Luis Nava, personaje clave para Alan García y su gobierno

El 13 de mayo del 2011, dos meses y medio antes de terminar su segundo gobierno, el entonces presidente Alan García nombró a sus últimos dos ministros, ambos muy cercanos al Partido Aprista en general y a él en particular. Uno de ellos fue Jorge Villasante, que dejó el Ministerio de la Producción (Produce) y asumió el de Agricultura (antes fue ministro de Trabajo). El otro fue Luis Nava Guibert, que tomó el lugar que dejó Villasante en Produce. Desde el 28 de julio del 2006 -cuando García asumió la presidencia- hasta aquel día, Nava había sido secretario general de Palacio de Gobierno, y por lo tanto uno de los más cercanos colaboradores del mandatario.

Durante ese período, según las investigaciones realizadas hasta el momento, Nava habría recibido transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones, según documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas, la división de sobornos de la empresa brasileña. El seudónimo que la compañía brasileña empleó para identificar a Nava era ‘Chalán’. De esta cantidad, US$1,3 millones fueron depositados a la offshore Ammarin Investment Inc., de Miguel Atala Herrera, otro personaje involucrado en la actual trama; Atala también había sido funcionario durante el segundo gobierno de García, y llegó a ser vicepresidente de Petro-Perú.

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-El rol de Nava-
Nacido el 19 de marzo de 1946 en Ascope (La Libertad), Luis Nava Guibert es abogado especializado en derecho laboral. Estudió en la Universidad Nacional Federico Villareal, donde obtuvo el bachillerato en 1972 y se tituló un año después. En 1976 comenzó a trabajar como docente en la Universidad San Martín de Porres, en materias relacionadas a su especialidad. En el currículum vitae de Nava publicado en la web de esta casa de estudios, se muestran todas las dependencias estatales en las que la trabajado desde la década de 1980.

Comenzó en el Ministerio de Trabajo como asesor legal, y entre 1985 y 1986, en el primer gobierno del fallecido García Pérez, ocupó cargos en la Empresa de Cine, Radio y Televisión Peruana, la Empresa Peruana de Servicios Editoriales, el Instituto Nacional de Comunicación, la Agencia de Noticias y Publicidad Andina, la Secretaría Nacional de Comunicación Social.

Por aquel tiempo, trabajó también como presidente del directorio de la Mutual Perú. Esta entidad terminó en la quiebra y Nava en la cárcel, tras ser sentenciado en 1993 por estafa, contra la fe pública y apropiación ilícita.

Estuvo preso alrededor de un año. Como ha recordado el periodista Mario Mejía, en una entrevista de marzo del 2011 Nava declaró que “me acusaron de estafa, contra la fe pública y apropiación ilícita, pero el Poder Judicial me absolvió en dos ocasiones”. Lo dijo en el contexto de un enfrentamiento verbal con el ex mandatario Alejandro Toledo, quien dijo que “Nava estuvo en la cárcel por ‘levantarse’ una mutual”.

El siguiente momento importante de su biografía, y a partir del cual se comienza a tejer una trama que lo tiene ahora bajo detención preliminar y envuelto en investigaciones fiscales, fue la fundación en 1995 de la empresa Transportes Don Reyna, orientada al servicio de carga pesada, y la cual presidió hasta el 25 de julio de 2006, casi en vísperas de la toma de mando de Alan García, quien al poco tiempo lo nombró secretario general de Palacio.

La empresa quedó bajo la presidencia de su hijo, José Antonio Nava Mendiola, quien después fue subcontratista de la empresa Odebrecht durante el segundo período de García en diferentes obras y proyectos que esa constructora brasileña realizó con el Estado.

En el 2013, la megacomisión del Congreso que investigó las presuntas irregularidades de la gestión de García, denunció un desbalance patrimonial en las cuentas de Nava Guibert. Sin embargo, el 2 de julio del 2018 la fiscalía de la Nación archivó la investigación, aludiendo que no había tal desbalance.

En cambio, según la tesis de la actual investigación fiscal, Nava y su hijo habrían recibido dinero de Odebrecht para beneficio de García por el proyecto Línea 1 del Metro de Lima durante el segundo gobierno del ahora fallecido líder aprista.

La entrega de dinero se habría realizado en la etapa previa a la realización del proyecto del tren eléctrico, que Odebrecht ejecutó a un costo de US$527 millones.

Además de ello, la fiscalía ha descubierto los vínculos comerciales entre Atala y la familia Nava. En marzo de este año, durante un allanamiento a la empresa Inmobiliaria Toscana –de propiedad de Atala– en El Agustino, se encontraron diferentes facturas de Industrial Safety, una empresa de propiedad del hijo del ex vicepresidente de Petro-Perú, Samir Atala Nemi, en las que se menciona compras de artículos a Transportes Don Reyna.

El Comercio accedió a uno de los recibos. En él, se precisa que Transportes Don Reyna vendió objetos de seguridad a Industrial Safety, como chalecos, lentes protectores, cascos tridentes, guantes, entre otros. La factura es por S/2.457 y tiene como fecha 26 de noviembre del 2015. 

-Lento desenlace-
Durante los últimos días, Nava y Atala, y los hijos de cada uno, vivieron días particularmente intensos. El 15 de abril, cuando se iba a evaluar el pedido de la fiscalía para ordenar impedimento de salida para Nava Guibert, y una posterior detención preliminar, este se internó en una clínica, alegando haber sufrido una descompensación. Su hijo, José Antonio, había salido del país días antes, acaso alertado sobre posibles medidas restrictivas en su contra.

Dos días después, el miércoles 17 de abril, Alan García se suicidó. Ese mismo miércoles se dictó orden de detención preliminar para otras ocho personas, entre las cuales estaban Luis Nava y su hijo José Antonio, y Miguel Atala y su hijo Samir.

El 21 de abril, la fiscalía informó que se había procedido a congelar cuentas de los Nava, porque la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que se había querido hacer transferencias en Estados Unidos, lo cual explica el oportuno viaje de José Antonio Nava.

Finalmente, el martes 23, la Primera Sala de Apelaciones ratificó la detención preliminar de Nava Guibert, así como de Miguel y Samir Atala, al declarar infundadas las impugnaciones presentadas por sus abogados.

Durante la audiencia, Nava dijo: "Teniendo domicilio procesal y real, es un poco difícil que yo me desarraigue de mi tierra. Tengo tres hijos maravillosos y siete nietos. Yo preferiría la muerte antes que la separación de ellos. El hecho de que el señor fiscal me haya acusado de peligro de fuga y de perturbación, es una exageración y si no fuese fiscal yo lo enjuiciaría por difamación”.

Algo muy similar sostuvo Atala a su turno: “Nunca he residido fuera de mi país, no tengo doble nacionalidad y además vivo en la misma casa hace 47 años. Estoy casado con la misma mujer hace 49 años y tengo mis hijos y mis nietos, por lo que yo no podría moverme sin poder vivir con mi familia, o sea que realmente lo último que yo haría sería salir del país”.