presentan solo ante una sanción, la que todavía no es impuesta por el pleno. Así, en dicha instancia legislativa también se está a la espera de que los informes se incluyan en la agenda, luego de lo cual los involucrados tendrán tres días hábiles para preparar su defensa.

Arturo Alegría (Fuerza Popular), quien votó a favor de la suspensión de Vergara y Flores en octubre del 2021, dijo no querer recurrir a “excusas”, pero consideró que hubo otros temas de “mayor prioridad” en el Parlamento, como el reciente golpe de Estado de Pedro Castillo o el debate del adelanto de elecciones. “No creo, desde nuestro lado, que exista una intención de blindar a quienes de algún modo han cometido alguna irregularidad. Se ve que el tiempo es amplio, pero si sacamos qué ha aspado en estos últimos meses en el Congreso, nos encontramos con que ha habido una serie de cosas que han impedido probablemente que podamos aprobar el tema. Sin embargo, es necesario hacerlo”, aseveró.

Los nuevos casos

Otro frente del Caso ‘Los Niños’ apareció a partir de la disposición fiscal que confirma a otros 18 investigados. Al respecto, tampoco hay mayor acción desde el Congreso al momento, pero sí miradas hacia el costado.

Consultado sobre el tema, Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que su grupo no es el llamado a tomar acciones. “De acuerdo al procedimiento parlamentario, frente a conductas inadecuadas de los congresistas, la comisión idónea es la Comisión de Ética, no la de Fiscalización. Una vez que emitan un informe final, esto pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, sostuvo.

Según pudo conocer El Comercio, en la Comisión de Ética se está en etapa de recopilación de información respecto de esos nuevos casos. Incluso, se alistaba un oficio para el Ministerio Público a fin de obtener mayores elementos y precisiones sobre la carpeta fiscal que involucra a los congresistas de cara a realizar eventuales denuncias de oficio.

Mientras tanto, entre los 18 legisladores ahora involucrados, hubo expresiones de rechazo a las imputaciones. Por ejemplo, José Arriola (Acción Popular), indicó que hasta este jueves aún no había sido notificado. “Me parece demasiado injusto que cualquier hijo de vecino te mencione por votaciones de año 2021 a favor de la gobernabilidad, algo que cambió radicalmente el año 2022 cuando se descubrieron todos los hechos de corrupción. En el tema de obras, no tengo nada que ver, jamás han ejecutado un metro cuadrado en mi zona de Ate. Una vez fui al MTC y al MVC nunca fui. Pero el daño ya está hecho”, expresó.

Edgar Tello (Bloque Magisterial) dijo que le sorprende la inclusión en la investigación, pero señaló que se pone a derecho. Carlos Zeballos (no agrupado) aseguró que se pone a disposición de la justicia y que no tiene nada que temer.

En opinión de Alejandro Soto (APP) y Gladys Echaíz (Renovación Popular), si alguno de los congresistas investigados preside una comisión, debería dar un paso al costado. Actualmente, Américo Gonza (Perú Libre), también investigado, encabeza el grupo de Justicia.