Mandato de seis magistrados del TC está por vencer y el Congreso no busca reemplazos

El próximo 3 de junio culmina el mandato de seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional. Hasta la fecha, el Congreso no ha avanzado en la búsqueda de reemplazos de candidatos y se encuentra entrampado en la conformación de la comisión especial que se encarga de la selección de los candidatos.

La comisión encargada de la selección está conformada por los portavoces de las bancadas. Sin embargo, en la Junta de Portavoces del pasado 29 de abril se polemizó sobre la inclusión de tres de las nuevas bancadas creadas en este año. El entrampamiento pasa porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el Congreso designe una comisión integrada por siete o nueve congresistas, y actualmente los voceros superan ese número gracias a que tenemos diez bancadas.

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Ante la diferencia, la Junta del 29 de abril planteó solucionar el tema con un proyecto de ley que modifique la Ley Orgánica del TC. La fórmula escogida plantea que en la conformación se aplique “los principios de proporcionalidad y pluralidad”. Con ello, Fuerza Popular aseguró tener más de un miembro -y más de un voto- en la comisión seleccionadora.

Los voceros de ocho bancadas -con excepción de APP y Apra- firmaron la iniciativa y acordaron exonerarla del trámite en la Comisión de Constitución. Con ello, el proyecto ingresó al debate en el pleno del 2 de mayo pasado. Pero no fue aprobado.

Marisa Glave (Nuevo Perú) presentó una cuestión previa para que la iniciativa regrese a Constitución, el grupo dirigido por Rosa Bartra (Fuerza Popular). El debate de la iniciativa no prosperó por las objeciones del legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, pese a que anunció que su bancada votaría a favor de la modificación.

“Quiero plantearle, presidente, a través de usted a la presidenta de la comisión, que establezcamos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que, vencido el plazo constitucional de los miembros, al día siguiente ellos tienen que irse, retirarse; porque, así como nos estamos imponiendo esta responsabilidad de todos participar, es responsabilidad de este Parlamento elegir en el plazo constitucional a los miembros del Tribunal que van a ser reemplazados”, dijo Velásquez Quesquén en el pleno.

El planteamiento del vocero aprista busca establecer un plazo perentorio, con lo que los seis actuales magistrados deberían dejar sus plazas el próximo 3 de junio, y no extender sus mandatos -como en anteriores casos- hasta que el Parlamento logre el consenso. Los únicos que se opusieron a que el proyecto regrese a Constitución fueron los miembros de Peruanos por el Kambio y la no agrupada Patricia Donayre.

-Peligrosa propuesta-
El ex presidente del TC, Óscar Urviola, señala que la propuesta de Velásquez Quesquén configura un riesgo para la máxima entidad de control constitucional del país.

“En el TC no hay accesitario ni suplente. La omisión de un reemplazante puede dejarnos sin control constitucional. La declaración de inconstitucionalidad exige el voto mínimo de cinco magistrados. En este caso se van seis y si el Congreso se demora pueden pasar tres meses o más en los que nos quedamos sin acción de control”, advierte Urviola.

Si bien el número de expedientes ingresados se ha reducido en los últimos años, la carga procesal aún supera los 7.000 casos. Dejar el TC con un solo magistrado podría elevar esa carga.

La Ley Orgánica del TC estipula que los magistrados continuarán en funciones hasta que tome posesión el reemplazo elegido por el Congreso. “Ese mecanismo no es para entornillar al magistrado, sino que representa un sistema de protección del control de constitucionalidad”, anota el ex magistrado.

Urviola también recuerda que la misma normativa fija que el Congreso debe iniciar el proceso de selección unos seis meses antes de cumplirse los mandatos de los mandatos en función. En noviembre del 2018, el actual titular del TC, Ernesto Blume, solicitó al Congreso a iniciar el proceso de selección. Desde entonces, en lo único que se pusieron de acuerdo en la comisión legislativa es que la elección sería por invitación directa, descartando así el concurso público.

Fue Urviola el último magistrado elegido por concurso público entre más de 100 candidatos, en el 2010. Las posteriores elecciones fueron por invitación y estuvieron envueltas en polémicas, siendo la mayor de estas la de la “repartija”.

-Cuoteo político-
El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) señala que el “cuoteo político” se diseñó cuando se tenía que elegir en bloque a los siete magistrados del TC, a los tres directores del Banco Central de Reserva (BCR) y al Defensor del Pueblo. Unas diez plazas para disponer. Sin embargo, esto se fue distorsionando porque la selección de magistrados del TC no se elige a la par de los otros puestos.

“Esto se hizo para cada uno meter su cuota, por eso se pensó en diez puestos. Hoy es muy complicado por que no hay mayorías. Mejor es elegir uno por uno”, dice el acciopopulista.

García Belaunde ya propuso dos nombres: Manuel Sánchez Palacios, un vocal jubilado que fue presidente de la Corte Suprema, y Gonzalo Ortiz de Zevallos, un abogado hijo del primer fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel.

Los voceros del resto de bancadas, consultados para esta nota, aseguraron aún no tener candidatos. Carlos Tubino, portavoz de Fuerza Popular, reconoció que su bancada aún no tiene una terna de candidatos y que lo evaluarán “paulatinamente”.

“El problema es que la comisión no se reúne, y esta comisión esta presidida por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Así que es su responsabilidad. Nuestra terna la manejaremos en reserva”, dijo Tubino.

-Problema político-
El Tribunal Constitucional fue fundado en 1996 -antes existió el Tribunal de Garantías Constitucionales- y desde entonces nunca el Congreso pudo designar a tiempo a los reemplazos de los magistrados.

El caso de Juan Vergara es el que más grafica la desidia del Congreso a la hora de designar a los magistrados del TC. Su mandato vencía en diciembre del 2009 y su reemplazo no fue elegido hasta junio del 2014. Fueron casi 5 años de mandato extemporáneo esperando que el Congreso logre consenso para designar a su sucesor.

Dos magistrados se cansaron de esperar la designación de sus reemplazos y renunciaron al cargo para forzar al Congreso a designar a sus sucesores: Delia Revoredo en el 2005 y Ricardo Beaumont en el 2013.

Solo en dos ocasiones el Congreso designó reemplazos a tiempo. Fue cuando los magistrados Manuel Aguirre y Guillermo Rey cesaron en sus cargos por fallecimiento en el 2004.