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Durante el período legislativo, que comenzó el 2016, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) ha sufrido varios golpes y visto cómo distintos integrantes fueron involucrados en escándalos que incluso cruzaron hacia la vía judicial. Mientras esos casos ocurrieron en la gestión del Congreso disuelto, en el nuevo Parlamento ya se ha registrado un primer hecho que generó una intervención policial, y que tiene como protagonista al legislador Marco Verde.
Actualmente, APP tiene 22 representantes y es la segunda fuerza partidaria en el Poder Legislativo. Conforma también el bloque de agrupaciones con participación en la Mesa Directiva.
Queda poco más de un año para que culmine este periodo, y hasta el momento estos son los casos más sonados en el partido que lidera César Acuña.
Marco Verde
Un video de OTV Oxapampa dio cuenta de cómo, el último sábado por la tarde, el congresista apepista Marco Verde fue captado en su domicilio de Chontabamba, en Oxapampa, Pasco, durante una reunión social bebiendo licor e incumpliendo el aislamiento social por la emergencia del coronavirus (COVID-19).
En el video se aprecia a Verde compartiendo cervezas con un grupo de personas y fumando cigarrillos. Avisados del hecho por vecinos, agentes policiales llegaron al lugar, pero no se concretó intervención alguna.
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A través de un comunicado, Verde reconoció que hubo una “reunión familiar por aproximadamente dos horas” en su vivienda, expresó sus disculpas y dijo someterse a las investigaciones convenientes.
Sin embargo, el parte policial, al que accedió El Comercio, señala que los policías verificaron los ambientes del inmueble y tomaron fotografías “sin encontrar ninguna evidencia de lo indagado”.
Fuentes de la bancada de APP indicaron a este Diario que esperan los descargos del legislador para determinar medidas a seguir. El grupo parlamentario tiene previsto realizar una reunión virtual para discutir el tema, aunque el espíritu en común, según se supo, es no oponerse a una eventual investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria, cuando sea instalada.
Al respecto, voceros de Somos Perú, Fuerza Popular y el Frente Amplio consideraron que el caso debería ser visto precisamente en la Comisión de Ética.
Richard Acuña
Un informe de “Panorama” reveló que el 15 de abril del 2019, el entonces congresista Richard Acuña se presentó ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que además es apoderado, miembro del directorio y accionista. La reunión de aquel entonces giró en torno a las gestiones que realizaba dicha institución educativa para obtener su linceciamiento.
“Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, dijo aquella vez el exvicepresidente del Legislativo. Aseguró también que, para acudir a la cita, pidió licencia sin goce de haber al Congreso. En tanto, la Sunedu sostuvo que se trató de una “reunión técnica”.
El artículo 20 del Reglamento del Congreso señala que durante el ejercicio del mandato, los parlamentarios están prohibidos de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso.
A consecuencia de dicha reunión, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra Richard Acuña por el presunto delito de patrocinio ilegal y otros que resulten de la pesquisa. En el Parlamento, la Comisión de Ética también dispuso un proceso contra el exlegislador, que quedó pendiente de conclusión y resolución a raíz de la disolución del Legislativo.
César Villanueva
Villanueva fue uno de los sorpresivos ‘jales’ de APP para la campaña presidencial del 2016, en la que resultó electo por San Martín. Venía de una experiencia previa de gobernador regional y ex primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala.
La debacle política de Villanueva empezó en agosto del 2019, a raíz de declaraciones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú que aseguró que la constructora brasileña hizo pagos al exgobernador regional por la adjudicación de la carretera San José de Sisa en el 2008.
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César Villanueva se encuentra ahora en prisión domiciliaria por decisión del Poder Judicial.
Actualmente, Villanueva cumple arresto domiciliario –primero se había ordenado contra él 18 meses de prisión preventiva– como parte del proceso por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir.
Barata ha señalado que Odebrecht hizo dos pagos ilícitos a César Villanueva por un total de US$60.000 a fin de que beneficie a la empresa con la citada carretera. En las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, figura un pago de US$320.000 en total para el exgobernador.
Edwin Donayre
De los sets televisivos para comentar los desfiles cívico-militares por Fiestas Patrias, el general del Ejército en retiro Edwin Donayre pasó a tener un escaño en el Congreso tras las elecciones del 2016, cuando postuló como invitado de APP. Hoy se encuentra encarcelado en el penal Miguel Castro Castro.
Ello porque en agosto del 2018 fue condenado en primera instancia a 5 años y 6 meses de prisión efectiva al ser hallado culpable del delito de peculado en agravio del Estado, específicamente de la Región Militar Sur, cometido a partir de la indebida apropiación y desvío de combustible cuando estuvo al frente de dicha institución como comandante general entre enero y agosto del 2006. El caso se conoce como ‘Gasolinazo’.
El Poder Judicial ratificó la pena de cárcel en abril del 2019, aunque la reformó imponiendo 5 años de prisión. En medio de las decisiones judiciales, en el disuelto Congreso se dio una historia de blindajes y dilaciones durante un año y medio para que, finalmente, el Legislativo accediera a que se ejecute la sentencia al levantarle la inmunidad al exparlamentario el 2 de mayo del 2019.
Horas después, el Poder Judicial ordenó la captura de Edwin Donayre, pero este permaneció prófugo casi siete meses ofreciéndose S/ 100.000 por información sobre su paradero. Su captura se produjo el 31 de octubre del año pasado en Puente Piedra. Los oficiales que lo intervinieron le encontraron una mochila que contenía una peluca.
César Acuña, líder de APP, marcó distancia tanto de Donayre, como de Villanueva, tras los escándalos en los que estos se vieron involucrados. “Primero que Edwin Donayre nunca fue militante de APP, fue invitado, y [César] Villanueva también, nunca fue militante de APP, fue invitado”, declaró a la prensa en diciembre pasado.
Benicio Ríos
El excongresista representante de Cusco fue el primero de los dos integrantes de la otrora bancada de APP en ser sentenciados a cárcel efectiva, lo que generó dudas respecto a los filtros del partido para elegir a sus candidatos.
El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cusco encontró a Ríos culpable del delito de colusión agravada y, en diciembre del 2017, lo condenó a siete años de cárcel. La medida fue ratificada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en mayo del año siguiente.
Ríos fue declarado culpable por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas de un terreno de relleno sanitario cuando fue alcalde de Urubamba entre el 2007 y el 2010. La sentencia de segunda instancia ocasionó que el Congreso aprobara el levantamiento de su inmunidad y vacancia, aunque esta medida se oficializó catorce días después de tomada la decisión en el pleno.
Tras permanecer prófugo, Benicio Ríos reapareció en los pasillos del Congreso en agosto del 2018 diciendo que se ponía a disposición del Legislativo. Pero luego, volvió a desaparecer del panorama hasta que la Policía Nacional lo detuvo el 14 de noviembre de aquel año. Actualmente permanece en el penal de Qenccoro, en Cusco.
MÁS INFORMACIÓN
En la actual bancada de APP hay otros congresistas con cuestionamientos, e incluso en la mira del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.
— Un informe de este Diario reveló en febrero que Luis Valdez, actual primer vicepresidente de la Mesa Directiva, tuvo unas 156 comunicaciones telefónicas con investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto: Orlando Velásquez, expresidente del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); el exmiembro de esta otrora entidad, Iván Noguera; y el exjuez César Hinostroza entre el 2017 y 2018.
Valdez ha señalado ser amigo de Velásquez, conocer a Noguera y haber visto solo en un evento protocolar e institucional a Hinostroza.
— Humberto Acuña, presidente de la Comisión de Presupuesto, enfrenta un pedido fiscal de impedimento de salida del país como parte de la investigación por presuntos pagos de Odebrecht en el Caso Olmos. El fiscal José Domingo Pérez confirmó su requerimiento a inicios de marzo. Aún está pendiente la realización de la audiencia.
En febrero, cuando se conoció que la fiscalía la investigaba de manera preliminar, Humberto Acuña señaló su disposición "siempre es para aclarar las cosas”.
“Lo único que tengo que decir es que la parte técnica no la veía yo, sino los técnicos. [...] No van a encontrar [...] ‘codinomes’ ni que me hayan sobornado. [...] Lo que nosotros hicimos [cuando era gobernador] fue defender el proyecto a través de un montón de comunicados. Nuestros actos han sido totalmente transparentes. [...] Al contrario, fuimos una de las primeras regiones que le ganó a Odebrecht [en procesos legales]”, exclamó.
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