Los peligros de la nueva ley que permite al Congreso y organismos autónomos designar a su propio procurador

El gobierno promulgó el martes y publicó este miércoles la Ley Nº 31778, a través de la cual el Congreso, el Poder Judicial y organismos autónomos ( TC, Defensoría del Pueblo, JNJ, Contraloría, JNE, entre otros) pueden elegir a sus propios procuradores públicos. El dispositivo legal fue firmado por la presidenta Dina Boluarte y la ministra Nancy Tolentino, quien se encuentra a cargo del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Esta ley modifica los artículos 16, 24, 27, 31 y 32, así como disposiciones complementarias, del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado (PGE).

MIRA: Informe del Ministerio de Justicia advertía sobre riesgos de ley que faculta al Congreso a nombrar a su procurador

Respecto al artículo 16, se establece que el Consejo Directivo de estas instancias dejarán de dirigir los procesos de selección para la designación de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos. Estos funcionarios serán, a partir de ahora, elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años.

A través del artículo 24 las procuradurías públicas de estas entidades y poderes dejarán de estar vinculadas administrativa y funcionalmente a la PGE, las que dirigirán sus propios procesos de selección. Asimismo, de acuerdo con la modificación del artículo 27, estos funcionarios públicos dejarán de tener vinculación de dependencia funcional y administrativa con la PGE.

En cuanto a la evaluación (artículo 31) el Consejo Directivo dejará de tener competencia para convocar a los procesos de selección para procuradores públicos del Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos. Estos serán elegidos por los titulares de cada entidad a través de un concurso público por un plazo de cinco años.

De otro lado, para su designación (artículo 32) se ha establecido con esta modificación que previa comunicación del titular de la entidad, los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, son designados mediante resolución del procurador general del Estado.

La PGE había emitido, en reiteradas oportunidades, pronunciamientos en contra de que esta iniciativa avance en el Congreso y concluya con su aprobación debido a las implicancias que supone. En abril de este año, cuando la propuesta fue aprobada en primera votación por el pleno del Legislativo, un comunicado firmado por el procurador general del Estado, Daniel Soria, alertaba que el proyecto afectaba la autonomía del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y que se trataba de una intervención sin sustento. Además, que se estaría afectando el acceso a la función pública en igualdad de condiciones.

Esta posición fue reiterada por el procurador Soria en mayo, cuando el Congreso ratificó la propuesta en segunda votación.

Quienes también emitieron opiniones desfavorables sobre esta iniciativa legislativa -que reunía los proyectos de ley 3651 y 3270- fueron la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), además de la PGE. Sobre el primero de los proyectos esta última institución, el pasado 28 de diciembre de 2022, había adelantado que excluir a las procuradurías del Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos del proceso de selección afecta la consolidación de un Estado eficiente.

En esa misma fecha, Alicia Abanto Cabanillas, exprimera adjunta de la Defensoría, había expresado a la Comisión de Constitución que no era razonable que las mismas entidades tengan la competencia de proponer su propio procurador público, pues “se busca que la Procuraduría General sea un ente autónomo y pueda cumplir de mejor forma su misión de defensa de los intereses del Estado, estando ajena a injerencias internas o externas”.

En cuanto al proyecto 3270, Abanto había presentado el 4 de noviembre del 2022 a la Comisión de Constitución la opinión de la Defensoría, respecto a que la pretensión con esta iniciativa legislativa era “contraria al objetivo de contar con una PGE autónoma e independiente”.

El 27 de diciembre del 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había indicado a la comisión de trabajo que se trataba de una propuesta “jurídicamente no viable, toda vez que no resulta acorde con el artículo 47 de la Constitución, ni con la finalidad de la reestructuración del Sistema Jurídico del Estado, estipulado por el Decreto Legislativo 1326″.

Las modificaciones generarían una dependencia jerárquica y una disminución de la autonomía de los procuradores públicos, consideró Gilmar Andía, exviceministro de Justicia. Añadió que esta nueva ley significa un retroceso en la mejora del sistema de defensa jurídica del Estado.

“Con esto nuevamente se pasa a un punto donde el procurador termina siendo un trabajador más del titular de la entidad. Convirtiéndose en una situación en la que no hay decisiones autónomas, se atenta totalmente contra la autonomía de los procuradores y la defensa jurídica del Estado”, dijo Andía a El Comercio.

Esto puede llevar a que se enfrenten poderes del Estado, adelantó Andía como posible riesgo.

“[Podría] utilizar a su procurador para poder atacar decisiones del Estado. Y aquí viene el gran riesgo, donde los procuradores no van a obedecer a los verdaderos intereses del Estado, sino a los intereses del titular del pliego de ese momento. Los procuradores pueden presentar demandas en contra de alguna decisión del Poder Ejecutivo. No digo que aún cuando pertenecían a la PGE no pudieran hacerlo”, explicó Andía. Por tanto, que estas decisiones podrían terminar siendo politizadas.

“Manteniéndose [el procurador público] como un trabajador más, esto va a ser politizado. Van a depender del titular de la entidad, es una dependencia jerárquica. Entonces, ¿con qué garantía el procurador que ha sido nombrado por este este titular va denunciar actos de corrupción?”, incidió Andía.

En suma, no habrá garantía del funcionamiento de las entidades al no haber la independencia requerida. “Están creando una dicotomía, un sistema paralelo, [...] ya no pertenecen al sistema”, agregó respecto a las modificaciones hechas.

Andía explicó que el procurador público puede denunciar a cualquier persona de la entidad porque su función es defender los intereses del Estado. “El procurador inicia acciones no respecto de personas, sino de intereses. Es decir, si el procurador verifica que alguna acción ha generado algún tipo de daño o perjuicio a la entidad, él inicia las acciones para garantizar eso. Si tiene que denunciar al presidente, a los congresistas, a los miembros de una comisión, a los que sean”, dijo, o comunicar a otro procurador para que pueda intervenir.

Andía cuestionó también que el gobierno no haya observado esta iniciativa del Congreso. “Es muy lamentable. El Poder Ejecutivo no ha movido un solo dedo para evitar este cambio, esto viene intentando hacerse desde hace varios años. Se vino evitando desde el Poder Ejecutivo y Ministerio de Justicia para que saliera. Sin embargo, ahora ni siquiera han observado las norma. Eso es gravísimo”, consideró.

Finalmente, dijo que las acciones que podrían tomarse desde la PGE son acciones de inconstitucionalidad o competencial.

Por su parte, la politóloga María Paula Távara comentó que tanto Ejecutivo como Legislativo están enfocados en sobrevivir en un pacto de convivencia, que puede horadar la calidad democrática y la gestión pública. “Es una muestra nuevamente de que el gobierno y el Congreso están trabajando de forma cercana, para apoyarse en determinadas iniciativas. Es preocupante, en este caso, porque puede ser la posibilidad de un desbalance los órganos del control que debería haber y abre la puerta a situaciones en las cuales los intereses particulares terminan estando por encima de los intereses del Estado”, comentó Távara.

“Uno entiende que las relaciones Ejecutivo - Legislativo tienen sentido cuando estás pensando en políticas para el país, pero en este momento lo que vemos no son ningún tipo de medidas vinculadas a políticas públicas, sino intereses internos de ambas instituciones”, criticó Távara.

La politóloga adelantó también que estas decisiones no afectarán solo al gobierno o Congreso de hoy, pues “las normas tienen una lógica de permanencia y, por tanto, va dando la calidad de instituciones democráticas a largo plazo”.

Asimismo, dijo que “estamos frente a un pacto de sobrevivencia y de convivencia, en el cual el Ejecutivo no puede enfrentarse al Congreso. [...] además con un gobierno que también está enfocado en sobrevivir por encima de otras prioridades de gestión”.

“Este pacto tiene sentido mientras ellos quieran sobrevivir, por tanto puede ir funcionando hasta el 2026. Pero además horada, no solamente la calidad democrática, sino la calidad la gestión pública”, añadió.

Por su parte, el exprocurador José Ugaz opinó, a través de su cuenta de Twitter, que con esta promulgación la presidenta Boluarte confirma un “pacto nefasto de sobrevivencia” con el Congreso. Resaltó también que la ley quiebra el sistema de defensa del Estado y agrava impunidad, pues obedecerán instrucciones de potenciales investigados. Además, los procuradores públicos elegidos por sus propias entidades no podrán ser evaluados, capacitados ni disciplinados. “¿Este Congreso nombrará un procurador capaz y autónomo para que lo investigue y promueva denuncias en su contra defendiendo los intereses del Estado?”, cuestionó.

"Presidenta Boluarte confirma pacto nefasto de sobrevivencia con el Congreso y promulga ley que faculta a este, al PJ y organismos autónomos a nombrar su propio procurador. Rompe el sistema de defensa del Estado y agrava impunidad de la que gozan. Obedecerán instrucciones de los potenciales investigados, no serán evaluados, capacitados ni disciplinados a través de un proceso sancionatorio independiente. ¿Este Congreso nombrará un procurador capaz y autónomo para que lo investigue y promueva denuncias en su contra defendiendo los intereses del Estado?"

José Ugaz Ex procurador

El procurador general Daniel Soria dijo el último miércoles que esta ley promulgada ha sido una decisión antitécnica, pues los procuradores elegidos quedarán fuera de la competencia funcional del sistema. “La PGE frente a hechos que se susciten a partir de mañana no podrá someter disciplinariamente a ninguno de sus procuradores”, añadió Soria en conversación con RPP.

Estos procuradores públicos, además, no podrán ser evaluados ni capacitados. “Van a depender única y exclusivamente de su entidad. Los procuradores son los abogados del Estado. […] Estos abogados están adscritos a entidades públicas, pero tienen un régimen de autonomía porque defienden los intereses del Estado, no de la entidad ni de los titulares de la entidad”, recalcó Soria

A través de un comunicado, la PGE adelantó que iniciarán acciones legales en defensa del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, aunque no precisaron cuáles serían estas.

Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, declaró el miércoles que el gobierno solo observa una ley “siempre y cuando haya una vulneración constitucional. En este caso, lo que están reclamando los órganos que tienen autonomía constitucional es que se respete esa autonomía constitucional”.