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El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundada la tutela de derechos solicitada por la defensa del excongresista Marvin Palma en la investigación seguida en su contra como autor de la presunta comisión del delito contra la administración pública por el caso Los Temerarios del Crimen.
La resolución está firmada por el juez supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
El abogado de Marvin Palma solicitó este recurso argumentando que la Fiscalía de la Nación “habría vulnerado su derecho a ser informado de manera detallada y precisa sobre la imputación" en su contra.
Según el documento, el representante del Ministerio Público argumentó en audiencia que esta se realizaba “por confusión” ya que la Fiscalía de la Nación no ha formalizado ninguna denuncia constitucional, por lo que “no se puede solicitar que esta sea corregida o subsanada en uno u otro extremo ya que no existe”.
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En noviembre de 2019, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló denuncia constitucional contra los miembros del Congreso disuelto Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Marvin Palma (Cambio 21), así como contra el excontralor Edgar Alarcón por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen. Sin embargo esta no se formalizó debido a la disolución del Congreso de parte del presidente Martín Vizcarra el 30 de setiembre de ese año.
Ávalos les imputó a Velásquez y Palma la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, mientras que a Alarcón el presunto delito de cohecho pasivo propio.
La tesis fiscal señala que Velásquez y Palma habrían gestionado en el 2016 una reunión entre el entonces alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y el excontralor Edgar Alarcón, a cambio de beneficios económicos.
