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La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se pronunció este martes sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley que suspende el cobro de peajes por la emergencia del coronavirus (COVID-19), y consideró que se debe ser “responsables” en el manejo de los recursos públicos.
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Además, resaltó la importancia de no “distraernos” de los objetivos del gobierno, que están centrados en la lucha contra la pandemia, la protección de los más vulnerables y la reactivación de la economía en el país.
“En este contexto de emergencia nacional, tenemos que ser responsables con el manejo de los recursos públicos. No debemos distraernos de los objetivos esenciales: enfrentar la pandemia, proteger a los más vulnerables y recuperar la economía. Trabajando juntos saldremos adelante”, escribió en Twitter.
El Tribunal Constitucional declaró fundada este martes la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley que suspende el cobro de peajes por el COVID-19. La norma fue promulgada por insistencia el pasado 8 de mayo por el Congreso de la República.
El TC advirtió que la ley desconocía el contenido contractual pactado por el Estado y las concesionarias debido a la suspensión de los derechos y obligaciones de las empresas, como el mantenimiento de las vías.
Al respecto, la titular de Economía precisó que esta ley “vulnera contratos” y solo “beneficia a un grupo reducido” de personas.
“Hoy, por unanimidad, el TC declaró inconstitucional la Ley de Peajes porque vulnera contratos. Además, los costos de dicha norma, que beneficia a un grupo reducido, serán asumidos por todos los peruanos”, acotó Alva.
Cabe mencionar que estos mensajes de la ministra de Economía coinciden con que este martes, cerca a la 1 de la mañana, el pleno del Congreso aprobó por mayoría el texto sustitutorio que aprueba el retiro de fondos de la ONP hasta por S/4.300, pese a las observaciones del Poder Ejecutivo respecto a la inviabilidad de la norma. Fuentes del MEF han asegurado a este Diario que esta norma implicaría un costo de S/13.280 millones, sin contar con los intereses.
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